Foto: Marlene Martínez

Aranzazú Ayala Martínez

@aranhera

Zacatepec es una comunidad atravesada por la carretera federal Puebla-México y al aeropuerto internacional de Huejotzingo. Por sus tierras también corre el trazo del Gasoducto Morelos, esa larga serpiente de metal que lleva en sus entrañas gas a través de una zona considerada de alto riesgo volcánico. Ahí también está instalada una radio comunitaria que lleva el nombre del lugar: Radio Zacatepec, y que es una de las más asediadas por el Estado, y su labor ha sido paralizada temporalmente por acoso de las autoridades que tratan de desacreditar a sus integrantes.

En 2014 se registró el primer ataque, cuando personal de Instituto Federal de Comunicaciones (Ifetel), acompañado por elementos de seguridad pública, se llevó el transmisor y demás equipo.

Los comunicadores se pasaron a otro inmueble y decidieron seguir transmitiendo por internet y mediante altavoces. La embestida del estado no tardó demasiado en llegar, el 30 de mayo de 2015, cerca de la una de la mañana, policía estatal, municipal y ministerial irrumpió en el nuevo domicilio portando armas largas, rompiendo vidrios y destruyendo el espacio de cinco metros cuadrados que le prestaban dentro de la casa a la Radio. Luego de ocho meses de ocupar ese espacio, el Estado otra vez silenció a la comunidad.

Miguel, uno de los encargados de la radio, cuenta que ese día, hace casi un año, la comunidad se juntó en la madrugada cuando llegó la policía. Ninguna autoridad les dijo nada, pero se rumoraba que había órdenes de aprehensión contra él y contra Alejandro, otro de los integrantes de la radio. Después supieron que había habido varias “denuncias anónimas” de que en esa casa supuestamente se vendía droga, acusando también a los comunicadores populares de narcomenudeo.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDH) buscó a personas de Radio Zacatepec para que se interpusiera la queja, que se hizo no con los representantes de la emisora sino con otras personas de la comunidad.

El inmueble todavía sigue en posesión de las autoridades y no ha sido devuelto a su dueña porque falta la resolución de un amparo, que tiene que ver con la libertad de expresión. Sin embargo, el asunto legal fue enviado a un juzgado a Acapulco, Guerrero, para ser resuelto.

El pasado jueves 21 de abril los integrantes de Radio Zacatepec fueron a la CDH para ampliar la queja y presionar para que se resuelva la situación. Miguel explica que desde que la policía llegó el 30 de mayo, la labor de la radio se detuvo.  La persecución y criminalización a las radios comunitarias dejó a Zacatepec –al menos temporalmente– sin una emisora propia.

Los integrantes de la radio comunitaria contaron que la Fiscalía General del Estado (FGE) los cuestionó sobre su participación en las transmisiones, dejando de lado el supuesto delito del narcomenudeo.

“Ahí vamos viendo que la Fiscalía está revolviendo las cosas. Nos acusaron de narcomenudeo y terminan haciéndonos un cuestionamiento de la libertad de expresión de que la radio, cómo se está transmitiendo, quienes laboran, de qué hora a qué hora, qué programas, quien lo dirige, cómo tuvieron la cuestión de la computadora, todo eso lo empiezan a manejar así, como si la comunicación fuera un delito. Ya no le pusieron importancia a la cuestión de la droga, pues los resultados arrojan que pues no encuentran nada de droga o algo que criminalice a la radio”, cuenta Miguel.

Tomada de periodicoenfoque.com.mx

La queja 3719/2015, interpuesta ante la CDH y dirigida a las autoridades del municipio de Juan C. Bonilla, al que pertenece Zacatepec, hace un recuento de lo ocurrido durante la madrugada del 30 de mayo en el inmueble ubicado en la Calle Zacatlán 160. El documento también denuncia que los cuestionamientos del Ministerio Público fueron “inapropiados y en un claro acto de hostigamiento e investigación arbitraria sobre quienes integran la radio comunitaria”.

Lo que se pidió específicamente mediante el documento de la CDH es dar medidas cautelares para garantizar la integridad de los integrantes de la radio, y que se emita una recomendación por las acciones de desacreditación contra los comunicadores populares y que se garantice el derecho a la libertad de expresión.