Mely Arellano

@melyarel

El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta envió al Congreso de Puebla una iniciativa de reformas de ley contraria a los derechos humanos, pues pretende desconocer una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el matrimonio igualitario, y mantiene la criminalización del derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos.

La propuesta del Ejecutivo local incluso es contraria a la agenda legislativa que ha impulsado su partido, Morena, en los Poderes Legislativos de otras entidades y en el Congreso de la Unión sobre ambos temas.

Sobre el matrimonio igualitario

La reforma propuesta por Barbosa al Artículo 294 del Código Civil  elimina el reconocimiento del matrimonio civil como un contrato “para perpetuar la especie”, pero mantiene en su redacción que es un contrato “por el cual un sólo (sic) hombre y una sola mujer, se unen en sociedad para ayudarse en la lucha por la existencia”.

Lo anterior, además de oponerse a política de Morena, cuya Comisión Nacional de Honestidad y Justicia incluso inició un proceso contra seis diputados de Sinaloa que votaron contra el matrimonio igualitario en ese estado, contradice la resolución de acción de inconstitucionalidad 29/2016 de la SCJN, donde declara la invalidez de dicho Artículo, por excluir de la figura del matrimonio a las parejas del mismo sexo.

De acuerdo con la resolución citada, el artículo 294 “es violatorio de la dignidad humana, en su vertiente de libre desarrollo de la personalidad, de los principios de igualdad y no discriminación, así como de la organización y desarrollo de la familia, establecidos en los artículos 1º y 4º de la Constitución Federal”.

También puedes leer: Va CNDH contra Código Civil de Puebla; pide legalización de matrimonio igualitario 

Sobre el aborto

En su propuesta, Barbosa elimina las agravantes que actualmente mantiene el Código Penal del Estado como “mala fama”,  “que haya logrado ocultar su embarazo”, o que “sea fruto de matrimonio”, por las cuales la pena se elevaba hasta cinco años de prisión, pero mantiene la pena “de seis meses a un año de prisión a la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar” (Artículo 342).  

Para leer después: La despenalización del aborto no es suficiente, pero sí necesaria

Mientras tanto en la Cámara de Diputados, la diputada morenista Silvia Lorena Villavicencio Ayala ya presentó una iniciativa para despenalizar el aborto a nivel federal, y ha exhortado a homologar las legislaciones locales para permitir la interrupción legal del embarazo, una postura públicamente promovida también por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. 

El tema de la descriminalización del aborto está vigente en Puebla desde junio pasado, cuando la diputada priista Rocío García Olmedo puso a discusión dos iniciativas de reforma de ley (que están siendo revisadas en comisiones), para mejorar la salud reproductiva de las mujeres, incluido el acceso seguro a la interrupción legal del embarazo antes de las doce semanas de gestación. 

Te recomendamos leer: 10 cosas que debes saber sobre las iniciativas para descriminalizar el aborto en Puebla

Iniciativa contra la violencia de género

Las modificaciones propuestas en la iniciativa de Barbosa, con fecha del 25 de septiembre, incluyen diversos artículos de cinco leyes o códigos: Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley para Prevenir y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, el Código Civil y el Código Penal del estado.    

En el estado de Puebla está activa la Alerta de Género contra la Violencia hacia las Mujeres en 50 municipios, incluyendo la capital, desde abril pasado.

En los considerandos de la iniciativa se afirma que ésta responde al objetivo del gobierno de Puebla de “enfrentar y revertir la tendencia en materia de violencia contra las mujeres en la entidad, con una visión estructural y de mediano plazo en la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en todos sus tipos y modalidades”.

La iniciativa fue enviada únicamente a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, presidida por María del Carmen Cabrera Camacho (PT), y no a la de Igualdad de Género, que encabeza Rocío García Olmedo (PRI), y se pretende sea votada por el pleno en la sesión del este miércoles 2 de octubre.