Ernesto Aroche | Axel Espinosa

@earoche | @axel_beto

En medio de la mayor crisis de salud que vive el país, el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa, decidió tomar el control de la seguridad pública en la capital del estado.

Y abrió un nuevo frente al confrontar a la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, al afirmar en el decreto mediante el cual oficializó su decisión que realizó un “análisis del entorno y los riesgos en materia de seguridad para el municipio de Puebla, lo que permite concluir que la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas en el Municipio, no se encuentran garantizados”.

Sin embargo el documento que revisa cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Inegi, y toma información de Sedena, Semar, Fiscalía General de la República y hasta la DEA tiene algunos errores, como el punto en el que señalan que: “el municipio de Puebla, es el que contabiliza más casos de feminicidio durante 2020, con 776 delitos cometidos por razones de género.”

De acuerdo con el SNSP en Puebla capital se registraron 3 feminicidios en enero y febrero de 2020, los únicos meses que ha reportado hasta el momento el organismo federal.

El documento también hace mención de un crecimiento del feminicidio del 200%, pero no aclara el periodo al que se refiere ese crecimiento, y las cifras no cuadran.

En 2018 –año en que tomó protesta la alcaldesa– el SNSP reportó 32 casos de feminicidio para la capital poblana, para 2019 la cifra creció a 58, esto significa un incremento del 81.2%.

Más datos erróneos

Los errores en los datos no terminan ahí, en otro apartado se afirma lo siguiente: “al realizar el análisis de incidencia delictiva en el Municipio de Puebla, puede observarse que en la entidad, durante enero – diciembre de 2019, se registraron 76 mil 557 delitos generales, que representa un incremento del 25%, comparado con el mismo periodo de 2018, cuando se contabilizaron 61 mil 172 casos”, y cita como fuente el SNSP.

Pero las cifras del organismo lo que señalan es que las 76 mil 557 carpetas de investigación iniciadas de 2019 y las 61 mil 172 del 2018 son datos a nivel estado.

A nivel municipio el SNSP contabilizó un total de 28 mil 774 carpetas de investigación (delitos denunciados) en 2019 y 25 mil 829 en 2018, lo que representa un incremento del 11.4% menor al que se reportó a nivel estado en el mismo periodo: 25%.

Y lo mismo sucede cuando se comparan los datos de los delitos de alto impacto en el municipio de Puebla. En el desglose el documento habla de mil 108 homicidios dolosos en 2019, pero los datos del SNSP (que también pueden ser consultados en la página de la Fiscalía General del Estado) solo registran 202 casos en el municipio.

Policías coludidos con el crimen organizado

En su confrontación con la alcaldesa de Puebla, el gobernador también aseguró que las fuerzas policiales en el municipio están coludidas con el crimen organizado, pero hasta la fecha no se tiene información de que haya tomado alguna acción legal, más allá de la mediática.

Sobre el tema, puntualiza Roberto Alonso, coordinador del Observatorio de Calidad Democrática de la Universidad Iberoamericana, las acusaciones del gobernador Barbosa “son controversiales, y más si no hay un seguimiento o carpetas de investigación concretas, pues pareciera que el control de la capital de alguna manera se quiere lograr a través de la estridencia en las declaraciones públicas”.

Lo que hay de fondo, dice el académico, es una lucha por el control político que toma como espacio de confrontación la seguridad pública, y “la defensa que ha emprendido la alcaldesa en materia de seguridad pública es el reflejo de la voluntad de resistir frente a ese posible control“.

Sobre la decisión de Barbosa de confrontarse en este momento, Roberto Alonso lo consideró como “una irresponsabilidad de un gobernante que en medio de una crisis sanitaria acentuara y enfatizara un problema de esta naturaleza”. 

Datos sesgados

Regresando al “Decreto del Ejecutivo del Estado por el que asume el mando de la Seguridad Pública Municipal en todo el territorio del municipio de Puebla”, además de los datos erróneos también hay cifras sesgadas. 

Un ejemplo de ello es el apartado “Incidencia delictiva 2020”. En ese punto el documento dice: “Puebla como entidad ocupó el noveno lugar nacional con más delitos, al reportar 10 mil 440 denuncias de enero a febrero de 2020; no obstante, se observa una disminución del 2.3% comparado con el mismo periodo de 2019 (10 mil 689)”.

Los datos que se ofrecen, tomados del SNSP, son correctos, lo que el documento no dice es que a nivel municipal la capital poblana reportó 2 mil 834 delitos denunciados en el primer bimestre de este año y 4 mil 391 en el mismo periodo de 2019, lo que significa una disminución del 35.5%.

En el mismo apartado se señala: “de acuerdo al histórico de delitos, (en el municipio de Puebla) se ha mantenido una tendencia a la alza desde 2016, siendo el año 2019, el de mayor incidencia delictiva con 28 mil 774”.

Lo que el documento no dice es que si bien durante el 2019 se tuvo un repunte importante en el número de delitos denunciados, con un histórico de 3 mil 323 carpetas de investigación iniciadas en julio de 2019 (el pico más alto desde que se tiene registro de esas cifras) desde entonces la gráfica comenzó a descender hasta llegar, en febrero de este año a mil 392 denuncias, prácticamente los niveles que se tenían en 2016.

