La embarcación avanza con dirección a la ‘pequedraga’. Desde el fondo de la lancha, un hombre se acerca con su equipaje en la mano. Mientras se prepara para bajar, los tres ocupantes de la ‘pequedraga’ continúan con sus actividades sin perturbarse, uno de ellos manipula incluso una manguera naranja hundida en el río. Nos acercamos más, casi hasta chocar, y el pasajero salta y aterriza en la plataforma.

Mientras retomamos la ruta, nuestra acompañante nos cuenta que esas estructuras rústicas, que surcan el Napo desde hace algunos años, pueden movilizarse a lo largo del cauce para extraer oro ilegal. Las comunidades indígenas asentadas en las orillas del río, las más afectadas por la contaminación de su principal fuente de agua, han denunciado su presencia ante las autoridades, pero el problema persiste.

Mongabay Latam navegó un sector del Napo por tres días y visitó algunas de las comunidades acorraladas por la minería ilegal.

En busca del oro ilegal del Napo

El silencio se instala nuevamente en la lancha. Algunos pasajeros se acomodan para seguir durmiendo. La escena no llama su atención, están acostumbrados a esa dinámica. “Muchos de los que trabajan en minería ilegal se hospedan en Santa Clotilde”, comenta casi susurrando Betty Rubio, presidenta de la Federación de Comunidades Nativas del Medio Napo Curaray y Arabela (Feconamncua), quien está decidida a darle batalla a la minería ilegal.

“Hemos denunciado a los dragueros ante la Fiscalía. Nos preocupa porque cada vez aumentan más. Nosotros vivimos del río y del bosque, pero ahora, cuando salimos a pescar ya no encontramos nada, solo pescados flacos sin gusto y sin sabor”, reclama Betty.

Los ‘peque peque’, esas pequeñas canoas artesanales que navegan por las cuencas amazónicas, han sido adaptadas por los mineros ilegales para desarrollar una nueva y peligrosa modalidad que es capaz de cubrir espacios mucho más amplios y que les brinda mayor movilidad para escabullirse ante de la presencia de la policía o de la Capitanía de Puerto de Iquitos.

Sobre esos dos pequeños botes, que lucen algo endebles, se construyen e instalan las máquinas que utilizan los mineros para succionar los bancos de arena y sedimentos del fondo del río en busca del preciado metal. Hay lugar para una draga y en el reducido espacio que queda se las arreglan para vivir. La ropa tendida, alimentos y combustible quedan expuestos sobre la plataforma.

Si bien las primeras ‘pequedragas’ aparecieron hace más de cinco años, esta modalidad ha crecido hoy en el Napo y está expandiéndose en el río Curaray y en el Mazán.

“No hay autorización de extracción de oro aluvial ni en el Napo ni en ningún otro río porque está prohibido, es ilegal”, indica el director regional de Energía y Minas de Loreto, Ruller Cárdenas, en una entrevista con Mongabay Latam.

La prohibición está especificada en el Decreto Legislativo 1100, publicado en el año 2012, que regula la interdicción de la minería ilegal en el Perú. La norma indica que no está permitido el uso de dragas y otros artefactos similares en los cursos de agua, ríos, lagos, lagunas, cochas, espejos de agua, humedales y aguajales.

Pero en Loreto, este grupo de mineros ilegales se las ha ingeniado para burlar la ley, escapar con mayor facilidad y extraer oro a lo largo del lecho fluvial. ¿Quiénes son los más perjudicados?

Comunidades cercadas

En San Fernando, la comunidad se reúne para hablar sobre el problema de la extracción ilegal de oro en el río Napo. Mientras esto ocurre, a solo unos minutos una draga opera con total impunidad.

Martha Silva, Lizardo Ricopa y Joiner Culmayari intervienen para contar lo que sucede frente a su territorio. La primera señala que las tres dragas que navegaban por la zona hace un mes,  ahora se han ido río arriba, hacia el Curaray. Lizardo habla de la ausencia de peces en el río y de los niveles altos de mercurio que encontraron en su organismo, en el año 2011, cuando por encargo del Gobierno Regional de Loreto les hicieron exámenes a todos en la comunidad.

“Yo vengo luchando contra estos dragueros, pero a veces los comuneros trabajan con ellos”, comenta indignado. Joiner se suma y reclama que la comunidad de Sumac Allpa les haya dado permiso para operar en la zona. “No queremos que vengan porque ahora ya no hay peces en los ríos. Hay que hacer un solo puño para que no lleguen las dragas”.

