Roberto Alonso*

Con el argumento de que la convocatoria para la elección del nuevo integrante de la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado (CAIP) no señala los términos para que las organizaciones sociales interesadas en participar en la evaluación de los candidatos al cargo de comisionado colaboren en esta etapa, la presidenta de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Congreso de Puebla, la diputada Josefina Buxadé, ha informado que las comparecencias de los aspirantes no serán públicas y la sociedad civil no podrá apoyar en su evaluación.

Tamaño absurdo. Si no hay marcha atrás en esta chata lectura de la ley, la LVIII Legislatura de Puebla elegirá con opacidad a un(a) nuevo(a) comisionado(a) del órgano garante de la transparencia, además de hacerlo de espaldas a la sociedad.

A fin de evitar este penoso escenario, el Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) -que desde el pasado 9 de octubre le manifestó a la diputada Buxadé su interés de participar en la evaluación de los candidatos- ha hecho un llamado a los diputados integrantes de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información para que las sesiones sean públicas y se permita que las organizaciones interesadas en coadyuvar en la evaluación a cargo de esta comisión legislativa lo hagan.

Con fundamento en la exposición de motivos y en la fracción V del artículo 68 de la Ley de Transparencia, así como en los artículos 108 y 109 de la Ley Orgánica del Congreso y en los artículos 56, 62 y 63 de su Reglamento Interior, el Capítulo Puebla de la AMEDI ha justificado y reiterado su interés.

La exposición de motivos de la Ley de Transparencia, aprobada por la misma LVIII Legislatura, destaca como factor de importancia de este nuevo marco jurídico que las comparecencias de los aspirantes serán públicas. De hecho, el artículo 109 de la Ley Orgánica del Congreso establece que todas las sesiones de las comisiones son públicas a menos que, de acuerdo con el artículo 56 del Reglamento Interior del Congreso, sus miembros acuerden que sean privadas.

Por lo que hace a la participación social, la fracción V del artículo 68 de la Ley de Transparencia es muy clara al facultar a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Congreso para solicitar apoyo de instituciones académicas y organizaciones sociales con la finalidad de evaluar a los candidatos al cargo de comisionado de la CAIP.

Más aún. El artículo 108 de la Ley Orgánica del Congreso dispone que a las sesiones de las comisiones pueden asistir ciudadanos, previo acuerdo y citatorio de la comisión de que se trate. En sintonía, el Reglamento Interior del Congreso indica en sus artículos 62 y 63 que al ser reuniones de trabajo, a las sesiones de las comisiones puede asistir personal de apoyo acreditado por los propios diputados -mismo que sólo tendrá derecho a voz- a solicitud de cualquier legislador integrante de la comisión correspondiente y con la autorización de su presidente.

La decisión, por tanto, está en manos de los diputados que conforman la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información: los panistas Josefina Buxadé, Rafael von Raesfeld y Jorge Garcilazo, los priistas Lauro Sánchez y Ernesto Leyva, el diputado del Partido Verde Venancio Ojeda y el legislador de Nueva Alianza Héctor Alonso.

Como concluye el comunicado del Capítulo Puebla de la AMEDI: “Es indispensable que las sesiones en las que se evaluarán los conocimientos, la trayectoria y la experiencia de los aspirantes al cargo de comisionado del órgano promotor de la transparencia se lleven a cabo transparentemente y de cara a la sociedad. Las instituciones públicas se fortalecen cuando incorporan la participación ciudadana.”

La transparencia se construye todos los días. No se agota en una ley sino que apenas comienza. Si la Ley de Transparencia permite -aunque sea de modo potestativo- que la sociedad participe en la evaluación de los candidatos, ¿por qué impedir esta posibilidad?

*@rialonso es secretario del Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI). Comunicólogo de formación, maestrante en Políticas Públicas y apasionado del derecho a la información y del periodismo. Participa en el Nodo de Transparencia de Actívate por Puebla.

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