Foto tomada de publimetro.com.mx

El caso de Hugo Sánchez Ramírez, joven mazahua recluido en el Estado de México, cuyo caso está por resolverse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); la realización de megaproyectos en territorios indígenas, en particular el caso de las tierras sagradas de Wirikuta, los ataques suscitados en contra de defensores comunitarios que se oponen a los megaproyectos –como el asesinato, en San José del Progreso, Oaxaca, del activista Bernardo Méndez, opositor al proyecto minero de la empresa Cuzcutlán-, la criminalización de activistas particularmente de indígenas, como en Puebla con el encarcelamiento de José Ramón Aniceto y Pascual Agustín Cruz y las múltiples discriminaciones a las mujeres fueron algunos temas que se abordaron durante la 80ª sesión del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (Comité CERD).

El órgano, compuesto por 18 expertos independientes de todas partes del mundo, se ocupó de revisar el cumplimiento por parte de los Estados de las obligaciones reconocidas en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.

A lo largo de dos jornadas de trabajo el Comité revisó el informe periódico presentado por el Estado mexicano, representado por una delegación de 16 funcionarios encabezada por el embajador Alejandro Negrín Muñoz, director General de Derechos Humanos de la SRE y el Presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Ricardo Bucio Mújica, entre otros.

Entre los saldos positivos de la sustentación del Estado mexicano destaca el reconocimiento expresado por el presidente del Conapred sobre el carácter estructural que la discriminación posee en México.

Las observaciones finales del Comité serán adoptadas en las siguientes semanas.

Información: Cencos.