Roberto Alonso*

@rialonso

[dropcap]L[/dropcap]a que se refiere a continuación es una historia personal pero no por eso trivial y mucho menos privada. Todo lo contrario, pone en relieve una problemática de interés común que suelen padecer quienes solicitan información pública, particularmente quienes ejercen este derecho ante oficinas que recurren a prácticas dilatorias para dificultar el acceso a información que pertenece a todos, aunque se encuentre en manos de las autoridades.

La historia puede sintetizarse en pocas líneas: en Puebla -donde existe una de las mejores leyes de transparencia del país- el acceso a ciertos documentos públicos resulta un camino engorroso que puede tomar cuatro meses cuando debería ocurrir en máximo dos semanas.

La Constitución es muy clara al señalar que los mecanismos de acceso a la información deben ser expeditos. En consecuencia la Ley de Transparencia de Puebla, como otras leyes en esta materia, obliga a las autoridades a responder en un plazo no mayor de 10 días hábiles que puede ampliarse hasta por 10 días hábiles más “en función del volumen o la complejidad de la información solicitada.”

En este caso el sujeto obligado, la Secretaría de Infraestructura, no hizo uso de la ampliación del plazo y en nueve días hábiles posteriores a la fecha en que recibió la solicitud respondió que la información pública podía consultarse en sus oficinas puesto que no contaba con su versión electrónica, tal y como se había pedido haciendo uso del derecho que le concede la ley al solicitante para elegir la modalidad de entrega de la información.

Con base en un ejercicio de solicitudes de información, el Nodo de Transparencia de Actívate por Puebla identificó hace un par de meses que esta práctica no es exclusiva de la Secretaría de Infraestructura, sino que se ha repetido, al menos, en cuatro oficinas más de la administración estatal para obstaculizar el acceso a información pública, razón por la que se interpuso un recurso de revisión estratégico orientado a evidenciar su malicia. Al final, la dependencia le dio la razón al solicitante confirmando la viabilidad del envío de los documentos públicos digitalizados, buscando dejar sin efecto el recurso iniciado y una eventual resolución en contra del órgano garante.

A la Secretaría de Infraestructura -y a 32 dependencias y entidades más- se le solicitó copia digital de cada uno de los acuerdos de reserva suscritos por su titular entre agosto de 2012 y febrero de 2013. Anteriormente se había requerido la misma información pero relativa al periodo comprendido entre febrero de 2011 y julio de 2012. Ambas peticiones se hicieron con la finalidad de conocer cuántos acuerdos de reserva firmó el gobierno de Rafael Moreno Valle en sus primeros dos años y qué información es la que se ha reservado.

La solicitud se realizó el 7 de febrero de 2013 y la Unidad Administrativa de Acceso a la Información de la Secretaría de Infraestructura terminó por hacer llegar la versión electrónica de los acuerdos de reserva el pasado 14 de junio. Ante la respuesta original de dicha unidad, recibida el 20 de febrero, el 1 de marzo se interpuso el recurso de revisión, mismo que iba a ser analizado por el pleno de la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado (CAIP) el 19 de junio. Días antes de que esto sucediera llegó la información solicitada en formato digital, lo que debió haber tenido lugar entre el 8 y el 21 de febrero.

Los tres acuerdos que la Secretaría de Infraestructura pretendió mantener al margen de la luz reservan información pública sobre los procedimientos administrativos derivados de la obra pública y servicios relacionados; los trámites administrativos de escrituración, a favor del gobierno del estado, de predios afectados en la liberación del derecho de vía por la construcción de obra pública; y los trámites administrativos referentes a los contratos de obra pública y servicios relacionados con la misma, así como los realizados bajo la figura legal de proyectos para prestación de servicios.

En agosto de 2012, el Nodo de Transparencia de Actívate por Puebla pudo tener acceso a 14 de los 28 acuerdos de reserva que suscribieron las dependencias y entidades del gobierno morenovallista a un año y medio del sexenio. La Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Transportes, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, el Sistema Operador de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla y el Instituto para la Asistencia Pública del Estado de Puebla demostraron, entonces, que los acuerdos de reserva podían entregarse en formato electrónico. Meses después, en febrero de 2013, la Secretaría de Infraestructura restringió esta posibilidad.

Hasta ese mes la Secretaría de Infraestructura era, además, la que más acuerdos de reserva tenía: 11 en total. Por lo anterior no puede sino llamar la atención, con ironía, que quien entonces era su titular y ahora aspira a la presidencia municipal de Puebla, José Antonio Gali, quiera posicionarse como un candidato y un eventual gobernante comprometido con la transparencia, como si el pasado no hablara por sí solo.

¿Habrá más elementos objetivos para evaluar a una persona que su trayectoria? La transparencia es cosa seria y de buenas intenciones, reza el refrán, está empedrado el camino al infierno.

* @rialonso es secretario del Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI). Tiene estudios en Comunicación, Derecho de la Información y Políticas Públicas.