365 millones de pesos fue el gasto total en 2025 de la Dirección de Comunicación Social y Agenda Digital del gobierno del estado, vamos la oficina encargada de la promoción en la administración de Alejandro Armenta.

365 millones de pesos. Pongámoslo así en promedio un millón de pesos al día. Es decir que se gastó el recurso para comprar unas 400 casas de interés social (pensando en promedio de 900 mil pesos por casa, aunque hay casas de esa gama por debajo de ese precio) para que sus boletines se repliquen en todos los espacios noticiosos de Puebla, menos en los independientes, autogestivos o aquellos que tienen guerra declarada a las autoridades actuales (o sea, TV Azteca, pues).

La cifra ya se las había dado a conocer en la entrega pasada, pero eso no limita que suene escandalosa, sobre todo por la opacidad que rodea al gasto como les conté la vez pasada. ¿Es demasiado? Revisemos otros datos para dimensionarla.

Empecemos por el presupuesto aprobado. De acuerdo con los datos de la cuenta pública las y los diputados autorizaron un gasto de 130 millones de pesos en números cerrados, y terminaron gastándose 170 por ciento más. Es decir, el doble y un poco más.

El problema con ese dato es que año con año el presupuesto que aprueba el Congreso siempre está muy por debajo del gasto final, como se puede ver en la gráfica, pero lo cierto es que la diferencia del 2025 es la más alta de los últimos siete años revisados para esta entrega.

Veamos entonces cuánto se gasta anualmente la Dirección de Comunicación Social y Agenda Digital para tener otro referente. 

La información de la cuenta pública nos dice que en 2019 se gastaron 182 millones, y para 2020 se disparó a 341 millones, luego fueron 349 en 2021 (años en que Verónica Vélez estuvo al frente de la comunicación con el perredista Luis Miguel Barbosa, y por lo visto gastó a manos llenas). En 2022 el gasto vino a menos y sólo erogaron 235 millones (dato extra: casi mil millones de pesos gastó Barbosa en los tres años que duró su gobierno). 

En los siguientes dos años, con Sergio Salomón al frente, la cifra se mantuvo al mismo nivel: 273 mdp en 2023 y 275 mdp en 2024. Más de 500 millones en el periodo del hoy titular del Instituto Nacional de Migración.

Y con la llegada de Alejandro Armenta, el gasto volvió a dispararse como ya vimos. 

Nominalmente se trata de la cifra más alta desde el inicio de los gobiernos de Morena. 365 millones, repito la cifra para que no se pierda de vista.

Ahora, si consideramos que entre el pico de 2021 y el gasto del año pasado hay un incremento inflacionario del 25 por ciento, de acuerdo con la calculadora del INEGI, podemos decir que Barbosa gasto más, y  que la cifra de Armenta no es tan alta como parece en el comparativo, pero no deja de ser una cifra alta en el escenario del gasto publicitario. La segunda más alta.

Podemos llegar a la conclusión de que Barbosa y Verónica Vélez gastaron más, pero que Armenta y su equipo de comunicación, que hoy es uno y mañana otro más, está pujando por no quedarse atrás.

Lo que Barbosa y Armenta tienen también en común es su omisión en debatir públicamente el tema, de establecer un piso parejo para los medios y, sobre todo, de mantener la política de la zanahoria y el garrote con los medios a través de los contratos publicitarios.

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Sicom al alza

El gasto publicitario de Armenta no es el único indicador de los montos millonarios que la administración en turno le ha inyectado a la política de comunicación. 

Vamos de nuevo con la información de la cuenta pública y ahí veremos dos cosas, primero que igual que con el gasto directo de la Dirección de Comunicación Social y Agenda Digital, el Sistema de Información y Comunicación (Sicom), es decir la radio y televisión estatal, disparó su gasto con respecto a lo que el Congreso le aprobó al inicio del año.

Vamos a los datos, para 2025 el Congreso le aprobó un presupuesto de 81.9 millones de pesos y terminó gastándose 228.7, esto significa 179 por ciento más. Vamos casi triplicó el gasto aprobado.

Lo otro que podemos decir es que los dos gastos sumados de las dos entidades de gobierno nos dan 594 millones de pesos en la política de comunicación oficial, de acuerdo con los datos oficiales.

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El poder judicial y su medio favorito

“No sabía que el poder judicial ejercía recursos de Comunicación Social”, me dijo una colega que hoy lejos del trabajo reporteril asesora en temas de comunicación a quien lo necesite.

Sí lo hace pero en montos muy muy menores al gasto del Ejecutivo o el Legislativo. Y lo hace con un sólo medio: Imagen Televisión a través de la razón social Eminus.

Antes de seguir déjenme retomar unos párrafos de un artículo publicado hace unos días en el Latam Journalism Review del Knight Center.

“En una cafetería del centro de Xalapa, la capital de Veracruz, políticos y empresarios se han reunido durante décadas para tomar el tradicional café con leche bien caliente. En los últimos años, esa cafetería también se ha convertido en un punto de encuentro para periodistas que buscan trabajo”.

“La periodista Quetzalli Vázquez ha visto en esa cafetería una escena que se repite cada vez más: reporteros que desde temprano llegan a esperar a ciudadanos que hacen alguna denuncia pública. A cambio de publicarla en sus medios digitales — principalmente páginas informativas en redes sociales — les cobran una cuota. En general cobran de 200 a 500 pesos (12 a 29 dólares).”

“Los bajos salarios, sumados a la desaparición de empleos estables y a la falta de prestaciones, están empujando a un sector del periodismo local en los estados mexicanos de Veracruz y Oaxaca hacia estrategias de supervivencia que están transformando el oficio. Políticos y funcionarios locales también pagan por entrevistas o cobertura en sus conferencias de prensa”.

“Periodistas de esos estados coinciden en que estas dinámicas responden más a la necesidad que a una convicción. Y advierten que están desdibujando las fronteras entre periodismo, propaganda y relaciones públicas, al tiempo que plantean nuevos dilemas éticos para una profesión golpeada por la precariedad.”

Eso dice el texto y se puede seguir leyendo acá.

Bueno, lo cierto es que eso no pasa sólo en las esferas de la precarización. El contrato que el Poder Judicial poblano me entregó muestra que en 2025 lo que pagaron fue un acuerdo publicitario que lo mismo solicita espacios publicitarios (cintillo y menciones) que “notas informativas, reportajes y entrevistas”.

De acuerdo con el anexo del contrato del año pasado, el acuerdo con Imágen fue por 7 notas de 40 segundos, 7 reportajes de 90 segundos y 7 entrevistas de 4 minutos en los noticieros matutino y vespertino de mayor impacto.

La venta de “periodismo publicitario” no es un tema sólo de precariedad laboral.

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Para no hacer más largo este boletín de noticias, en la siguiente entrega les cuento de los gastos en comunicación social del Congreso del estado. Bueno, sólo los del 2024, que fueron los únicos que se han hecho públicos hasta el momento.

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