Esa mañana de 2019, ella se presentó en la conferencia matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Hablando fuerte y claro, le pidió ayuda al mandatario porque se sentía amenazada por un exgobernador. Y como presagiaba, en enero de 2022 Lourdes Maldonado recibió un balazo, afuera de su casa. Su muerte llenó de indignación al gremio periodístico, que salió a las calles a manifestar con dolor, coraje… y miedo.
El homicidio de Mendoza puso en evidencia el desdén del gobierno por las agresiones que sufren los periodistas mexicanos y se unió a los de José Luis Gamboa, Margarito Martínez y Roberto Toledo, también perpetrados este mes. Se suman a los 145 crímenes de profesionales de la información cometidos en México entre 2000 y 2021 con un “posible vínculo por su labor”, según la organización Artículo 19. De estos homicidios, 29 han ocurrido en los tres años de la administración actual.
Para el periodista y académico Darwin Franco la situación no solo es “grave” sino que se trata de un tipo de violencia constante e, incluso, sistemática. “Lo que se busca mediante una agresión, un asesinato o la desaparición de un periodista es acallar aquella verdad que se quiere dar a conocer y, por lo tanto, impedir que las personas sepan. La agresión o la muerte de un periodista tiene una consecuencia de carácter social porque las personas no pueden saber lo que este periodista sabía o estaba investigando”.
Ya lo había planteado António Gutierres, secretario general de las Naciones Unidas, en su discurso del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra los Periodistas, en noviembre de 2020: “Cuando se ataca a un periodista, toda la sociedad paga el precio. Si no protegemos a los periodistas, nuestra capacidad para mantenernos informados y adoptar decisiones fundamentadas se ve gravemente obstaculizada. Cuando los periodistas no pueden hacer su trabajo en condiciones de seguridad, perdemos una importante defensa contra la pandemia de información errónea y desinformación que se ha extendido por internet”.
Y lo peor, la delicada situación del ejercicio periodístico en México no es un caso aislado, pues hay agresiones a periodistas en casi toda la región latinoamericana. En Nicaragua, por ejemplo, solo entre el 15 de julio y el 15 de diciembre de 2020 el Observatorio de Agresiones a la Libertad de Prensa recibió la denuncia de violaciones a los derechos humanos de 66 periodistas. Gran parte de las agresiones fueron cometidas por policías, paramilitares y partidarios fanáticos del gobierno. Además, el Observatorio reporta que “aumentaron las denuncias de amenazas en redes sociales, de hostigamiento, persecuciones y tortura psicológica para intentar persuadirles de no seguir informando. Igualmente, se documentó que ser periodista profesional de la comunicación o defensora de derechos humanos es motivo de censura, interrogatorios y detenciones arbitrarias en sitios públicos y en casas de habitación”.
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*Ilustración: Erick Retana
EL PEPO