Daliri Oropeza | Reyna Haydee Ramírez

Un tubo gigante de metal cortado se ve en el fondo de un boquete de tierra. La familia de Carmen García se asoma al orificio que hizo el pueblo de Loma de Bácum para quitar un gasoducto.

Los pobladores usaron una excavadora que decomisaron a la empresa IENova, filial de la transnacional estadounidense Sempra Energy. La empresa construía el gasoducto sin el aval de quienes aquí habitan. Nunca se realizó consulta alguna. Así que, después de una asamblea, el pueblo entero se desplazó al monte, excavó y cortó casi 10 kilómetros de tubo con soplete y lo llevaron a Ciudad Obregón para venderlo como fierro viejo.

“La empresa se quejó, pataleó y demandó. ‘Síguele’, le dijimos, ‘nosotros lo vamos a seguir vendiendo como fierro viejo’”, asegura Guadalupe Maldonado Flores, yaqui que ha acompañado la defensa del territorio de la guardia tradicional de Loma de Bácum.

En agosto del 2017 comenzaron a retirar el tubo. Pero el megaproyecto energético comenzó desde 2012 con la firma del contrato entre Enrique Peña, entonces presidente, y la empresa; las obras de construcción comenzaron en 2013. Pasaron por alto hacer una consulta de pueblos indígenas, sabían que el trazo atravesaba el territorio yaqui.

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El propósito era hacer el Gasoducto Sonora para la importación de gas rumbo a Agua Prieta. En 2016, la empresa entró a los ocho pueblos a promover la aceptación por medio de dinero, potabilizadoras de agua, hasta camionetas del año. IEnova tuvo el aval de siete de los ocho pueblos. En Loma de Bácum, fue imposible.

Francisca Vázquez, madre de Carmen, tuvo un sueño estando en territorio sagrado del Bakatete. Después de ese sueño, las mujeres se organizaron. Aún estaba Casilda, una reconocida mujer yaqui, de edad, que se dedicó a convocar y organizar a las mujeres para detener lo que esta trasnacional estaba haciendo. Fueron ellas quienes encabezaron la defensa de la tierra.

“A nosotras desde chiquitas nuestros ancestros, abuelos, que nunca estudiaron, que hablaban nuestra lengua, nos decían cómo nos iban a quitar nuestras tierras. ‘El gobierno dice: todos van a estudiar. No se pongan del lado de ellos, desde hoy ustedes defienden su territorio, nosotros ya no vamos a estar, y el día que el gobierno quiera, los va a tener en la mira’”, cuenta Francisca.

Foto: Daliri Oropeza | Pie de Página

La reacción de la comunidad cuando les dijeron sobre un gasoducto fue preguntarse qué pasaría si eso explota estando tan cerca de los habitantes.

“Nos acordamos de las palabras que dijeron nuestros ancestros, nuestros abuelos, que íbamos a perder nuestros territorios porque los mismos hermanos yoemes no iban a denunciarlo”. Así las mujeres de por lo menos cuatro de los ocho pueblos yaquis se comenzaron a organizar con la convocatoria de la gran amiga de Francisca, que falleció en 2020 por cáncer en medio de la pandemia por COVID-19. Casilda era una mujer consagrada a ser cantora de la iglesia de Loma de Bácum. Estava dedicada a luchar contra la violencia a la mujer, defensora siempre a favor de los derechos de la mujer.

Gracias al trabajo del grupo de mujeres de Bácum, lograron un amparo   y un juez suspendió la obra en junio de 2017, también ordenó retirar los tubos. Pero la empresa siguió construyendo hasta que el mismo pueblo de loma de Bácum los detuvo.

Por eso desde entonces, cada 21 de octubre celebran  la más reciente defensa del territorio. Hacen comida para todo el pueblo y también realizan danzas del venado con música tradicional, y el horizonte es que quede en la memoria de los jóvenes, de los niños.

También por conservar en la memoria esta defensa, el pueblo dejó en la explanada de la plaza central, frente a la iglesia y a la guardia tradicional, los autos quemados que le pertenecían a la empresa.

De acuerdo con una investigación de AvispaMidia, IEnova tiene inversiones por 8 mil 769 millones de dólares en México, y un historial de atropellos. Esta empresa acusó al pueblo yaqui de ser un “grupo criminal” que llevó a cabo actos de “vandalismo”.

Habitantes de este y de los otros siete  pueblos yaquis denuncian ahora la entrada de empresas mineras para exploración en su territorio. La Guardia de Loma de Bácum detectó por lo menos siete incursiones en la sierra del Bakatete para echar a andar proyectos mineros.

“Siempre hemos estado alerta, ahora con más razón”, asegura Guadalupe.

