Con la vigilancia de diez organizaciones no gubernamentales, tres de ellas al menos por el membrete ajenas al tema de la transparencia, este marte el Congreso del estado recibirá a los nueve aspirantes a ocupar el puesto que dejará vacante Samuel Rangel Rodríguez en la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP).
Aunque será un proceso de vigilancia “acotado y pobre”, como fue calificado por Roberto Alonso, integrante del Nodo de Transparencia de Actívate por Puebla, pues el mecanismo aprobado por el Congreso restrige a los observadores incluso a grabar las entrevistas de los aspirantes.
Mediante un comunicado el Nodo de Transparencia cuestionó el que el poder legislativa tuviera en sus manos la posibilidad “de promover un mecanismo de participación ciudadana más abierto, en el que la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información no sólo permitiera la presencia de instituciones académicas y organizaciones sociales durante las comparecencias y la formulación de preguntas, sino que tomara en cuenta sus valoraciones y opiniones en su deliberación”.
El Nodo también cuestionó que la decisión de permitir solo el ingreso de los representantes de diez organizaciones impide el ingreso de los medios de comunicación a pesar de que por ley todas las sesiones deben ser públicas.
Las comparecencias de los nueve aspirantes comenzará las 10:30 de la mañana, cada uno de los aspirantes tendrá 15 minutos para la ronda de preguntas y respuestas con los integrantes de la comisión de Transparencia del Congreso, a la par deberá presentar un ensayo y su curriculum en donde resalte su trayectoria que debe tener relación con el tema.
Las ONGs acreditadas
El Congreso del estado por su parte dio a conocer el listado de organizaciones que lograron acreditarse y registrare para fungir como observadores del proceso, entre ellas dos universidades
Llama la atención el caso de Fundación Dejando Huella, Esclerosis Múltiple Puebla de los Ángeles Asociación de Beneficencia Privada, y Casa de Atención a Desamparados, pues no se les conoce trabajo previo relacionado con el derecho a la información o la transparencia como sí sucede en el resto de los casos.