Entre quienes creen que los cargos públicos son un patrimonio personal, la costumbre es que quien gobierna define a partir de intereses y ocurrencias lo que debe hacerse. Luego está la tradicional ocurrencia faraónica de cada gobernante, usualmente una mega-obra, un pozo sin fondo en el que se avienta el presupuesto público, un símbolo que dejarán como legado histórico y que deberá ser más grande y oneroso que el anterior, y por supuesto debe ser inevitablemente visible en la ciudad de Puebla. Los exgobernadores como Manuel Bartlett y Rafael Moreno Valle fueron un extremo grotesco de esa práctica que está encontrando en Alejando Armenta a su sucesor.
Lo que parecen incapaces de entender y ni siquiera de ver es que el territorio no es suyo, sino de quienes lo habitan, lo construyen y lo defienden. Ahora, con tropezadas declaraciones, simulaciones y recursos propagandísticos para promover el ocurrente proyecto de cablebús, lo que ha dejado ver el gobierno poblano es esa misma incapacidad de mirar, escuchar y entender que la ciudad es un espacio común que es de quienes han hecho de ella su ecosistema.
La defensa de ese espacio común, de ese frágil y ya muy dañado ecosistema, ha detonado un movimiento muy diverso, sin “líderes”, imposible de encasillar en un grupo o ideología (por más que lo intenten los voceros oficiales), porque no representa intereses mezquinos de poder y dinero, sino una preocupación auténtica por el territorio, la territorialidad y la vida en la ciudad de Puebla. La ciudad parece despertar y buscar formas de seguirse decidiendo y construyendo desde abajo, desde quienes la viven y padecen. Una vez más queda claro que para lograr eso los poderosos estorban, vengan de donde vengan, sean del color que sean.
Ocultar los daños a un ecosistema urbano
Por las últimas declaraciones se puede inferir que la “solución” gubernamental en cuanto al tema de la tala de árboles es el trasplante de arbolado, que pone en riesgo la sobrevivencia de los árboles. De acuerdo con múltiples informes, 8 de cada 10 árboles ejemplares en edad adulta mueren en el procedimiento de trasplante. Se ven interrumpidos ciclos vitales para su sobrevivencia. El impacto en la biodiversidad urbana, que parece eliminado de la discusión, es esencial pues los parques urbanos albergan poblaciones significativas de aves, entre las cuales se encuentran especies protegidas como el Gavilán de Cooper (Accipiter cooperii), catalogado como Sujeto a Protección Especial y cuya presencia indica una cadena trófica funcional. Por lo que las afectaciones no son solamente a árboles aislados e individuales, sino a toda una compleja red de la vida de la que somos parte.
El vínculo entre esta cadena, la vida de los árboles y el agua también está siendo completamente eliminado del problema. El Acuífero Valle de Puebla está sobreexplotado con déficit anual. Las áreas verdes urbanas y cerros como el de Amalucan cumplen un papel fundamental para la recarga hídrica, aparte de que con la construcción de torres para el Cablebús se va a dañar por lo menos un pozo que es de origen colonial. Estas afectaciones ponen en riesgo la calidad del agua ante la exposición a posibles contaminantes durante la construcción, pudiendo generar contaminantes que podrían infiltrarse en el subsuelo y sobrepasar los límites permisibles de la calidad del agua para uso y consumo humano. Fragmentar los cerros como el de Amalucan, puede afectar gravemente a los microorganismos del suelo, afectar a la fertilidad y limitar su recuperación, exponer al suelo, sin su cobijo necesario ante las lluvias puede erosionarlo y empeorar la degradación y su recuperación.
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La relación entre la salud del medio ambiente y la salud humana pretende ser borrada aunque es vital; esto ya ha sido ampliamente denunciado en cuanto a la tala que elimina los filtros naturales que mitigan enfermedades respiratorias y cardiovasculares. La eliminación de cobertura arbórea agrava las islas de calor urbano, elevando la temperatura local entre 3 y 6 grados. Los árboles contribuyen a controlar la contaminación acústica y las áreas verdes son centros de esparcimiento vitales para la salud física y mental.
