Roberto Alonso*

Después de una larga y polémica luna de miel que abarcó los dos primeros años de gobierno de Rafael Moreno Valle, el PRI se encuentra en condiciones de dejar de ser comparsa y convertirse en un actor real de oposición. El regreso a la escena política local de personajes vinculados a la administración de Mario Marín no tendría que ser una buena noticia, y sin embargo podría serlo ya que tiene lugar en un régimen falto de contrapesos.

Que quede claro, no hay motivo para celebrar que políticos como Pablo Fernández del Campo, Humberto Aguilar Viveros, Bárbara Ganime y Javier Aquino, quienes como legisladores del tricolor tuvieron un triste desempeño limitándose a obedecer las órdenes de quien despechaba en Casa Aguayo, tomen las riendas del PRI. Lo que es importante resaltar es que el retorno del PRI a Los Pinos y el proceso electoral 2013 pueden representar una oportunidad para oxigenar el ambiente político en Puebla.

La razón la expresó de forma sucinta en su balance sobre el segundo año de Moreno Valle el diputado panista Juan Carlos Espina, quien desde el partido en el que milita el gobernador evidenció el año pasado anomalías percibidas como normalidad por el PRI. “Un sistema democrático -escribió- no puede funcionar adecuadamente si la oposición abdica de su función.”

Por principio de cuentas es a la oposición a la que le toca hacer la evaluación crítica de un gobierno, señalar sus deficiencias y enumerar los pendientes. Al margen de reconocer los aciertos, las políticas correctas y los programas que contribuyen a solucionar los problemas diagnosticados –rara avis-, es a la oposición a la que le corresponde denunciar los errores y los abusos.

Hoy es noticia que el dirigente estatal del PRI, Fernández del Campo, sostenga que la palabra “sumisión” dejará de formar del diccionario priista porque más de un miembro de este partido la encarnó y la materializó una y otra vez. Asimismo, es noticia que el sustituto de Fernando Morales al frente del PRI subraye que las decisiones del partido las toman sus militantes porque durante la gestión de aquél más de una ocasión pareció que el tricolor había formado parte de la coalición con la que Moreno Valle obtuvo la gubernatura.

En este contexto es en el que hay que ubicar el anuncio del gobernador a propósito de la firma de un Pacto por Puebla, réplica tropicalizada del Pacto por México impulsado por Enrique Peña Nieto entre los tres principales partidos políticos tan pronto comenzó su sexenio. Apenas sintió la distancia del PRI, Moreno Valle tuvo que recurrir a este planteamiento inclusivo, a la búsqueda de nuevos consensos, de nuevos engranes.

El anuncio lo hizo el pasado jueves en una gira por San Andrés Calpan, donde inauguró obras urbanas y turísticas, un día después de que el PRI hiciera el balance de su segundo año y su líder advirtiera que denunciarían cualquier exceso o irregularidad por lo que tiene que ver con la compra de la rueda de la fortuna que el gobierno estatal pretende instalar en el Paseo Bravo.

Dos son las diferencias mayúsculas entre el Pacto por México y lo que podría ser el Pacto por Puebla. En primer lugar no puede pasarse por alto que el pacto promovido por Peña Nieto tuvo como origen tanto las sospechas en torno a una restauración autoritaria como la aspiración de combatir a los poderes fácticos que giran alrededor del mexiquense, apreciados como obstáculo para la vida institucional. En el caso poblano, la propuesta se pone sobre la mesa a unos días de que la concordia entre el gobierno y el PRI comienza a perder forma, luego de dos años de una relación productiva y fecunda para la administración morenovallista.

En segundo lugar, mientras el Pacto por México busca construir un punto de partida común para sacar adelante casi cien compromisos con los que se le quiere dar rumbo al sexenio, el Pacto por Puebla se presentaría en un año electoral en el que estará a prueba y será evaluado el gobierno estatal con la renovación de 217 presidencias municipales y el Congreso local.

Los pactos son positivos siempre y cuando los acuerdos sean fruto de la deliberación colectiva y cuenten con objetivos pertinentes, metas concretas e indicadores claramente definidos. De los que hay que sospechar es de aquellos orientados a eliminar la oposición y dispersar la crítica, lugares, ambos, desde los que es más sano y democrático construir y gobernar.

* @rialonso es secretario del Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI). Tiene estudios en Comunicación, Derecho de la Información y Políticas Públicas.

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