La libertad de un preso político

Foto: Daliri Oropeza | Pie de Página

Una semana después de que el pueblo Yaqui de Loma de Bácum detuviera la maquinaria, un grupo de yaquis armados, la mayoría provenientes de Loma de Guamúchil, entraron a realizar disturbios. Varios testimonios dan cuenta de que la empresa les pagó. El objetivo de este grupo era irrumpir en el pueblo y reemplazar a la autoridad tradicional que se negó al gasoducto, y de este modo imponer una autoridad que aceptara el megaproyecto.

Ese día que llegaron los agitadores había mucha gente en el pueblo, más de 600. Dijeron que venían a dialogar, a una junta, describe Francisca, una mujer de tono recio, de rebozo morado y falda tradicional yaqui que cuida a su papá con diabetes. Aparenta menos años de los que tiene, es una mujer consagrada a ser cantora de la iglesia de su pueblo.

La familia de Carmen reconoce que otros pueblos aceptaron el trazo del gasoducto, sin embargo las autoridades tradicionales no consultaron con sus respectivas tropas lo que correspondía. Solo pactaron.

En Loma de Bácum, en cambio, el acuerdo de la tropa y la guardia tradicional es defender el territorio tanto de la minería como del gasoducto, y por ello trabajan en el fortalecimiento de sus tradiciones, lengua y actividades productivas.

Pero ese 21 de octubre de 2016 hubo disparos. Fueron dos ataques en un mismo día, en el primero murió Cruz Buitimea, originario de Loma de Guamúchil.

“Había mujeres, mi tía estaba ahí”, dice Carmen. “Mi tía dice que como sea, acarreó los palos de la leña y se los llevó a los hombres para que se defendieran con esos palos y piedras que juntó en su blusa porque no tenían nada con que defenderse”. Los agitadores venían armados, por eso el pueblo se defendió, explica Carmen mientras toma café con su familia en el solar de su casa, donde sus dos hijos juegan y cantan canciones en lengua jiaki.

Cuenta que cuando llegaron a hacer el segundo ataque, ese 21, fue que culparon a Fidencio. “Él con toda seguridad les dijo: ‘si creen que yo lo maté lo veremos legalmente’”. Carmen acentúa: “y ya ves como es de corrupto este sistema, esta ley y este gobierno”. En ese momento, orillan a Fidencio en un árbol. Lo golpean. Corre. Lo persiguen. Logra escapar al meterse al monte.

Fidencio tiene 32 años. Es originario de loma de Guamúchil aunque vive con su familia en Loma de Bácum. Ha tenido varios cargos. Hacía abiertamente comunicación contra el gasoducto.

Cuando algunos de sus parientes recibieron dinero de la empresa IEnova, Fidencio les dijo: “¿Para qué agarran dinero si ese dinero se les va a ir?, en cambio el territorio ahí va a estar y se supone que el territorio es de nosotros. Pero si ustedes lo están vendiendo ya ustedes no van a tener para sus familias”.

“Dicen que fue mi esposo”. Las dos personas que lo acusan presentaron un video donde él trae un arma como las que usan quienes se dedican vigilancia o policía comunitaria del pueblo de Loma de Bácum, como en aquel entonces era el encargo de Fidencio. Esas armas de la guardia tradicional son calibre 45. Diferente al calibre de la bala que le encontraron al difunto Cruz, que fue calibre 22. Esto no lo consideran en el expediente.

De acuerdo con testigos, ese día fueron los mismos yaquis de otros pueblos que entraron como agitadores del pueblo de Loma de Guamúchil quienes asesinaron a Cruz. “La idea era que hubiera muertos para justificar la entrada de la justicia de ellos para que entrara la policía”, cuenta Guadalupe Flores cuando hacemos un recorrido por la huerta agroecológico de este pueblo yaqui.

“AMLO dice que en la Cuarta. Transformación no hay presos políticos. Pues yo digo: ¿Cómo va a decir que no hay presos políticos si está mi esposo? ¿Entonces qué es mi esposo?”, reclama Carmen con mucho enojo en su mirada. Luego se levanta a preparar tortillas para seguir platicando en el solar de su casa.

El secuestro de Fidencio 

Foto: Daliri Oropeza | Pie de Página

Seis días después llegó la Fiscalía de Sonora a entrevistar a las personas en la Guardia Tradicional del pueblo por el asesinato. Era tarde noche. Se suponía que eran entrevistas a todas las personas el pueblo. Les interrogaban de a uno. Cuando Fidencio se presentó lo amarraron, iba a declarar pero apagaron todo y se lo llevaron. Con él se llevaron a la traductora y abogada, Anabela Carlón, a quien bajaron antes de llegar a la procuraduría.

Carmen no se dio cuenta cuando se llevaron a Fidencio.

No había orden de aprehensión ni le dieron las razones por las cuales se lo llevaban. Desde entonces está preso con una serie de irregularidades.

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*Foto de portada: Daliri Oropeza | Pie de Página