Josué Mota

@motajosue

Foto: EEF

A cuatro días de la fuga de 11 reos peligrosos del penal de San Pedro Cholula, la presidenta de ese municipio, Dolores Parra Jiménez, respondió a las acusaciones públicas del secretario de Seguridad Pública, Ardelio Vargas Fosado, y señaló que es el gobierno del estado el responsable de “organizar, dirigir y administrar los Centros de Reinserción Social”.

Tras el escape, Vargas Fosado ha responsabilizado por completo a la administración municipal de San Pedro Cholula de lo ocurrido, incluso ha señalado que pudo haber corrupción de los encargados del penal; el día de la fuga la Secretaría de Seguridad Pública dio a conocer que el traslado a una prisión de mayor seguridad de los presos que se fugaron no fue posible, porque contaban con un amparo de la justicia federal contra esa medida.

Posteriormente, el funcionario dijo que la dependencia a su cargo recién había realizado una inspección a ese penal e hizo una serie de recomendaciones a la presidenta municipal, porque detectó que un grupo de reos intentaba ejercer un “autogobierno” al interior del mismo.

Durante una rueda de prensa, se le preguntó sobre la responsabilidad legal que tiene el estado de la dirección de los penales y el nombramiento de los responsables de los llamados Centros de Reinserción Social, y dijo que el municipio había insistido en su propuesta del director del penal, Jorge Daniel Martínez Casco.

Foto: Cortesía.

Sin embargo, tras esas declaraciones surgieron versiones periodísticas que no fueron confirmadas por autoridades de San Pedro Cholula, en el sentido de que el director del penal había solicitado a la Secretaría de Seguridad Pública, el traslado de algunos de los reos que ahora están prófugos de la justicia, y son acusados de cargos por secuestro.

Finalmente, este jueves el ayuntamiento de San Pedro Cholula emitió un comunicado en el que contradice lo declarado por Vargas Fosado y recuerda que de acuerdo con la ley, es el estado el responsable de la dirección de los penales distritales.

“Parra Jiménez recordó que el artículo 78, fracción XI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, señala que son facultades del Cabildo, el acordar las reglas para la conservación y administración de las cárceles municipales, así como para la alimentación de los detenidos por Autoridades Municipales, mientras que a la Secretaría de Seguridad Pública le corresponde ‘organizar, dirigir y administrar los Centros de Reinserción Social y los de internamiento especializado para adolescentes del Estado’; así se lee a la letra en el artículo 48 fracción XVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla”, señala el comunicado.

Y añade: “En tal sentido la alcaldesa reiteró que la única responsabilidad de su gobierno es la administración del Cereso pues existe un acuerdo de Cabildo en el que se manifiesta el compromiso del Ayuntamiento para recibir y ejercer los recursos para financiar la operación del reclusorio, entregando reportes periódicos del uso de los mismos a la Dirección General de Ceresos del Estado, mas no tiene injerencia o responsabilidad alguna en las reglas de operación para el manejo de reos, traslado y mucho menos en la organización del sistema penitenciario, toda vez que esas son facultades expresas del Gobierno del Estado, según se enmarca en el artículo 79, fracción XXVI de la Constitución Política del Estado de Puebla”.

Lo cierto es que hasta ahora a los únicos que se ha responsabilizado penalmente es al director del penal y a un grupo de custodios, de quienes en las próximas horas se definirá su situación jurídica, cuando se les determinen el proceso penal en su contra en prisión o libres.