Sumac Allpa esta situada del otro lado del río y, según los comuneros de San Fernando, permite que  los mineros ilegales extraigan el oro. Los comuneros de San Fernando, en cambio, aseguran que han desterrado a los ‘oreros’, como llaman a quienes llegan para trabajar en las barcas artesanales dedicadas a esta actividad ilícita.

En privado, Lizardo Ricopa confiesa que, alguna vez, San Fernando también recibió a los oreros. Recuerda que les ofrecieron 30 dólares diarios y pagar por los árboles talados para armar sus ‘pequedragas’. “Eran colombianos y brasileros. Hubo una reunión y la mayoría decidió que se queden. Pero ni un sol aportaron. Se burlaron de nosotros. Estuvieron tres días y luego se fueron”.

San Fernando es una de las 25 comunidades que forman parte de la Organización Kichwaruna Wankurina del Alto Napo (ORKIWAN) que ha decidido frenar la minería ilegal y la contaminación de su río a causa de esta actividad. Las 42 comunidades de Feconamncua, lideradas por Betty Rubio, también están en el mismo camino. Si bien quedan algunas comunidades que mantienen sus acuerdos con los oreros, la mayoría, sostienen los dirigentes, se ha unido para frenar la minería ilegal.

Prueba de ello es la denuncia que ambas organizaciones indígenas presentaron ante la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Loreto por el delito de contaminación de recursos hidrobiológicos y minería ilegal en zonas indígenas de la cuenca del Napo.

En la acusación, del 31 de enero de este año, reportan siete embarcaciones que operan cerca de algunas comunidades. La información está georreferenciada gracias al sistema de monitoreo que utilizan para vigilar sus bosques como parte de un proyecto con la organización Rainforest Foundation.

Pero el problema es que todo el esfuerzo de las comunidades por identificar los puntos donde operan los ilegales es muchas veces en vano.

Un enemigo que se mueve rápido

Cuando llegan las autoridades para destruir las ‘pequedragas’, siguiendo los puntos georeferenciados, no encuentran nada. Ese es el problema de esta modalidad. Las embarcaciones se pueden mover de un momento a otro, esconderse en los afluentes  o en las islas ubicadas a lo largo del Napo para eludir a las autoridades, como la Capitanía de Puerto de Iquitos y la Policía.

En su despacho de Iquitos, el fiscal de la FEMA de Loreto, Alberto Caraza, precisa que están trabajando en una estrategia para enfrentar el problema, más ahora que las federaciones indígenas han presentado la denuncia. El fiscal ambiental de Loreto reconoce lo complicado que es ubicar a las ‘pequedragas’ cuando se realiza un operativo, porque se desplazan fácilmente por el río y, posiblemente –dice– se comunican entre ellas para escapar de la justicia. En recientes operativos realizados en la zona de Huamán Urco, cerca de Mazán, a poco más de una hora de Iquitos, tuvieron suerte porque lograron ubicar y destruir varias ‘pequedragas’. Sin embargo, no se pudo capturar a ninguno de sus ocupantes.

Según un reporte de la Fiscalía, en las acciones desplegadas los días 18 y 19 de marzo de este año se volaron dos balsas y, en noviembre de 2018, un operativo destruyó cuatro dragas.

Huamán Urco es un sector del río Napo donde es común ver a los mineros ilegales, por lo menos eso dijeron algunos pasajeros durante el viaje de retorno a Iquitos. Y no se equivocaron, justo en ese punto aparecieron tres armatostes más con sus mangueras hundidas en el fondo del río. Estaba lloviendo pero ahí estaban, navegando el río Napo, a unos minutos de Mazán. En esta ruta, también pudimos observar ‘pequedragas’ frente a la comunidad de Morón Isla y mineros ilegales en la playa de la comunidad Nueva Libertad.

En un operativo de la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente de Loreto a fines de marzo se destruyeron dos pequedragas. Foto: FEMA Loreto.

“Lo que está pasando en el Napo es preocupante”, dice el Procurador Especializado en Materia Ambiental, Julio Guzmán. No es un tema reciente –dice– sino que ocurre desde hace varios años. “Tenemos que preocuparnos por controlar el problema. Es una cuestión de gestión, por eso vamos a solicitar que se efectúen interdicciones en la zona”, comenta luego de ver los videos grabados por Mongabay Latam durante el viaje.

