Roberto Alonso*

Con las debidas distancias, la discusión que tuvo lugar en la Cámara de Diputados a propósito de la reforma política podría ser un adelanto de la tónica que adquirirá la disputa por la Presidencia de la República y de la disyuntiva en la que podría ubicarse ésta: el resurgimiento del pasado autoritario, clientelar y corporativo -en muchos ámbitos todavía intacto- o la apuesta por una tercera vía que tome distancia tanto de esta amenaza como de la fallida estrategia de seguridad emprendida por la actual administración.

El panorama, ciertamente, pinta más complejo, no obstante, la elección presidencial del próximo año podría reducirse a tal simplificación debido a la ventaja que los ejercicios demoscópicos revelan de parte del ex gobernador del Estado de México y aspirante a Los Pinos, Enrique Peña Nieto, por sobre el resto de aspirantes.

Ante algunos planteamientos como el del gobierno de coalición y las críticas lanzadas en el círculo rojo a la cláusula de gobernabilidad como mecanismo artificial para la construcción de mayorías en la Cámara de Diputados, Peña Nieto se vio obligado en días pasados a recular en este sentido sustituyendo su propuesta original con la eliminación del tope a la sobrerrepresentación del 8% y la reducción de 100 diputados de representación proporcional, sello característico del pluralismo político del recinto legislativo referido y de la oposición como baluarte democrático.

Con datos duros, a decir de José Antonio Crespo, esta nueva fórmula tiende a generar una mayor sobrerrepresentación que la que podría derivar de la cláusula de gobernabilidad, en detrimento del pluralismo. José Woldenberg, por su parte, criticó también la medida destacando que México no requiere de magos ni exorcistas, sino de políticos capaces de asumir el pluralismo como un bien y buscar la forma de sumar voluntades desde esa realidad.

En estricto sentido, esta es la divisa de Peña Nieto en términos políticos, expresada casi en las postrimerías del debate sobre la reforma política. Sin embargo, a juzgar por el comportamiento de los diputados priistas cercanos al ex gobernador mexiquense, el rechazo a la reelección de legisladores y el falaz diseño de la consulta popular impulsada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y refutada por el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) son también elementos de la nugatoria reforma política defendida por el partido tricolor, en alianza con el Partido Nueva Alianza (PANAL) y el Partido Verde Ecologista Mexicano, fuerzas políticas que han obstaculizado notoriamente la transición democrática.

Dicha alianza tripartida, encabezada por el PRI, podría convertirse en la mayor amenaza contra la democracia a manera de eje que tácitamente equivaldría a mantener incólumes a dos poderes fácticos que han frenado el desarrollo del país: el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), instancia que ha frenado una verdadera transformación educativa en México; y el duopolio televisivo, como estructura que ha capturado el espacio y debate públicos. En justicia, hay que decir que la inmunidad de estos poderes fácticos ha sido favorecida también por los partidos políticos que constituyeron el bando opositor a este eje defendiendo, entre otros puntos, la reelección legislativa como un mecanismo de rendición de cuentas del que únicamente carecen, en América Latina, dos países: México y Costa Rica.

Contrario a lo que parece ser la opinión mayoritaria como resultado de una equivocada comprensión al respecto, la reelección legislativa tiene de acuerdo con Miguel Carbonell, entre otras ventajas, las siguientes: permite crear una relación entre el representante y sus electores con capacidad de trascender al momento de las campañas electorales, toda vez que el legislador sabe que al finalizar su período debe rendir cuentas a sus representados para mantenerse en el cargo; fortalece la responsabilidad de los legisladores en el entendido mismo de tener que presentarse nuevamente ante sus electores tras haber sido elegido; y profesionaliza a los legisladores al permitir una carrera legislativa y un mejor conocimiento tanto de la dinámica parlamentaria como del marco normativo.

La reelección de legisladores e incluso de alcaldes, de hecho, existe pero de manera no consecutiva. En el Congreso de la Unión existen varios ejemplos de diputados o senadores que se han desempeñado como tales más de una vez, no obstante, esta práctica ha permanecido ajena a procesos de rendición de cuentas basales en una democracia.

A lo más que llegó la alianza comandada por el PRI fue a someter el tema de la reelección de legisladores a una engañosa consulta popular, no concurrente con las elecciones federales y sujeta a una participación ciudadana del 25% de la lista nominal de electores, que equivale a 20 millones de votantes, para tener efectos vinculatorios ante los poderes Ejecutivo y Legislativo del orden federal. Con la oposición del PAN y del PRD a esta tramposa arquitectura, el PRI ha intentado sacar provecho de esta posición señalando que panistas y perredistas sepultaron el mecanismo de la consulta popular. Lo cierto es que dicha herramienta de participación ciudadana está considerada en la minuta de reforma política que volverá a ser analizada en el Senado luego de la participación de la Cámara de Diputados en el proceso legislativo, como bien lo explica el diputado Javier Corral.

A la reelección legislativa y a una efectiva y trascendente consulta popular, el PRI, el PANAL y el PVEM dijeron que no. El saldo del nuevo PRI, así, es inequívoco: se trata del PRI de siempre. Aunque la fachada sea distinta, las columnas, las trabes, los muros y las losas son los mismos que impidieron un régimen democrático de libertades y una potente participación ciudadana como desenlace de una cultura política vigorosa que, en contraste, fue atrofiada.

Desde este mirador, las preguntas que le plantea Denise Dresser a Peña Nieto son de completa pertinencia. “¿Tu oposición a la reelección legislativa no revela tu oposición a un mecanismo que existe en todas las democracias para garantizar la representatividad y la rendición de cuentas?” “¿La idea de proponer una “consulta” popular sobre este tema no es una forma tramposa de eludir el tema, sabiendo que los mexicanos fueron indoctrinados históricamente por tu partido a oponerse a algo que les convendría?” Y la más honda: “¿Para qué quieren tú y el PRI regresar a Los Pinos?”

*@rialonso es secretario del Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI). Comunicólogo de formación, maestrante en Políticas Públicas y apasionado del derecho de la información y del periodismo. Participa en el Nodo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de Actívate por Puebla y es miembro del consejo consultivo del observatorio de transparencia Con los Ojos Abiertos.

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