Juan Luis Hernández*

Nepomuceno Moreno de 56 años fue asesinado en Hermosillo Sonora el lunes 28 de noviembre. “Yo no me voy a calmar, prefiero que me maten a bajarle”, habría dicho. Sucedió lo primero a pesar de que su casa era cuidada por elementos del ejército ante las amenazas de muerte que cargaba en sus espaldas. Durante el último año, el señor Moreno era militante del movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y buscaba a su hijo desaparecido. Un caso similar al de Maricela Escobedo en Chihuahua, los padres que dejan su vida para buscar justicia para sus hijos y cuyo resultado es el asesinato, impune.

¿El caso del señor Nepomuceno es aislado en la realidad nacional? ¿o forma parte ya de un proceso generalizado en nuestro país?. Una respuesta la podríamos encontrar en el reciente reporte sobre México de Human Rights Watch que lleva como título “Ni Seguridad ni Derechos: ejecuciones, desapariciones y tortura en la ‘guerra contra el narcotráfico’ de México”. Veamos algunas estractos de este informe:

1. Tras un descenso sostenido que se mantuvo durante casi dos décadas, la tasa de homicidios aumentó más del 260 por ciento entre 2007 y 2010
2. En lugar de adoptar las medidas necesarias para reformar y fortalecer las deficientes instituciones de seguridad pública de México, Calderón decidió emplearlas para llevar adelante una “guerra” contra organizaciones delictivas que ostentaban cada vez mayor poder en el país.
3. Human Rights Watch pudo observar que existe una política de seguridad pública que fracasa seriamente en dos aspectos. No sólo no ha logrado reducir la violencia, sino que además ha generado un incremento drástico de las violaciones graves de derechos humanos, que casi nunca se investigan adecuadamente. Es decir, en vez de fortalecer la seguridad pública en México, la “guerra” desplegada por Calderón ha conseguido exacerbar un clima de violencia, descontrol y temor en muchas partes del país.
4. Los patrones de violaciones de derechos humanos que se advierten en los relatos de víctimas y testigos, el análisis de datos oficiales y las entrevistas con autoridades gubernamentales, funcionarios vinculados con la seguridad pública y organizaciones de la sociedad civil sugieren fuertemente que los casos documentados en este informe no constituyen hechos aislados. Se trata, por el contrario, de ejemplos de prácticas abusivas que son endémicas en la actual estrategia de seguridad pública.
5. Human Rights Watch obtuvo pruebas creíbles de tortura en más de 170 casos en los cinco estados relevados en el presente informe.
6. Human Rights Watch documentó 39 “desapariciones” en las cuales existen pruebas contundentes de que habrían participado las fuerzas de seguridad.
7. En 24 casos, Human Rights Watch obtuvo pruebas creíbles de que miembros de las fuerzas de seguridad cometieron ejecuciones extrajudiciales, y en la mayoría de los casos, intentaron encubrir los delitos.
8. La mayoría de las víctimas en los casos documentados por Human Rights Watch eran hombres jóvenes de origen humilde o de clase trabajadora. Muchos tenían familia e hijos pequeños. Tenían diferentes ocupaciones; se trata de mecánicos, conductores de taxi, empleados de fábricas y trabajadores de la construcción. Entre las víctimas también se incluyen policías, mujeres y niños, y algunos profesionales asalariados y personas de clase alta, como un profesor universitario y un arquitecto.
9. Es habitual que agentes del Ministerio Público militar y civil no lleven a cabo investigaciones exhaustivas e imparciales de casos donde existen indicios de que civiles habrían sido sometidos a graves abusos.
10. La decisión de no investigar denuncias de abusos y violaciones de derechos humanos constituye una abdicación por parte de México de sus obligaciones jurídicas internacionales en materia de derechos humanos, que obligan al Estado a investigar denuncias creíbles de abusos. No obstante, prevalece en México una práctica perversa por la cual se obliga habitualmente a las víctimas a probar que sus derechos fueron cercenados. (Ni seguridad ni derechos: ejecuciones, desapariciones y tortura en la “guerra contra el narcotráfico” de México”. Human Rights Watch, 2011, pp: 4-16).

