Ernesto Aroche Aguilar

@earoche

El gasto en comunicación social es un tema complicado no sólo para el gobierno del estado sino incluso para otros poderes como el Legislativo y el Judicial, e incluso para órganos autónomos como el Instituto Estatal Electoral (IEE) pues tras cumplirse con el plazo que otorgó la Ley de Transparencia para que actualizaran sus portales ese es uno de los puntos que no han atendido.

El argumento para no dar a conocer su gasto en comunicación tanto en el poder judicial como en el legislativo, e incluso en el único de los partidos políticos que si subió información a su página de internet, es que se trata de un rubro “que no aplica” a pesar de que en los tres casos cuentan con personal asignado al área de comunicación social.

Tan sólo un ejemplo, en el caso del poder legislativo se reconoce que cuentan con una “Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas” que tiene como director general a Óscar de la Vega. Además en la legislatura pasada los diputados aprobaron realizar una campaña publicitaria con el slogan “Tú eres el centro del debate” que costó de acuerdo con la solicitud de información –folio UTAI-134/2008— 600 mil pesos.

En el poder judicial la situación es similar, en su directorio se contempla un área de “comunicación social” que está ubicada físicamente en el inmueble de la 5 oriente número 9.

En tanto que en el IEE, ente que periódicamente contrata campañas de publicidad para promover la participación ciudadana en los temas electorales, el apartado de comunicación social lleva a una página en blanco.

“Reprobable”

Foto Lado B

Para Roberto Alonso, Roberto Alonso, secretario de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información Capitulo Puebla, resulta “reprobable” que los partidos políticos no hayan cumplido con su obligación de transparentar la información como lo establece la ley.

Los señalamientos del académico de la Universidad Iberoamericana se producen luego de que Lado B y varios medios más señalaran que el pasado lunes se cumplió con el plazo que tenían para hacer pública su información y, a excepción del PAN que habilitó dentro de su portal estatal un apartado de transparencia en donde incluso se pueden hacer solicitudes de información vía correo electrónico, el resto de los partidos políticos ignoraron su obligación.

En tanto que el portal e-consulta evidencio que el portal panista tenía deficiencias y no cumplía en su totalidad con los puntos básicos que estableció la Ley de Transparencia aprobada en diciembre del año pasado.

Por ello, abundó Alonso: “los partidos políticos le deben una explicación a la sociedad” al incumplir con el plazo que le otorgó el Congreso del estado para que hicieran pública su información financiera y  administrativa, principalmente.

El secretario de Amedi Puebla, pidió a la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) “tomar cartas en el asunto e iniciar el procedimiento sancionador, pues “la ley marca que se tiene un plazo de seis meses y ese plazo ya feneció –el 1 de julio—sin que se acatara la obligación de hacer pública su información, ahí tenemos un incumplimiento”.

Además recordó que tanto partidos políticos como sujetos obligados tuvieron seis meses de gracia para prepararse para cumplir con su obligación, y si bien en el caso de los institutos políticos se atravesó el proceso electoral esto no los justifica.

E insistió en que si bien la Ley de Transparencia deja que sean los propios órganos internos de los partidos los que sancionen en caso de incumplimiento a la comisión le toca iniciar el procedimiento.