Debo reconocer que llevo años equivocada, y esa equivocación la he compartido de manera reiterada en talleres, pláticas, asesorías y demás ocasiones en las que he dialogado sobre los procesos de elaboración de solicitudes de información. 

Quienes me conocen —que tal vez no sean muchos de quienes leen estas líneas— saben que hacer solicitudes de información por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia es una de mis adicciones, no puedo decir que sea mi especialidad porque sé que me faltan mejorar muchas cosas, pero soy la loca que checa su cuenta tres veces al día para ver si ya le contestaron algo.

Es por eso que hace unos días, cuando me di cuenta del error en el que he estado los últimos seis años, entré un poco en crisis y decidí arrancar este espacio, donde estaré comentando temas diversos próximamente, con un ejercicio de mea culpa.

Para explicar mi error, primero tenemos que remontarnos un par de años atrás. En mayo de 2015 se publicó la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información en México, lo cual representó un hecho de suma importancia para la garantía de este derecho humano en el país, ya que, al tratarse de una ley general, esta era de aplicación en toda la república, además que sentaba el piso mínimo que tendrían que incluirse en las leyes de cada uno de los estados, poniendo así orden en los sistemas de transparencia a nivel nacional, pues antes se trataba prácticamente de una tierra de nadie; cada entidad federativa tenía sus mecanismos de acceso, sus plazos, sus obligaciones y sus lineamientos. Pero con esta ley general se buscó cambiar eso y homologar todas las normativas para que se fuera por un mismo camino.

Hasta ahí todo bien. Sin embargo, si leen con calma el párrafo anterior, se podrán dar cuenta que puse unas palabras clave que, a pesar de que yo misma las he dicho en numerosas ocasiones, no me había dado cuenta de lo significativas que son: “piso mínimo”.

Y es ahí donde viene mi reconocimiento de culpa. En la Ley General se estableció que los sujetos obligados tienen un plazo de 20 días hábiles para responder las solicitudes de información que haga la ciudadanía, con posibilidad de pedir una prórroga de 10 días, tiempos que se fijaron de manera similar en la ley en la materia del estado de Puebla, que se publicó en 2016. 

De ahí que, en mi cabeza, hice la conexión de que en todos los estados se habían retomado los mismos plazos de la ley general, y que en todo el país estos eran “los tiempos de la transparencia”, pero ¡oh, qué sorpresa me di hace unos días!

Por un tema que ando trabajando metí unas solicitudes a autoridades de los 32 estados de la república, cosa que no había hecho en mucho tiempo. Una vez que las registré, saqué mis cuentas con base en los plazos antes referidos y esperaba mis primeras respuestas a principios de agosto. Pero de pronto, un estado me contestó en tres días, otro en cinco, otros en ocho, lo cual me generó una confusión bastante agradable (mejor que contesten antes a que nunca atiendan la solicitud).

Para entender qué pasaba, descargué todos los acuses de las solicitudes y me eché un clavado en las leyes de los estados (ya saben, como una hace cuando está aburrida), y logré ver de manera clara mi error. Los 20 días de la Ley General, como dije, eran el piso mínimo, pero hubo leyes en las que se fijaron plazos menores, para garantizar dar respuestas prontas a las peticiones ciudadanas.

Son 10 los estados que sí se sujetaron a los plazos de la Ley General: Campeche, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, Tamaulipas y Zacatecas. Del resto, la mayoría fijó entre 10 y 15 días para dar respuesta a las solicitudes, con posibilidades de prórrogas.

Foto: Marlene Martínez

En Guanajuato es donde menos se debe esperar para recibir la información requerida a las autoridades, pues por ley los sujetos obligados deben responder en cinco días hábiles, con posibilidad de pedir tres adicionales para la búsqueda de los documentos, es decir, en ocho días hábiles las solicitudes deben ser atendidas.

Hay otros casos como Sonora, donde en la ley no se incluyó la posibilidad de ampliar el plazo para responder las solicitudes, por lo que estas deben ser atendidas en 15 días hábiles. Otros donde las prórrogas son de entre cinco y siete días, y así varias particularidades en cada una de las entidades.

Así que, después de ver esto, no me queda más que pedir disculpas a todas aquellas personas a las que les he mentido, a las que les he dicho que sus solicitudes iban a tardar 20 días, a pesar de que en sus estados tienen plazos más reducidos (pero deben reconocer que fue padre cuando la información les llegó antes de lo esperado, ¿no?). Para que no haya fallas o dudas futuras, les comparto los plazos que corresponden a cada estado, para que ahora sí tengamos claros estos tiempos variados de la transparencia. 

Pst pst… antes de que se vayan, quisiera explicarles un poco de este nuevo espacio en el que me invitaron a participar con el relanzamiento de LADO B. Aunque arranco con temas de transparencia, que es mi mero mole, no sólo hablaré de esto. Aquí platicaré con quien guste leerme sobre diversas cuestiones, cosas de actualidad, temas que me muevan, que me enojen, que me hagan reflexionar o incluso de mis propios errores. Como el nombre de este espacio lo dice, la idea es dialogar sin reserva, sin tapujos y sin medias tintas.

*Foto de portada: Marlene Martínez