• La reforma no la impusieron los obispos, la impusieron los grandes empresarios: Elio Masferrer Kan

Foto: Wachangel.

Xavier Rosas

@wachangel

La reforma al Artículo 24 Constitucional obedece a un convenio entre los altos jerarcas de la iglesia católica, con ciertos sectores empresariales y políticos, así como a la falta de propuestas ideológicas que estos dos últimos grupos no han desarrollado en la sociedad mexicana, consideró el investigador social, Elio Masferrer Kan.

En la presentación se su libro “Estados Laico y Contrareforma al 24 Constitucional”, realizado en el Auditorio de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, el también antropólogo social señaló que la reforma a este artículo obedece a las intenciones por lograr que el Estado mexicano elimine poco a poco la palabra laico de su Constitución, y con ello se deban reformar subsecuentemente los Artículos 3º, 7º,  40º, 130º, entre otros.

“¿Por qué quieren cambiar el 24 Constitucional?, porque quieren poner educación religiosa en las escuelas públicas, y de ahí que nos obsequian en la reforma constitucional en lo público y en lo privado”, aseveró Elio Masferrer.

Para el investigador social las modificaciones a este artículo implican un retroceso histórico en el país, ya que contradicen la vocación laica del Estado mexicano y constituye un verdadero riesgo en lo concerniente a la libertad religiosa, ya que una de sus derivaciones – la libertad de conciencia – podría convertirse en un arma política que la jerarquía católica podría utilizar en su beneficio.

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Los ejemplos latentes de esta relación

Los casos de esta relación entre la religión católica y los gobiernos de los estados de México comienzan a sumarse día a día, sin embargo con la reforma al 24 también los demás grupos religiosos lograrían mostrar el músculo político con el que también cuentan en ciertos lugares del país.

Tal es el polémico caso que en el mes de junio realizó la presidenta municipal de Monterrey, Nuevo León, Margarita Arellanes Cervantes, al aseverar en un acto público que “fue en el nombre de Dios que nació nuestra ciudad, y en el nombre de Dios hemos de conservarla, defenderla y amarla para el bien, prosperidad y desarrollo de todas las familias regiomontanas (…) Y yo, Margarita Alicia Arellanes Cervantes, entrego la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a nuestro señor Jesucristo, para que su reino de paz y bendición sea establecido. Abro las puertas de este municipio a dios como la máxima autoridad”.

Arellanes Cervantes no fue la única representante popular que entregaría las llaves de la ciudad a Jesucristo, ya que en diciembre de 2012 César Garza, alcalde de Guadalupe, Nuevo León, hizo lo mismo, al igual que el presidente municipal de Juárez, Nuevo León, Rodolfo Ambriz Oviedo, seguiría los pasos del edil de Guadalupe.  Enrique Pelayo Torres, edil de Ensenada, Baja California, también entregaría las llaves de la ciudad a Jesucristo.

Sin embargo en el mes de abril el gobernador de Chihuahua, César Duarte, participó en un acto religioso efectuado en la universidad estatal, en el cual el mandatario priista consagró al estado al Sagrado Corazón de Jesús y al Corazón de María: “Le entrego a dios y a su divina voluntad todo lo que somos, todo lo que tenemos en el estado de Chihuahua (…) Yo Cesar Duarte declaro mi voluntad delante de Dios, delante de los señores obispos y de mi pueblo”.

Ante estos ejemplo, Masferrer Kan  consideró que “la reforma no la impusieron los obispos, la impusieron los grandes empresarios. Los grandes empresarios iban con los gobernadores y les decían muy amablemente –¿usted quiere que hagamos las inversiones, que pongamos una fábrica, etc, ?, o la bancada de su estado vota por el cambio Constitucional o no hay nada-. Entonces muchos entraron en el asunto y los pactos entre las bancadas de los partidos políticos, están muy claras como se ponen de acuerdo y la sacan”.

Y agrega: “creo que en estos días todo mundo anda muy preocupado, y me parece lógico,  por la reforma energética, por la política, por la del IFAI, pero está también la reforma religiosa porque evidentemente en la reforma religiosa está el cambiar el carácter del Estado mexicano que fue definido por procesos políticos muy complejos en la historia de este país y que se trata de echar por la borda todo (…) el fenómeno que hay es de una jerarquía católica muy aislada de sus bases sociales,  y esa jerarquía al estar aislada de sus bases sociales, de millones de católicos, prefieren tener un diálogo con las élites económicas y con las políticas, y ahí es donde se van llevando y haciendo sus alianzas, pero no se puede decir que es toda la iglesia”.

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Religión a las escuelas públicas

Para el abogado constitucionalista, Jesús López Lobato, resulta de cuidado la reforma al Artículo 24, ya que este cambio conlleva que en los artículos donde se habla de Estado laico, también deban reformarse.

“Para el artículo 3º Constitucional se registran al menos cuatro reformas esperando ser discutidas. Dos en la cámara de diputados federal y dos en el senado, y de esas cuatro, tres lo que piden es que se cambie el término de educación laica y que quede únicamente como educación aconfesional., lo que implicaría estar trayendo a nuestro sistema jurídico mexicano el sistema jurídico español”.

Y agrega: “hace unos meses la ultraderecha española acaba de ganarle una batalla a los de izquierda, al tiempo de volver nuevamente a impartir educación religiosa en las escuelas públicas.  Sí existe una latente intensión de los operadores eclesiales por reformar el artículo tercero, y esto lo llevaría precisamente a incorporar algunos tratados internacionales que, en una interpretación muy particular de ellos, creen encontrar la facultad de los padres para poder buscar la escuela en la que se les imparta la educación religiosa.

En el caso de España las sociedades de padres de familia iniciaron un movimiento al interior de algunas escuelas públicas para que sus hijos recibieran religión católica y, mediante un proceso democrático (en el que la mayoría de los participantes profesar dicha religión) se decidió incorporar la impartición de esta creencia en las aulas.

A pesar que los tratados internacionales no obligan a los estados a impartir educación religiosa, en el caso mexicano el peligro “es que los funcionarios públicos, dejándose llevar por los operadores clericales, sus asesores, sus especialistas en términos constitucionales, crean que esto es así y que empiecen a impulsar este tipo de reformas”.

Para el antropólogo de la Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Gustavo López Ángel, las implicaciones de la reforma al Artículo 24 se encuentran en las secuelas que conlleva esta modificación a otros artículos, como el 3º, 7º, 40º y 130º.

«Por desgracia la respuesta de los partidos políticos ha sido de total complacencia (…) en donde el silencio ha sido una forma de ligitimar esta reforma».

Y agrega: «pareceiera que estas modificaciones no van a generar grandes cambios en la sociedad, sin embargo, dentro y fuera de lo público y lo privado se colocan, y dan pie a que ya no quede en la esfera privado el asumirse dentro de un grupo, y  quede ahora en lo público y genere las condiciones para estos procesos».