Juan* tiene cinco años y cinco meses, le encanta ir a la escuela, actualmente cursa el tercer grado en el preescolar oficial Xicoténcatl, de la ciudad de Puebla. Sin embargo, desde hace más de un año, él y su familia son objeto de discriminación por parte del personal escolar.

Todo se remonta a noviembre de 2022, cuando Reyna y Daniel, padres de Juan, quien tiene diversidad funcional que le impide moverse de manera autónoma y hablar, pidieron modificar el acuerdo de inclusión que habían establecido con la escuela unas semanas antes: inicialmente, el niño iría una hora los lunes, martes y viernes, pero dado que muchas suspensiones coincidían con esos días, solicitaron que le permitieran ir un día más.

No se trataba de una ocurrencia, desde el principio, según relata la pareja, habían hablado con las autoridades escolares sobre la posibilidad de incrementar su asistencia de forma paulatina; además, ellos llevaban todo el material necesario para adaptarse a las actividades y su madre fungía como asistente sombra.

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Pero tanto la profesora de grupo, Andrea Ramírez, como la directora, María de Lourdes Estevez, rechazaron la propuesta y aunque ofrecieron que lunes o martes tomara una hora más de clases, no estaba en las posibilidades de la familia ajustarse a ese cambio.

Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), explicó a LADO B que en el caso de infancias con discapacidad o diversidad funcional hay todo un andamiaje jurídico y constitucional que garantiza no sólo su acceso a la educación, sino también su inclusión plena. 

Sin embargo, esto no ocurre, ya que las escuelas reciben a pocas infancias con discapacidad y por ello no hacen los ajustes razonables para atenderles, lo cual les incapacita para recibirles.

—La mejor recomendación y lo mejor que puede pasar es abrir al mayor grado posible las instalaciones, flexibilizar los planes de estudio, permitir que haya maestra sombra, todo esto que se conoce como los ajustes razonables. Es decir, la persona no tiene que ajustarse al sistema, sino que el sistema educativo tiene que ajustarse a la persona -explica Tania.

Al contrario de lo anterior, a Juan su profesora lo empezó a excluir de varias actividades e incluso llegó a expresarse de manera capacitista (prejuicio social contra las personas con discapacidad), por ejemplo le decía a sus compañeros que si no se comportaban bien, serían tratados como bebés que necesitan ser cuidados.

También, pese a que todo el grupo ya se había familiarizado con la diversidad funcional de Juan, que lo limita física mas no cognitivamente, lo cambiaron de salón y dieron la indicación a sus excompañeras y excompañeros de que no se le acercaran. 

Y aunque en febrero del 2023, las autoridades escolares y los padres de Juan firmaron un Plan de Intervención donde se estableció que habría un “horario acorde a las necesidades específicas del alumno”, la docente de su nuevo salón pidió justificantes de las supuestas inasistencias del niño o no podría aprobar el curso.

Para Tania Ramírez la única forma de lograr la inclusión es a través del diálogo constante, no sólo entre el personal educativo, madres y padres de familia, personas cuidadoras, sino también con niñas y niños, escuchar sus voces y poner sus necesidades en el centro.

—Parte de los ajustes que se hagan, parte del plan de trabajo que se construya con ese niño, tienen que contemplar su voz porque es su derecho.

Esta apertura e inclusión de las infancias con discapacidad, dice Tania, no sólo les beneficia a las infancias y sus familias, sino que el entorno escolar en general se vuelve más sensible y receptivo, se amplía su mundo, por decirlo de alguna manera.

En Puebla, el 6% de la población con edades entre los 5 y los 9 años tiene alguna discapacidad, ya sea moderada o severa. Este porcentaje se incrementa conforme aumenta la edad, por ejemplo, en los grupos etarios de 10 a 14 años la proporción es de 7.4 y de 14 a 19 es de 8, de acuerdo con datos del Perfil Sociodemográfico de las Personas con Discapacidad en el estado de Puebla, elaborado por el Consejo Estatal de Población 2022.

Reyna y Daniel han buscado el apoyo e intervención de las autoridades educativas, acudiendo la Supervisora, Julieta Díaz; la Jefa de sector, Marisol Chávez; a la Dirección de Educación Especial, María del Carmen Sisniega (la única a quien consideran tenía voluntad de apoyarles) y a la de Educación Preescolar, Dionisia López. Sin que hasta el momento se haya resuelto el problema de manera satisfactoria para el niño y su familia, a quienes la escuela incluso les exigió presentar un dictamen médico de la Dirección de Educación Preescolar, y luego lo extravió.

Los padres de Juan acudieron de igual forma a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en noviembre de 2023, el expediente quedó asentado como el 3008/2023, para iniciar una queja por las violaciones a los derechos humanos de su hijo a la educación y a una vida libre de discriminación, pero aún no se emite alguna recomendación al respecto.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) 2022, el 34.5% las personas encuestadas (mayores de 12 años y con discapacidad) indicaron que uno de los lugares donde se les discrimina mucho o algo son las escuelas. Al 22.6% esta negación de derechos les impidió seguir estudiando.

En el caso de Juan, para resarcir la discriminación Reyna y Daniel piden a las autoridades escolares una disculpa pública, que se genere un plan de intervención con los ajustes razonables para lo que queda del ciclo escolar, que las infancias con diversidad funcional del plantel tengan flexibilidad de horario y que el personal educativo, incluyendo a quienes pertenecen a educación especial y personal de apoyo, tomen un seminario para evitar prácticas capacitistas.

Este pliego petitorio fue entregado por la familia y sería discutido en la reunión programada para el jueves 15 de febrero. Sin embargo, debido a que el martes 13 de febrero se avisó a la familia que el abogado de la Subsecretaría de Educación Básica que llevaba su caso, Pablo León Teutli, ya no estaría en dicha área temen que no se concrete y que se atrasen aún más los acuerdos, en lo que el nuevo personal se empapa de su caso.

Cuestionada al respecto, la Secretaría de Educación Pública (SEP) estatal dijo a este medio que por ley, debido a que es menor de edad, no podía dar información. 

*Se cambió el nombre del menor para proteger su identidad.