Carpetas de investigación mensuales. Fuente: SNSP

Cronología de la confrontación

El conflicto inició el pasado 11 de marzo cuando el gobernador Miguel Barbosa informó que se designaría una nueva titular a la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el municipio de Puebla, esto luego de realizar una evaluación integral de seguridad donde se tomaron en cuenta los índices delictivos y la capacidad de los mandos policiacos entre otros temas.

Ese mismo día la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco negó que existiera algún pacto o acuerdo entre municipio y estado para la destitución de la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Lourdes Rosales. Y que si bien podrían darse reacomodos al interior de su gobierno ella estaba satisfecha con el trabajo en materia de seguridad.

El 12 de marzo el gobernador anunció el nombre de la funcionaria que buscaba imponer: “Yo ya emití el oficio dirigido a la alcaldesa donde, de acuerdo a mi atribución constitucional como gobernador, he designado como delegada (de seguridad pública municipal) a la licenciada Carla Morales”.

Ese mismo día la alcaldesa se ausentó de la sesión de Cabildo en donde se esperaba se abordaría el tema de modificaciones a la estructura general de la SSC, y se oficializaría la llegada de Carla Morales. 

Foto: Olga Valeria Hernández

El 18 de marzo el tema se reactivó cuando en sesión del Cabildo que se realizó a puerta cerrada, para evitar conglomeraciones pues ya habían empezado las medidas de prevención para evitar contagios por el coronavirus, la alcaldesa afirmó que sólo el Cabildo y el Ayuntamiento tiene la facultad para designar a la o el titular de la SCC, y desechando así el nombramiento del gobernador. 

La respuesta del gobernador llegó al día siguiente, cuando aseguró ante medios que tenía pruebas que ligan a los mandos policiales con el crimen organizado: “La policía municipal de Puebla está penetrada por la delincuencia, sus mandos tienen vinculación con la delincuencia. De ese tema he hablado con la presidenta municipal, hay muchas evidencias de ello, tenemos muchas carpetas de investigación sobre ello”. Y que promoverían denuncias penales.

Ese mismo día, 19 de marzo, la alcaldesa respondió con un video que subió a su cuenta de twitter y un comunicado en donde aseguró primero que “En repetidas ocasiones pregunté al Gobernador y al Fiscal estatal, si (…) Lourdes Rosales, tenía denuncia, noticia criminal o sospecha, en su contra; siempre, en todas, me contestaron que no”, y después afirmó que la gente que buscaba imponer Barbosa en lugar de Lourdes Rosales tenía un pasado morenovallista: “pasaron por Atenco, Chiapas, Migración y el morenovallismo; no pasarán por la 4T”. Sin decirlo con todas sus letras Rivera Vivanco se refirió a Ardelio Vargas Fosado.

El exgobernador Rafael Moreno Valle y su entonces secretario de Seguridad Pública, Ardelio Vargas Fosado. Foto: EstoEsFoto (EEF)

El viernes 20 de marzo el ayuntamiento de Puebla presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una demanda de controversia constitucional para que sea la SCJN quien defina si el gobernador del estado de Puebla tiene o no facultades para remover y nombrar a la titular de la Policía Municipal.

El lunes 23 de marzo, Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fue desalojado de las oficinas del C5 en Cuautlancingo, quienes por un documento emitido por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal fueron notificados que tendrían que abandonar las instalaciones donde permanecían, esto bajo el argumento de que los convenios de colaboración entre las autoridades de seguridad pública municipal y estatal estaban viciados además de que el complejo metropolitano de Seguridad está fuera de la jurisdicción del municipio de Puebla.

El día 24 de marzo se informó que la SCJN negó al ayuntamiento de Puebla la suspensión provisional para evitar que el gobernador designara a una nueva responsable de la seguridad municipal, pero pidió al mandatario justificara legalmente su decisión.

El 25 de marzo el gobierno del estado publicó el “Decreto del Ejecutivo del Estado, por el que asume el mando de la Seguridad Pública Municipal en todo el Territorio del Municipio de Puebla” argumentando que ocurren circunstancias de alteración grave del orden público, y dicha medida durará el tiempo que sea necesario hasta que se restablezca el orden y se pueda garantizar la seguridad de las personas.

Ante esto Rivera Vivanco informó que aceptaba sumarse al plan de trabajo que pondría en marcha el gobierno del estado, pero que mantendría a Lourdes Rosales en el cargo.

El jueves 26 de marzo Rivera Vivanco y funcionarios del ayuntamiento capitalino publicaron un video en donde expusieron que el gobernador Barbosa desde días pasado venía manejando una campaña de desprestigio en su contra y hacia su equipo de trabajo tachándolos de un mal manejo en materia de seguridad pública además de  acusarlos de que dentro de su administración, 84 policías municipales habían reprobaron el control de confianza. En el video la secretaria general del Ayuntamiento, Liza Acevez señaló: “En ninguno de los cinco resolutivos se dice que (el gobernador) tenga facultades para remover a la secretaria de Seguridad Ciudadana y mucho menos designar un nuevo perfil”, y respecto a la supuesta designación de Carla Morales como titular de la seguridad, Aceves López aseguró “es falso y repetimos, es inconstitucional”. 

*Con datos de Dafne García