Roberto Alonso*

Unas son las llamadas reformas estructurales que Enrique Peña Nieto encumbró en campaña y que en ciertos casos, paradójicamente, el PRI bloqueó desde el Congreso de la Unión. Se trata de las reformas energética, laboral, fiscal y de seguridad social. El tricolor ha declarado que irá tras ellas y es probable que cuente con el apoyo del PAN. Las otras son las reformas que responden a los cuestionamientos sobre el regreso del PRI a Los Pinos y la singular candidatura de Peña Nieto.

Al dar a conocer su primer grupo de trabajo, el priista anunció tres reformas enmarcadas en su Manifiesto por una Presidencia Democrática: la creación de una comisión anticorrupción de carácter nacional; la ampliación de las facultades del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) para conocer de asuntos de los estados y municipios; y la creación también de una instancia ciudadana para vigilar la compra de publicidad oficial en los medios de comunicación.

Imposible entender la lógica que mueve esta batería de reformas sin las protestas que convocaron a miles de personas en su contra las semanas previas a la jornada electoral, y sin la necesidad de legitimar una victoria enturbiada por serias acusaciones de compra y coacción del voto, rebase del tope de gastos de campaña y lavado de dinero.

A primera vista, las tres iniciativas relacionadas con la promoción de la transparencia y el combate a la corrupción parecieran atender con precisión prácticas y fenómenos contrarios a un estilo de gobierno democrático, bajo una perspectiva incluyente hacia los niveles estatal y municipal. Sin embargo, son reformas cortoplacistas que requieren discusión y perfeccionamiento si realmente tienen como propósito apuntalar el régimen democrático.

Peña Nieto y su equipo demuestran que son sensibles a los señalamientos que han recibido, pero carecen de una mirada especializada y reflejan un deseo cercano a querer inventar el hilo negro en mares donde la brújula apunta claro.

Respecto a la propuesta de una agencia anticorrupción, que podría convertirse en una de las primeras propuestas en arribar al Congreso de la Unión, habría que bordar fino y pensar en la oportunidad de fortalecer instituciones ya existentes antes de pugnar por la creación de una nueva. El país cuenta hoy con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a la cual se le podría otorgar autonomía constitucional para reforzar su papel de vigilancia del erario público. Como complemento, podría articularse una especie de tribunal de cuentas con capacidad de sanción en materia de transparencia y casos de corrupción.

La iniciativa para dotar de competencias al IFAI en asuntos de los estados y municipios, cae en el engaño de suponer que las instituciones federales son más efectivas que las estatales, y que, en consecuencia, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental es superior a las leyes de acceso a la información locales, cuando en algunos casos ocurre todo lo contrario. Es cierto que la independencia y el nivel de especialización del IFAI son superiores a los de muchos órganos garantes a nivel estatal, no obstante, éste carece de autonomía constitucional, de autoridad sobre los tres poderes y funciona con una ley que según la Métrica de la Transparencia 2010 se ubicó en la onceava posición de las 33 leyes de acceso a la información vigentes en el país. La clave en este ámbito reside en la publicación de una Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, una sola para todo el país, y en la autonomía plena de todos los órganos garantes de este derecho, de suerte que sume y no reste al federalismo.

Por lo que toca a la creación de una instancia autónoma y ciudadana para supervisar los gastos del gobierno en publicidad oficial valdría la pena dar un paso atrás y debatir previamente si convendría valorar la prohibición de este gasto en cuanto a la promoción de gobiernos y gobernantes. En los últimos años, los recursos destinados a este objetivo se han incrementado de forma cuantiosa, más allá del beneficio personal que han favorecido. Quizás sea más pertinente evaluar su sentido y restringir la publicidad oficial a los mínimos indispensables de comunicación entre gobierno y sociedad, prohibiendo el gasto en comunicación social para difundir las actividades ordinarias del gobierno.

Las propuestas de política pública del nuevo gobierno deben ser diseñadas quirúrgicamente a fin de que su implementación tenga un referente nítido, un punto de partida despejado. Construir a partir de la búsqueda de legitimación no sólo es precipitado, sino que puede ser falaz.

Si existe un compromiso real con estos temas, sus ahora impulsores deberían empezar por hacer caso de los planteamientos que más de 60 organizaciones agrupadas en la Red por la Rendición de Cuentas han desarrollado. El documento de 14 cuartillas que los contiene se entregó a los partidos políticos, incluido el PRI, el pasado 23 de marzo en la sede del Instituto Federal Electoral (IFE).

*@rialonso es secretario del Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI). Comunicólogo de formación, maestrante en Políticas Públicas y apasionado del derecho a la información y del periodismo. Participa en el Nodo de Transparencia de Actívate por Puebla.

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