Los pendientes en el país son numerosos y la justicia es uno de ellos. Por eso, consultar al pueblo para que opine si quiere que se enjuicie a los expresidentes es todo menos una lectura correcta de las necesidades de la gente y de lo que las urnas arrojaron en la elección más reciente.

En 2018, López Obrador anunció un combate frontal a la corrupción y una transformación del sistema. La impunidad ante esa corrupción destruye cualquier intento serio de democracia. Todo se vuelve inútil: si las leyes reflejan el avance y la voluntad de una sociedad, incumplirlas desconoce el pacto esencial de cumplir lo acordado.

¿Qué pasaría si en la consulta sobre el juzgamiento a los expresidentes se decide no proceder contra ellos? Es un sinsentido y todos sabemos que es una mera maniobra electoral para que el tema del despilfarro de los gobiernos anteriores esté sobre la mesa en la boleta en 2021 -hacer de cuenta que no fue materia en 2018-. La ecuación es hasta cierto punto sencilla: si hay elementos para proceder contra Calderón o Peña, la fiscalía debe proceder. No importa si a AMLO le gusta o no, porque de lo contrario esto es una farsa: una continuación de un régimen en el que reina la impunidad.

También puedes leer: Mirar la catástrofe y superar la crisis

El presidente no solo mira al presente sino que teme que lo que hoy decide se revierta en su contra: poner en el banquillo a un expresidente es riesgoso porque en cuatro años más él será uno más en la lista de enjuiciables. Pero si López Obrador no estaba dispuesto a correr ese riesgo, sabiendo que abrir las cajas de Pandora de EPN y Calderón podía llevar a enjuiciarlos, entonces no hubiera prometido el cambio de sistema que propuso.

La consulta es inconstitucional y antidemocrática porque aspira a decidir si queremos impunidad o no. La respuesta es obvia, pero con un recordatorio que no se debe pasar por alto: la sociedad ya emitió su voz al respecto en 2018 y volverle a preguntar refleja la sordera del presidente que quiere utilizar electoralmente un tema que está de más plantearlo.

La SCJN tendría que declarar improcedente este despropósito; por más impresentables que sean EPN y Calderón, son ciudadanos de este país y la decisión de proceder contra ellos no puede dejarse a la voluntad popular, ya que la constitución marca que es la fiscalía la que tiene esa competencia. Además, la consulta no puede hacerse sobre individuos en particular y su objeto no puede ser tan trivial: preguntar si queremos enjuiciar a los expresidentes es tan bizarro como preguntar si queremos ir a Marte.

Por supuesto que queremos un Estado de derecho y un sistema en el que la impunidad deje de ser la constante. A favor de ese sistema se votó en 2018 y AMLO prometió cumplir con lo dictado en la constitución: eso significa que la fiscalía proceda en caso de tener elementos. No importa si el procesado es EPN, Calderón u otro sujeto. Querer consultar al pueblo para que afirme si quiere justicia, es tanto como buscar un pretexto para no cumplir lo prometido: un Estado donde la ley se respete.

Suscríbase al boletín COVID-19 de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie.

*Foto de portada: Presidencia | Wikimedia Commons