Hace unas semanas el gobernador Alejando Armenta dio a conocer que un par de desarrolladores de vivienda le había donado al gobierno de Puebla 9.5 hectáreas de terreno y que ahí construirían vivienda para personal de seguridad pública del estado.
Así lo consignó el boletín: “Durante la mañanera el mandatario estatal destacó el humanismo de los representantes de la inmobiliaria Ciudad Maderas, ya que aseguró que cuando se tienen empresarios socialmente responsables e inclusivos, de la mano del Gobierno se genera bienestar y desarrollo en beneficio de la población y de los grupos vulnerables en la entidad.
“El gobernador recordó que con las hectáreas donadas por Grupo Haras y la inmobiliaria Ciudad Maderas al Gobierno del Estado al momento suman 9.5 hectáreas para la edificación del desarrollo habitacional con enfoque social. En este sentido el titular del ejecutivo señaló que se van a seleccionar a las y los elementos policíacos con mayor antigüedad, para que puedan recibir un pie de casa ecológico”.
El anuncio se dio en medio del conflicto de imagen pública que enfrentó el gobierno de Armenta al confrontarse con la inmobiliaria propietaria del desarrollo Lomas de Angelópolis, propiedad de las familias Posada y Aspe, por un terreno de dos hectáreas que la administración estatal le había solicitado en donación a la empresa, y esta le respondió que se los vendía.
Que se queden con sus terrenos, básicamente les dijo, para que no se fueran a quedar “en pobreza extrema”.
También puedes leer: Una luz opaca, opaquísima
El pequeño detalle en la donación recibida es que la inmobiliaria queretana Ciudad Maderas, y su socio mayoritario, Gastón Jury Arce, arrastra tras de sí señalamientos de irregularidades en los terrenos que vende.
En febrero pasado el reportero Zósimo Camacho publicó en las páginas de Diario Red, un portal de noticias español orientado a la izquierda que recién estrenó edición latinoamericana, un reportaje basado en un informe del Registro Nacional Agrario (RAN) sobre los acaparadores de tierra en México.
El documento, dice el reportero, ejemplifica el acaparamiento de tierras registrado por el RAN con el caso de Jury Arce, «a quien se identifica como “uno de los empresarios inmobiliarios más conocidos, sobre todo, en la zona del Bajío”».
Sigue la publicación: “Como parte de su modus operandi, identificado por el RAN, el empresario vende terrenos que ni siquiera salen aún del régimen ejidal. Incluso instala módulos en centros comerciales en varias ciudades del país, incluida la Ciudad de México, para ofertar residencias de alto valor en áreas naturales protegidas.
“Entre los ejemplos de ‘actuación fraudulenta’ de Jury Arce, el documento cita la obtención del carácter de ‘avecindado’ de manera simultánea en los ejidos San Cristóbal y San Bartolomé Aguascalientes, ambos del estado de Guanajuato. Para ser reconocido con tal estatus, que le permite adquirir parcelas, el beneficiario debe haber residido de manera permanente e ininterrumpida por, al menos, un año en el núcleo agrario.
“En realidad, el empresario inmobiliario nunca residió en alguno de los dos ejidos. El reconocimiento de ‘avecindado’ en ambos núcleos sólo pudo obtenerse mediante asambleas manipuladas. De entrada, no podría vivir de manera permanente e ininterrumpida en dos ejidos a la vez”.
En Puebla no hay señalamientos de ese tipo. Lo que sí hay son dudas sobre la legalidad de los terrenos que oferta a través de la razón social Valle de los Mezquites SA de CV, en donde el socio principal es Jury Arce de acuerdo con documentos del Registro Público del Comercio en manos de este reportero.
Y hay dudas pues en respuesta a una solicitud de información el ayuntamiento de Cuautinchán, en donde se ubica el desarrollo “Ciudad Maderas Hacienda Puebla”, reconoció no tener ningún permiso extendido a la empresa Valle de los Mezquites SA de CV relacionados con el desarrollo. Y que tampoco hay algún permiso en proceso o pendiente de entregar relacionado con el proyecto de Ciudad Maderas o la razón social citada.
Ahora, la desarrolladora Ciudad Maderas no tiene una sola razón social. Por ejemplo, el aviso de privacidad de la página oficial de la empresa señala como responsable del manejo de los datos personales a Fraccionadora La Romita SA DE CV.