Guzmán reconoce que la ilegalidad va mutando, desarrolla métodos y estructuras para burlar a la autoridad, como sucede con las ‘pequedragas’. Precisa que para quienes están involucrados en estas acciones corresponden denuncias por delitos de minería ilegal debido a la extracción de material aurífero del río y por contaminación. En el primer caso la pena máxima es de ocho años de prisión, mientras que el segundo se sanciona con hasta seis años de cárcel.

“Tienen que ser mafias”

En las comunidades hablan de por lo menos diez años desde que se instaló la minería ilegal en el río Napo. Otros van más atrás. En un estudio realizado por el Gobierno Regional de Loreto para determinar los niveles de metales pesados en esa zona, se menciona que desde el año 1999, la minería aluvial opera de manera ilegal e informal en los cauces de los ríos, playas o terrazas.

El sacerdote Javier Mamani, a cargo de la iglesia católica en el Centro Poblado de Santa Clotilde, recuerda que en el 2015 no se veían  las ‘pequedragas’ en el río Napo, pero que en el sector de Mazán si estaban desde mucho antes. El sacerdote apoya a las comunidades en su esfuerzo por erradicar este problema, por lo tanto, conoce la dinámica de esta actividad. Sabe que quienes participan en la minería ilegal, generalmente, son personas foráneas, aunque reconoce que algunas comunidades permiten la presencia de los ilegales, pero son una minoría, asegura.

Un ejemplo es Rango Isla. En esta comunidad nuestra parada es breve, solo para buscar a quien confirme lo que comentan en la comunidad vecina de San Jorge: que sí permiten que operen las ‘pequedragas’.

El centro poblado luce desierto, nadie sale a nuestro encuentro hasta que llegamos a una casa donde Ronald Panduro, comunero de Rango Isla, nos recibe. “Sí, en diciembre han estado aquí. Coordinaron con las autoridades, les dieron un dinerito para acabar con el asfaltado de veredas y los gastos de viaje para ver el tema de la titulación”, confirma Panduro.

Betty lamenta que en su federación aún existan comunidades que no acaten el acuerdo tomado en mayo del 2018 para no permitir que las ‘pequedragas’ se instalen frente a las comunidades. “No están cumpliendo. A veces no participan y no saben de los acuerdos. Tampoco que están involucrados en crimen organizado, no solo los dragueros sino las autoridades por consentir que se queden en su territorio”.

Para Cárdenas, director regional de Energía y Minas, son mafias las que operan en el Napo. “Donde hay oro, hay poder adquisitivo”, afirma y enumera los gastos que implica esta actividad, entre ellos el costo de las dragas y la manutención de cuatro a cinco personas, incluido un buzo que controla el trabajo de la manguera dentro del río. “Eso no lo hace cualquier ribereño, tienen que ser mafias o grupos económicos”, indica.

En Mazán hubo una reunión sobre minería y formalización a la que asistieron mineros ilegales –cuenta Cárdenas. “Les hemos dicho que hay una ley específica, que van a bombardear sus bienes y que está en peligro también su vida y su libertad”.

Las comunidades que están en contra de la minería ilegal siguen cada día el trayecto de las ‘pequedragas’.  En Copal Urco, nos alertan sobre una draga estacionada en Copal Yacu, la comunidad vecina.

Don Hernán nos traslada en una pequeña balsa desde el puerto de Copal Urco hasta la comunidad colindante. En el puerto de Copal Yacu aparece una ‘pequedraga’ estacionada mientras dos hombres llenan su motor de combustible.

“Donde estaba estacionada la draga está la casa del dueño”, cuenta días después Geiser Palla, monitor ambiental y uno de los gestores de la vigilancia de las dragas que han sido georreferenciadas para la denuncia ante la FEMA.

El mapa muestra los lugares donde Mongabay Latam observó pequedragas operando. Imagen: Rainforest Foundation.

En una conversación telefónica, Macanilla confirma que es dueño de la ‘pequedraga’, pero asegura que no la usa prácticamente desde que la compró porque a los pocos meses de adquirida, en el 2008, empezaron las interdicciones. “Vendí mi ganado para comprarla. Me costó 8000 soles (2425 dólares). Ahora quiero venderla”. Pregunto por qué la mantuvo tanto tiempo. “Le he dado otros usos”, asegura.

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