David Hidalgo, Fabiola Torres y Mayté Ciriaco | Ojo Público

Tan solo en el primer mes y medio del 2018 se supo que una niña de nueve años dio a luz tras ser violada por su padre en Puno, cerca de la frontera sur del Perú; que en Lima hay quince buscados bajo recompensa por este delito; y que tres hombres han sido condenados a cadena perpetua por violar a niñas de sus propias familias en Áncash, una región siete horas al norte de la capital. El clima ya estaba crispado cuando se descubrió la violación y asesinato de una niña de 11 años llamada Jimena. El caso tiene todos los agravantes posibles: ella acaba de salir de sus clases de verano en una estación de policía, fue interceptada por un sujeto que tenía varias denuncias de otras víctimas, y, en un exceso de crueldad, su cuerpo apareció en plena calle, a metros de la casa de su atacante. El crimen ha despertado reclamos de pena de muerte y la publicación de un registro de condenados. El problema es que, como se verá ahora, los presuntos violadores tienen otros mecanismos de impunidad.

El padrastro que escondía un rostro terrible

La mañana del lunes 20 de abril del 2015, cinco minutos antes de las 9, un grupo de personas adultas ocupó una sala del Instituto de Medicina Legal de Lima para escuchar el relato de una agonía infantil. La víctima era una niña de 14 años que decía haber sido abusada sexualmente durante la mitad de su vida. En el grupo de observadores había una fiscal penal, una fiscal de familia, una suboficial de la Policía, dos abogados y la madre de la niña. El escenario era la cámara Gesell, un espacio en que una psicóloga forense interroga a una víctima mientras en un ambiente contiguo otras personas autorizadas escuchan y observan a través de un espejo.

La psicóloga se sentó junto a la niña y empezó con preguntas generales sobre el hogar y la familia.

―¿Sabes por qué estás aquí?

―Por la violación.

―Cuéntame qué pasó.

―Empezó en el 2007. Estábamos jugando en el cuarto, con la expareja de mi mamá. Y empezamos el juego de memoria que me gusta bastante. Mi mamá tenía que trabajar con unos colegas que llegaron a las 6 de la tarde. Me quedé con Lucas en el cuarto. Me dijo que me iba a enseñar un juego y me bajó el pantalón.

CÁMARA GESELL. Antes de que se aplicara este recurso, las víctimas solían pasar por cuatro o cinco entrevistas, lo que representaba una nueva experiencia traumática para las denunciantes. / Andina.

Con los detalles de esa sesión se pudo reconstruir lo siguiente: el primer día del presunto abuso, el hombre que aparentaba cuidarla como una hija la sometió a tocamientos que ella no podía comprender. Lo que empezó entonces fue un periodo esquizoide en que el sujeto mostraba el rostro de un padrastro generoso ante los demás y, por el contrario, sacaba su lado perverso cuando la madre de la niña, una maestra de secundaria, se iba a trabajar. Según el relato de la víctima, el tormento duró casi dos años. “Me decía que no dijera nada y que era un juego normal”, contó con la insistencia de quien piensa que eso nunca le pasó a nadie más. La situación continuó hasta que un día del 2009 el sujeto completó la metamorfosis del depredador.

ACUSADO. César Augusto Gustavo Alva Mendoza, violador y asesino confeso de Jimena, una niña de 11 años. Tenía al menos dos denuncias previas. /Andina.

Fue una tarde de principios de mayo, pasadas las cuatro, luego de un almuerzo que compartieron los tres. De acuerdo a la acusación, el tipo se retiró antes de terminar con el pretexto de unos trámites. La madre debía dar una clase. La niña tenía que volver a cambiarse en casa para jugar la final de un campeonato escolar de básquet. Cuando la niña se estaba amarrando los cordones de las zapatillas, el sujeto ingresó de pronto a su habitación, puso música con volumen alto y la violó. Los detalles del testimonio son explícitos. El que importa ahora es que ella tenía ocho años. Minutos después, según recordaba, el tipo se fue sonriendo. Ella se cambió y, adolorida y desconcertada, fue a su partido de básquet

―El 2011 fue el año más feo para mí, porque habrá ocurrido unas ocho veces ―dijo la menor.

La idea es que una víctima solo deba pasar por esa conversación dolorosa una vez. La primera cámara de este tipo en el Perú fue inaugurada en el 2006. Diez años después, la fiscalía la usó para entrevistar a 233 víctimas tan solo en una de las cinco microrregiones de Lima. Eso equivale a más de cuatro veces por semana en un solo año.

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