Esta relación compleja parece completamente ignorada por los promotores del Cablebús que han limitado el tema ambiental a una dinámica de compensación profundamente simplista y descarada en la que al plantar árboles (mal) en la zona del Centro Integral de Servicios en la zona de Angelópolis creen mitigar el impacto ambiental de la tala/intervención de árboles que pretenden realizar para el proyecto.
Imponer la ciudad desde arriba
Los gobiernos anteriores, así como éste que presume de ser distinto (aunque viene de la más vieja escuela priísta), desconocen profundamente la verdadera historia de los barrios que fueron construidos desde abajo, que poco a poco hicieron sus calles, pozos, escuelas y que sembraron muchos de los árboles que hoy quieren talar e “intervenir”. La visión de ciudad que tiene el gobernador Armenta parece ser la de una ciudad y geografía creada desde arriba, en la que habitan poblaciones dóciles que solo deben recibir con la mano extendida y agachar la cabeza cuando así sea convenido por las autoridades.
Esas personas que se niegan a reconocer defienden no solo los árboles, sino un entorno en el que viven, conviven y han habitado desde hace más de 40 años: un territorio y su territorialidad. Las áreas verdes, parques y cerros, no son solo centros para el esparcimiento, son centros de encuentro en donde se reproduce la cotidianidad, pero sobre todo son bienes comunes, no en el sentido tradicional que esto se entiende, sino como lugares que al ser comunes y ser protegidos por todas y todos, son parte de un entorno comunitario que habita la Ciudad, porque el derecho a la ciudad implica el decidir cómo habitarla, construirla, vivirla. Sin embargo, jueces y autoridades piensan en derecho ambiental y solo piensan en árboles aislados de una interconexión profunda tanto ambiental como social. No piensan en la relación de los barrios circundantes con esos espacios verdes y por lo tanto no comprenden conceptos como el de entorno adyacente del Acuerdo de Escazú. Mucho menos pueden llegar a entender que una población urbana se sienta afectada directamente porque la ciudad se encuentre en riesgo de perder áreas verdes y que estas personas no tengan interés económico o político, quizás también porque para gente como quienes han gobernado y gobiernan Puebla no existe más que eso, dinero y poder.
Protesta contra el cablebús en Puebla. Foto: Marlene Martínez / Jengibre Audiovisual
Además, la necesidad de consultar a las poblaciones que serán afectadas por proyectos que ponen en riesgo el derecho a un medio ambiente sano no entra en la agenda gubernamental y es algo que no puede superar, porque implica también romper la idea que tiene de sí mismo y de su gobierno como dador, como mandón que no debe rendir cuentas. Cuando opta por decir que van a invitar a quienes defienden el territorio urbano, o “ambientalistas” como suelen catalogar, a trabajar en sus proyectos: viveros, ecoparques, etcétera, están demostrando que no están dispuestos a escuchar ni a alterar su proyecto, sino a absorber todos los impulsos sociales hacia su proyecto. No entienden que hay gente que ni quiere ni pide trabajar para el gobierno y que consultar no es una negociación de mezquindades, es otra cosa.
Los recientes incendios y la centralidad en varios proyectos que tienen Amalucan, Flor del Bosque y toda esa parte de la Ciudad parecen indicar planes de inversión que poco tienen que ver con la necesidad de la población de abajo. Los Ecoparques que propone el gobierno poblano no son sino un eufemismo para disfrazar una continuada y simplista turistificación del territorio, que muy poco tiene que ver con proteger a la naturaleza y a las poblaciones que viven en esas zonas, sino la imposición de una forma específica de naturaleza, que elimina la memoria e interdependencia presente y la convierte en un anclaje espacial para la reproducción del ejercicio de su poder.
Cuando el gobernador poblano se atrevió a decir que él era más ambientalista que quienes están saliendo a las calles a protestar, olvidó ver la cadena de actos potencialmente ecocidas que pretende imponer en todo el estado empezando por el mega-relleno sanitario de Chietla, en el que ha demostrado el verdadero rostro autoritario de su administración mediante declaraciones como la que hizo el 9 de marzo: “Oponerse por oponerse pues no podemos permitirlo, eso ya es obstrucción a la autoridad y es un delito.” La gran simulación que ha hecho con la empresa criminal Concesiones Integrales aceptando abiertamente que es una empresa negligente, pero en los hechos dejándola funcionar y despojar de agua a todo el territorio cholulteca; está también el Ecoparque Malinche, que tampoco contaba con los estudios de impacto ambiental al ser presentado; y la larga cadena de promesas sin cumplir de cierre de basureros y fin de concesiones que solo ha silenciado y manejado con opacidad dan cuenta de una lógica desarrollista, capitalista y colonial.
