Esa mañana de 2019, ella se presentó en la conferencia matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Hablando fuerte y claro, le pidió ayuda al mandatario porque se sentía amenazada por un exgobernador. Y como presagiaba, en enero de 2022 Lourdes Maldonado recibió un balazo, afuera de su casa. Su muerte llenó de indignación al gremio periodístico, que salió a las calles a manifestar con dolor, coraje… y miedo.

El homicidio de Mendoza puso en evidencia el desdén del gobierno por las agresiones que sufren los periodistas mexicanos y se unió a los de José Luis Gamboa, Margarito Martínez y Roberto Toledo, también perpetrados este mes. Se suman a los 145 crímenes de profesionales de la información cometidos en México entre 2000 y 2021 con un “posible vínculo por su labor”, según la organización Artículo 19. De estos homicidios, 29 han ocurrido en los tres años de la administración actual.

Para el periodista y académico Darwin Franco la situación no solo es “grave” sino que se trata de un tipo de violencia constante e, incluso, sistemática. “​​Lo que se busca mediante una agresión, un asesinato o la desaparición de un periodista es acallar aquella verdad que se quiere dar a conocer y, por lo tanto, impedir que las personas sepan. La agresión o la muerte de un periodista tiene una consecuencia de carácter social porque las personas no pueden saber lo que este periodista sabía o estaba investigando”.

Ya lo había planteado António Gutierres, secretario general de las Naciones Unidas, en su discurso del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra los Periodistas, en noviembre de 2020: “Cuando se ataca a un periodista, toda la sociedad paga el precio. Si no protegemos a los periodistas, nuestra capacidad para mantenernos informados y adoptar decisiones fundamentadas se ve gravemente obstaculizada. Cuando los periodistas no pueden hacer su trabajo en condiciones de seguridad, perdemos una importante defensa contra la pandemia de información errónea y desinformación que se ha extendido por internet”.

Y lo peor, la delicada situación del ejercicio periodístico en México no es un caso aislado, pues hay agresiones a periodistas en casi toda la región latinoamericana. En Nicaragua, por ejemplo, solo entre el 15 de julio y el 15 de diciembre de 2020 el Observatorio de Agresiones a la Libertad de Prensa recibió la denuncia de violaciones a los derechos humanos de 66 periodistas. Gran parte de las agresiones fueron cometidas por policías, paramilitares y partidarios fanáticos del gobierno. Además, el Observatorio reporta que “aumentaron las denuncias de amenazas en redes sociales, de hostigamiento, persecuciones y tortura psicológica para intentar persuadirles de no seguir informando. Igualmente, se documentó que ser periodista profesional de la comunicación o defensora de derechos humanos es motivo de censura, interrogatorios y detenciones arbitrarias en sitios públicos y en casas de habitación”.

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*Ilustración: Erick Retana