El informe de HRW es un trabajo de campo de dos años cuyas conclusiones hablan por sí mismas, un Estado que no quiere en muchos caos y que no puede, en otros, hacer cumplir la ley y el Estado de derecho.

Este informe es el estudio más serio y completo que hay sobre las consecuencias de la estrategia de Calderón contra el crimen organizado. No se trata ni de una opinión ni de una investigación superficial. Es un reporte serio, con datos duros y construcción de datos impecable. A un año que termine la gestión calderonista es la primera evaluación claramente reprobatoria del principal esfuerzo gubernamental a nivel federal medido en recursos financieros, mediáticos y políticos.

Ahora bien, regresemos a las preguntas de inicio ¿lo que le ha ocurrido al señor Nepumuceno es un caso aislado o forma parte de un proceso generalizado en el país? El reporte de HRW sugiere que es ya una práctica generalizada en el país y eso ha dado pie para que un grupo de ciudadanos mexicanos hayan llevado los resultados de la guerra de Calderón contra el narco a la Corte Penal Internacional (CPI). ¿Es desmedida, fuera de lugar y desproporcionada esa acción? ¿Calderón merece un juicio internacional por su estrategia fallida y sus resultados?.

La CPI que tiene su sede en la Haya opera desde 2002 con el amparo legal del Estatuto de Roma que han signado 119 países en el mundo, entre ellos México (2005), pero que Estados Unidos, Rusia, China e Israel, se han negado a hacer. La Corte tiene la misión de juzgar a personas, no Estados ni gobiernos, por haber cometido crímenes tales como genocidio, de guerra y de lesa humanidad.

Las más de 23 mil firmas que acompañan la petición para que la CPI juzgue a Calderón y a los secretarios de la Defensa, Marina y de Seguridad Pública, hasta donde se sabe, no contemplan el genocidio, sino los delitos de lesa humanidad. La Presidencia ha respondido también desproporcionadamente al amenazar con respuestas legales contra los ciudadanos que interpusieron la demanda en la CPI. El gobierno de Calderón se dice calumniado.

La pregunta que aparece en la arena pública no es si Calderón debe o no ser juzgado internacionalmente, sino mas bien, si los ciudadanos mexicanos, hartos de la impunidad nacional y del Estado fallido que aparece por doquier podemos interponer demandas internacionales contra los titulares de ciertas instituciones públicas por el resultado de sus acciones. La pregunta esencial es si los mexicanos podemos y debemos acudir a instancias internacionales para tener justicia cuando las instituciones mexicanas fallan en procurarla.

Si Calderón debe o puede ser juzgado en la CPI no es la pregunta relevante porque ello será fácilmente dilucidado tanto por el derecho internacional como por el criterio jurídico de la propia CPI. Si como dicen la mayoría de los juristas mexicanos que han dado su opinión en los últimos días, la demanda para juzgar a Calderón en la CPI es notoriamente improcedente, ¿por qué la preocupación de la Presidencia y su respuesta beligerante? ¿si la acción de los ciudadanos mexicanos ante la CPI es notoriamente improcedente, por qué la amenaza del gobierno federal contra los que buscan justicia afuera del país?.

Parece que en efecto la demanda contra Calderón en la CPI es improcedente. No obstante, sí pone de realce una estrategia gubernamental fallida que en lugar de mejorar las condiciones de accesibilidad a la justicia en México, ha sucedido todo lo contrario, ni seguridad ni derechos, lo ha dicho con fundamento HRW.

México vive días amargos en su historia. Son días de emergencia nacional ante la impunidad rampante en el país. Lo único que salva las malas noticias es la buena noticia de miles de mexicanos que ya se están organizando en una sociedad civil más vigorosa para enfrentar los desafíos de nuestra realidad. Los 23 mil demandantes ante la Haya están haciendo uso de la única arma que tenemos los ciudadanos, la libertad de conciencia. Sus acciones son pacíficas y legales. Pueden ser ampliamente criticadas, pero cuando un gobierno quiere encarecer las acciones ciudadanas y hacerlas lo más costosas posibles, estamos entonces ante un perfil típico de autoritarismo. Esperemos que no sea el caso.

Politólogo. Profesor de tiempo completo de la Ibero Puebla.

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