Fabricar apoyo y silenciar la crítica
La forma más recurrida para deslegitimar cualquier protesta o crítica a la imposición de un proyecto es jugar con el número de asistentes a una manifestación pública, “son una minoría”, “eran pocos”, pero eso es para que nadie pregunte: ¿Cuántos son los que lo promueven?
La falta de información sobre el proyecto, su lógica urbanística y de movilidad, sus afectaciones socioambientales y la inexistente consulta han hecho que el gobierno poblano tenga que simular la existencia de apoyo popular, forzarlo y tratar de amedrentar o deslegitimar a quienes señalan sus evidentes deficiencias.
La BUAP publicó una encuesta diseñada estratégicamente para coincidir con la sexta protesta contra el Cablebús Puebla y para generar titulares favorables al gobierno poblano, pero sus propios datos la delatan: afirma que 64% aprueba el proyecto cuando solo el 57% ha oído hablar de él, lo que significa que una parte significativa lo «apoya» sin conocerlo. El instrumento además agrupa respuestas tibias como «algo contribuye» dentro de una supuesta «aprobación», ignora a los vecinos y usuarias directamente afectados, no contrasta el proyecto con alternativas reales de transporte, y en su presunto estudio de “escucha social” descarta como una «minoría» a quienes tienen información y conocimiento ambiental y jurídico del tema. Su estudio , en el mejor de los casos, es una medición superficial de opiniones con buena disposición hacia una idea gubernamental presentada positivamente entre personas de las cuales una parte importante ni siquiera conocía el proyecto. El resultado es pseudociencia estadística al servicio de una estrategia propagandística que en lugar de contra-argumentar busca deslegitimar las críticas deslegitimando a quienes las plantean, para encubrir las profundas deficiencias ambientales, jurídicas, urbanísticas y democráticas de un proyecto que el gobierno poblano no ha podido argumentar.
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Parece que la BUAP dejó atrás su autonomía y ha decidido plegarse y subordinarse al gobernador. Con el Cablebús no están dispuestos siquiera a defender una de las áreas verdes que es parte de la Escuela de Adultos de la BUAP y que cuenta con cientos de árboles sembrados hace más de 40 años por científicos del entonces Centro de Cálculo que la propia rectora Lilia Cedillo conoció muy bien.
Se ha hecho evidente también que existe una política de silenciamiento y control generalizada en torno al Cablebús manifestada en entornos universitarios, medios de comunicación y exhibida en las decisiones de jueces. Y más allá, funcionarios públicos han llegado a intimidar y vigilar a usuarios de los parques que realizan actividades y que hacen explícita su crítica al Cablebús. Así ocurrió según los testimonios de usuarios y vecinos en el Parque Ecológico y en el Parque Juárez y en un bloqueo burocrático para que no se usen espacios públicos, como ocurre con las vecinas de Amalucan a quienes se les dijo que para hacer una actividad en el Cerro de Amalucan necesitan solicitar un “permiso” que tarda “quince días” en resolverse.
Ante estos hechos queremos recalcar que el Acuerdo de Escazú, como un tratado internacional sobre derechos humanos, tiene una fuerza vinculante para el sistema jurídico mexicano. Entre otras obligaciones centrales, está la de crear un entorno seguro y propicio en el que las personas, los grupos y las organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones ni inseguridad; esto comienza a ponerse en riesgo cuando las declaraciones del gobernador y las mencionadas intimidaciones se hacen presentes a días de que presuntamente presenten el proyecto que debían de haber presentado el año pasado.
Llamamos a la población crítica y preocupada por lo que pasa en Puebla a estar atenta a cada una de las acciones de los próximos días que pueden llevar a que podamos dar desde abajo un pequeño paso en la defensa de este complejo territorio urbano que habitamos o que la imposición caprichosa de arriba lo siga destruyendo.
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#TrasplanteEsTalaSimulada
#NoEsReforestacionEsEngaño
#CompensacionEsSimulacion
EL PEPO
