Ilustración: Mr Power

Sylvia Schmelkes del Valle*

En el día 86 del mandato de Enrique Peña Nieto la Procuraduría General de la República (PGR) detuvo a Elba Esther Gordillo acusada de fraude por casi dos mil millones de pesos contra el magisterio mexicano, por haber hecho uso personal de las cuotas sindicales. El llamado quinazo de Peña Nieto sin duda es el evento más importante en materia educativa frente a la opinión pública de estos primeros cien días. Constituyó un golpe maestro: el gran riesgo de atentar contra el SNTE y su líder vitalicia estaba en su capacidad de levantar a sus agremiados contra el gobierno, a costa de la educación de los niños.

Acusarla, con pruebas hasta donde parece, de un fraude contra el propio magisterio, mitiga si no es que elimina este riesgo. Con semejante acusación, ningún docente se levantará para defenderla. Considerada una de las personas más odiadas por la sociedad mexicana, este acontecimiento ha causado enorme simpatía entre los ciudadanos. No deja de ser motivo de satisfacción el que se castigue la corrupción, aunque los ciudadanos también tienen muy claro que la corrupción que se castiga ni es de ahorita ni la desconocían las autoridades judiciales. Lo nuevo es que ahora sí decidieron actuar.

Sin restarle importancia, este suceso debe entenderse, sin embargo, dentro del contexto de los otros hechos en materia educativa que han tenido lugar en este periodo desde la asunción del actual presidente de la República. Y es desde ahí donde habría que juzgar su posible trascendencia. Apoyado en el Pacto por México, el presidente fue capaz de lograr un cambio de los artículos 3° y 73° constitucionales de manera que no puede definirse de otra forma más que fast trak. La llamada reforma educativa –que es más una reforma político-administrativa, no educativa– fue aprobada con cambios muy menores por ambas cámaras y 21 congresos locales, y promulgada por Peña Nieto el pasado 28 de febrero. Esta reforma pretende regular la carrera docente –el ingreso, la promoción y la permanencia– a través de procesos pertinentes y transparentes de evaluación. A fin de asegurar dicha pertinencia y transparencia, otorga autonomía al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), al que también responsabiliza de la coordinación del Sistema Nacional de Evaluación. Además de ello, la reforma constitucional establece otras medidas, de menor importancia, como la realización de un censo de escuelas, maestros y alumnos, y la prohibición de alimentos no nutritivos en la escuela.

Ex post facto, ya aprobada la reforma, el SNTE y su líder vitalicia expresaron su desacuerdo con que la reforma regulara la permanencia de los docentes en el ejercicio de su quehacer y amenazaron con movilizar al gremio y a la sociedad para oponerse a ella, o en todo caso a sus consecuencias en la siguiente fase, de la definición de la ley secundaria correspondiente. Por vez primera, Elba Esther se posicionó en un lugar contrario al del gobierno federal. Segura de su fuerza, no midió las consecuencias. El gobierno federal, que sin duda había previsto una reacción de esta naturaleza, tenía ya preparado su expediente. La mal llamada reforma educativa debía proceder sin la ya tradicional oposición de la cúpula del SNTE a cualquier cambio educativo necesario que no conviniera a sus intereses. La detención de Elba Esther se entiende en este contexto.

Pero habría que preguntarnos qué significa la reforma educativa, aprobada en su primera fase, a nivel constitucional. Sin duda es una reforma conveniente y necesaria: con ella el Estado recupera, al menos a nivel legal, la rectoría sobre la educación, al pretender asegurar que se vayan profesionalizando los docentes de manera que sea pertinente y transparente su ingreso, su promoción y su permanencia dentro del sistema educativo. Queda por verse si un cambio legal realmente permitirá evitar el tejido de filigrana que el SNTE, a lo largo de tantos años de contubernio con el Estado mexicano, ha logrado tender a lo largo y a lo ancho del sistema. Su presencia en las decisiones educativas está a nivel federal, de los estados, de las zonas escolares e incluso de las escuelas. Su estrategia ha sido la de ocupación de los altos cargos educativos (la mayoría de los secretarios de educación de los estados son o fueron en su oportunidad miembros del SNTE). Su presencia se descubre en todos los órganos importantes de decisión: sobre el otorgamiento de plazas, la asignación de docentes, la concesión de cambios de escuela en cualquier momento del ciclo escolar. Ha asegurado mecanismos que aseguran la tolerancia sistémica ante los docentes faltistas, impuntuales, irresponsables, e incluso borrachos y violadores, que afortunadamente son los menos, pero existen.

Sin embargo, lo que se ha hecho en estos cien días a todas luces no es suficiente para mejorar los dos problemas fundamentales de la educación en nuestro país: la deficiente calidad de los aprendizajes y la inequidad en la distribución de las oportunidades de acceder a la escuela y de aprender de ella. Atender a estos dos propósitos, de mejorar la calidad y la equidad de la educación en el país, requiere medidas sustantivas que la actual reforma educativa ni siquiera menciona: mejorar sustancialmente la formación inicial y en servicio de los docentes; hacer una profunda revisión curricular que reconozca la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país; descentralizar de fondo, a nivel de zona y escuela, el sistema educativo nacional; modificar de raíz los criterios de financiamiento educativo que hasta la fecha benefician más a los que más tienen y contribuyen a que la educación cumpla con una función reproductora de la desigualdad social; procurar la equidad –que no la igualdad– en los aprendizajes entre los diferentes sectores que conforman nuestra población, por mencionar los más importantes. El gran riesgo sería que se diera por concluida con la modificación a los artículos 3° y 73° constitucional, y con el paso subsiguiente que son las leyes reglamentarias, la reforma educativa verdadera, de la que nada se ha dicho.

A pesar de todo lo que falta, y que los ciudadanos esperamos ver definiéndose en fechas próximas, todo parece indicar que la educación es realmente prioridad en el gobierno de Peña Nieto. La voluntad política está ahí: nunca se había visto una reforma constitucional realizada con tanta celeridad. Los mecanismos para asegurar su apoyo están colocados: el Pacto por México fue fundamental. La información sobre la corrupción de los líderes corporativos está presta para que estos sean sancionados cuando políticamente se requiere que lo sean. México ya no puede soportar otro sexenio de deterioro educativo, después de los dos anteriores. Ya no es gobernable el país si no toma cartas claras en el tema de la educación, y la sociedad civil así lo ha venido mostrando, pues gran parte de las reformas vienen de las propuestas de sectores organizados de la sociedad civil. Hacer de la educación una prioridad real requiere fortaleza, contundencia, solidez y consistencia. Hemos sido testigos de la fortaleza y la contundencia. Aguardamos evidencias de la solidez y la consistencia  en el futuro cercano.

*Directora del Instituto de Investigación para el Desarrollo de la Educación (Inide) de la Universidad Iberoamericana