Pero, un “contrato de compraventa con reserva de dominio” que está en línea, confirmado con un lector de este boletín que tiene acceso a otros contratos, confirma que Valle de los Mezquites es la razón social que está operando y comercializando el desarrollo poblano.
¿El gobernador no sabía que esos terrenos no tienen permisos municipales?
Ojalá que las hectáreas que le donaron al gobierno de Puebla sí estén regulares.
***
Y la busqué para entender hasta qué punto la situación con Ciudad Maderas podría ser irregular, y básicamente me dijo la empresa está, de momento vendiendo humo, pues en su contrato reconocen que no tienen permisos.
En su contrato establecen que se trata de una «compraventa con reserva de dominio sujeta a condición suspensiva«.
El documento establece en las declaraciones del vendedor que todo está en el aire, pues básicamente el terreno comprado puede ser modificado tanto por el desarrollador como por las autorizaciones emitidas por el municipio correspondiente “la ubicación, la superficie, medidas y colindancias del inmueble señalado en la declaración anterior, así como la nomenclatura o el número definitivo del mismo, así como las rutas, caminos y accesos al Desarrollo Inmobiliario “Ciudad Maderas Hacienda Puebla”” (…) por lo que, con motivo de ello, el inmueble puede sufrir afectaciones y/o servidumbres libres de construcción”.
O sea que de certezas ni hablamos, pues en el documento también dicen que el permiso para vender el terreno está en proceso.
Me dice Assenet:
–Pues qué cañón que alguien compre bajo estas condiciones. Te vendo un futuro que no sabemos si suceda. Hasta eso me parece que cínicos no son, básicamente venden sin ninguna clase de permiso y así lo declaran.
Y agrega: Las personas compradoras deberían cerciorarse, de entrada, si el uso de suelo es habitacional. Mínimo.
***
México es un país que detona.
En los últimos tres años y cachito (enero 2022-marzo del 2025) se han decomisado casi 11 mil artefactos explosivos improvisados. Y han aparecido en todos los estados del país, aunque Michoacán y Sinaloa son los epicentros en su uso por parte de grupos criminales.
Estos son los datos que me entregó hace unas semanas la Secretaría de Seguridad Pública. Información que sólo la dependencia federal entregó, pues la Fiscalía salió con su batea de babas de que no tenían información:
Los decomisos empezaron a partir del 2022. En ese año se detectó e inmovilizó un artefacto explosivo en el municipio de Chiautzingo, que se ubica entre Texmelucan y el Estado de México. En el 2023 se decomisaron 6 artefactos explosivos, casi todos ellos en municipios de alta incidencia en el robo de combustible o huachicol: Texmelucan (1), Libres (1), Tepeaca (1), Acatlán de Osorio (1) y Tecamachalco (2). En 2024 fueron cuatro artefactos en dos municipios Puebla (1) y Honey (2) y en 2025 repitió la capital poblana con uno más.
En síntesis, un municipio de la Sierra Norte se ubicó con el mayor número de decomisos: Honey, y la capital poblana repitió decomisos en dos años 2024 y lo que va del 2025.
Son datos mínimos, comparado con lo que pasa en estados como Sinaloa, en donde la guerra interna del Cártel del Pacífico, ha llevado a decomisar hasta 3 mil artefactos en una sola operación, prueba del nivel y volumen de producción de explosivos que tienen al interior del cártel.
Pero pocos no es igual a nada, como dice la Fiscalía, pues ellos dicen que tiene 0 registros de la información que se le solicitó, que fue la misma y en los mismos términos que se le pidió a Seguridad Pública.
***
Otras historias del Lado Oscuro
Detiene FGR a Juan Carlos Minero, accionista de Black Wallstreet Capital
Quinto Elemento Lab y medios aliados revelaron a finales de 2023 en NarcoFiles que Minero estaba relacionado con una red criminal investigada en Europa; ahora se confirma la existencia de una investigación en México por delincuencia organizada y lavado de dinero.
El despojo de clase mundial de la CFE en tierras zapotecas
Con mentiras, contratos nulos y amenazas la empresa de clase mexicana construyó una subestación eléctrica que recibe, transforma y distribuye la energía de 29 parques eólicos en Oaxaca.
En una de cada tres escuelas alumnos consumen agua contaminada en México
La falta de control y medidas preventivas pone en riesgo la salud de infantes y adolescentes por la presencia de arsénico, flúor y plomo en niveles que exceden las normas.
