Se cumple un año de confinamiento por la COVID-19. Un año que ha llegado a transformar nuestras vidas y que, si bien con la llegada de las vacunas pareciera verse la luz al final del túnel, aún estamos a varios meses (si no es que años) de recuperar la normalidad que disfrutábamos previo a aquel “puente de primavera” de marzo de 2020.

Estos 12 meses han tenido repercusión no solo en materia de salud, educación y economía, sino también en otras áreas quizá menos visibles. A manera de balance-reflexión, aquí cuatro puntos en torno al derecho a la información:

La conferencia de las 7

 La conferencia de prensa vespertina inició siendo un ejercicio de comunicación claro y oportuno ante un escenario que era muy incierto durante las primeras semanas. Sintonizarla era una oportunidad de estar al tanto no solo del avance de contagios y decesos por COVID-19, sino también de las medidas y estrategias implementadas por el Gobierno Federal para la atención de la pandemia, teniendo como punto más claro las Jornadas de Sana Distancia y al subsecretario Hugo López-Gatell como el gran personaje (el héroe). 

También puedes leer: #DefendamosAlINAI: una mirada desde los estados

Con el paso de los meses, este ejercicio que parecía dotarnos de información confiable, clara y oportuna —elementos del derecho de acceso a la información— poco a poco fue perdiendo confianza con cifras que parecían no cuadrar; cambios constantes en las metodologías para la obtención de la información, por ejemplo, la vigilancia centinela; mensajes poco claros o incluso contradictorios, como en el caso del uso de las mascarillas; la eterna promesa de aplanar la curva y verlo gráficamente; o el día del pico máximo de contagios. Incluso, pasó de ser un espacio de información a una plataforma de golpeteo político contra adversarios y medios críticos.

Los datos oficiales

Parte esencial de la conferencia vespertina es la difusión de datos “oficiales” sobre contagios, decesos, ocupación hospitalaria, entre otros más. Sin embargo, la capacidad de documentación y registro del Gobierno Federal se vio rebasada con el avance de la pandemia —un ejemplo, los múltiples casos registrados de “neumonías atípicas” en lugar de confirmaciones de COVID—, sumado a los cambios metodológicos implementados, provocaron cierta desconfianza en el número oficial de casos.

A un año, esos datos oficiales, particularmente sobre contagios y decesos, son el piso mínimo de la magnitud de la pandemia. Rebasados por otros ejercicios de información desarrollados desde la academia y medios de comunicación, algunos hablan de que por cada caso registrado de manera oficial, habría que sumarles dos o tres no oficiales. Nuevamente la información clara, confiable y de fácil acceso se vio limitada.

Transparencia y acceso a la información

El Sistema Nacional de Transparencia también fue puesto a prueba en la garantía del acceso a la información en tiempos de contingencia. A un año, es claro que no hubo una estrategia nacional para la elaboración de criterios y mecanismos para la atención de las solicitudes de acceso a la información pública, principalmente aquellas relacionadas con la pandemia. Si bien, a nivel federal, el INAI sí implementó acciones como la distinción de sujetos obligados esenciales y no esenciales o la puesta en línea de portales de transparencia proactiva; a nivel estatal, la respuesta por parte de los órganos garantes fue dispar. Hoy, por ejemplo, en Puebla aún hay Sujetos Obligados que siguen sin contestar solicitudes de información. Así, el acceso a la información, desde los órganos encargados de garantizarla, también tuvo sus limitaciones.

Acceso a las TIC

Foto: Freepik

Uno de los primeros retos que se presentaron con la pandemia fue la migración del Sistema Educativo Nacional, tanto público como privado, a los espacios virtuales. Las brechas en el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, incluido internet, quedaron en evidencia en los primeros días, sin que hasta el momento se haya implementado alguna política que ayude a conectar a más personas. De acuerdo con datos publicados recientemente por el INEGI, de los más de cinco millones de alumnos que no se inscribieron al curso escolar actual, 21.9 por ciento fue por carecer de computadora, otro dispositivo o conexión de internet.

Mismo caso ocurrió en semanas recientes con la puesta en marcha del portal de registro para la vacuna contra la COVID, donde no solo el portal colapsó, sino que, para la población meta pudiera registrarse, fue necesaria la participación de otras generaciones. Según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (Endutih) 2019, en la población de 55 años y más, solo el 34.7 por ciento es usuaria de internet.

Estos son unos pequeños ejemplos de las vulneraciones al derecho a la información que se han presentado en este año de pandemia. Vulneraciones que, como en el caso del derecho de acceso a las TIC, tienen repercusión en la garantía y disfrute de otros derechos como a la educación y la propia salud. El cumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones para garantizar el derecho a la información es fundamental en estos tiempos y más necesario que nunca. No sabemos aún cuándo termina este confinamiento, lo que si sabemos es que para afrontarlo necesitamos acceso a información clara y oportuna. Sin ella, nada.

*Foto de portada: Burst | Pixnio