Violeta Santiago | A dónde van los desaparecidos*

Las veintiuna calles de la colonia Jardines de Poza Rica llevan el nombre de alguna flor: Bugambilia, Orquídea, Tulipán… La más alejada del panteón Santísima Trinidad se llama Azalea. En esa vía, junto a una nave industrial de aceites de cocina, en una vivienda de portón metálico café edificada en 2020, el domingo 13 de agosto se encontraron restos humanos envueltos en plástico y conservados en frigoríficos blanquísimos, casi impolutos. 

A cinco kilómetros, en la calle Gutiérrez Zamora de la colonia Óscar Torres Pancardo, la escena se repitió: dentro de una casa que corona una loma sin pavimentar también se hallaron cuerpos refrigerados.

En total se recuperaron 34 paquetes con restos humanos congelados, un hecho sin precedentes en Veracruz. Frente al hermetismo de las autoridades estatales sobre el hecho, dos fuentes afirmaron, bajo petición de mantener el anonimato, que los cuerpos llevaban ahí al menos tres semanas, e incluso podría tratarse de personas desaparecidas en meses anteriores.

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El reto que enfrentan ahora los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas de la entidad es lograr que la Fiscalía General del Estado (FGE) informe sobre las características de las personas halladas para su identificación, pues se presume que, antes de ser víctimas de homicidio, lo fueron de desaparición, en un estado que actualmente ocupa el cuarto lugar nacional en número de desapariciones y que este año suma 386 casos, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

Veracruz es también la entidad en la que, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se han hallado un mayor número de fosas clandestinas: 324 desde diciembre de 2018 hasta abril de 2023, según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). 

Dudas y rezagos en Poza Rica 

Anaís Palacios es una defensora de derechos humanos que ha acompañado a los colectivos veracruzanos desde 2008. La activista, que conoce muy bien el territorio y las fosas que se han descubierto, no deja de mostrarse sorprendida ante lo ocurrido en Poza Rica. Desde su experiencia apunta que, dada la posible conservación de los cuerpos, podría haber “una identificación, en primera instancia, visual; [observar] si hay algún elemento individualizante como algún tatuaje, alguna cicatriz”. 

En entrevista telefónica durante una pausa en una búsqueda en campo en Veracruz, Palacios confirma que, pese a que el hallazgo ocurrió en el norte del estado, ha generado interés en los colectivos del centro por considerarse un hecho sin precedentes. 

“Ha habido por parte de algunas representantes de colectivos un acercamiento con la Fiscalía Especializada en Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, que a su vez tiene contacto con la Dirección de Servicios Periciales”, explica. “Pero interés lo hay desde la zona sur, en la zona limítrofe con el estado de Tabasco, porque, claro, la desaparición, más allá de una consigna, nos atañe a todos”. 

Esta preocupación de los colectivos, no solo de la zona norte, donde se ubica Poza Rica, también la expresa Rosalía Castro Toss, cofundadora del Colectivo Solecito, quien busca a su hijo Roberto Carlos Casso Castro, desaparecido  el 23 de diciembre de 2011 en Huatusco. La buscadora reitera que la identificación de los cuerpos no debe considerarse como “un proceso localizado”.

Pero el camino para establecer la identidad de los restos enfrenta varias complicaciones. La primera se relaciona con el estado de los cuerpos resguardados en el Centro de Identificación Genética de Nogales, un pequeño municipio ubicado en las faldas del Pico de Orizaba, a cinco horas de Poza Rica. A Castro le informaron que estaban tan congelados que tuvieron que hacer agujeros en las bolsas para drenar el agua. Había que esperar a que se descongelaran “y luego, pues ir quitándole la cinta canela, porque traen varias bolsas, para poder ir sacando uno por uno y poder ver qué cosas se pueden rescatar de indicios de ropa, de algo que les hayan dado. Y de ahí, pues hacer las pruebas pertinentes de ADN”.

Frigoríficos en los que fueron hallados los restos, que podrían pertenecer a entre trece y dieciséis personas. Foto: Especial

En entrevista con la periodista Carmen Aristegui, el experto en seguridad David Saucedo explicó la lógica criminal en la desaparición de los cinco jóvenes de Lagos de Moreno —Roberto Olmeda Cuéllar, Diego Alberto Lara Santoyo, Uriel Galván González, Jaime Adolfo Martínez Miranda y Dante Cedillo Hernández—, el otro hecho que sacudió al país en la misma semana del descubrimiento de los cuerpos en Poza Rica. El entrevistado se refirió, en alusión al video que se difundió de su cautiverio, a “prácticas de preparación” dentro de los grupos criminales. El testimonio de una persona que en 2017 logró escapar de un campamento tras ser víctima de reclutamiento forzado por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), confirma estas acciones de la delincuencia organizada.

Hasta la fecha, las autoridades estatales no han explicado el porqué se congelaron los restos ni han proporcionado información sobre los responsables, aunque la titular de la FGE, Verónica Hernández Giadáns, informó que han sido detenidas seis personas por los hechos.

Un nuevo arresto presuntamente relacionado con el caso es el de Eder “N”, el R15 o el Petrolero, un jefe de plaza vinculado al CJNG.  En el país, son frecuentes las noticias de grupos criminales que, para generar terror o enviar mensajes a las organizaciones rivales, dejan los cuerpos desmembrados de sus víctimas en la vía pública e incluso depositan sus restos en hieleras. 

La segunda complicación para identificar los restos es precisar a cuántas personas pertenecen. Hernández Giadáns dijo que “podrían ser más de trece cuerpos, con la probabilidad de que hayan otros en proceso de identificación”. Una fuente cercana al caso ha señalado que en realidad se trataría de dieciséis cuerpos. 

La imprecisión  en el número se debe a que los cadáveres se encontraron seccionados. 

“No sabemos si en los otros congeladores hay torsos u otras extremidades”, señala Palacios.

A la defensora de derechos humanos le preocupa el proceso de identificación cuando los cuerpos están fragmentados; pone como ejemplo el caso de Colinas de Santa Fe, considerada la fosa clandestina más grande de América Latina, descubierta en 2016 al norte del puerto de Veracruz.

Entre los restos hallados en sus 156 fosas había cadáveres seccionados, pero en 2018 las autoridades solo tomaron muestras de los 298 cráneos “sin hacer una asociación anatómica correctamente”; es decir, sin determinar qué restos óseos correspondían a cada individuo. Por eso, cinco años después, las identificaciones no rebasan las 40 personas.

Castro sabe de casos en que los cuerpos llegaron a las familias por entregas. Como el de una compañera buscadora a quien las autoridades le dijeron: “Tenemos el 60 por ciento del cuerpo de tu hija, pero pueden seguir apareciendo más [huesos] entre todos los restos. ¿Quieres que te entregue lo que tenga?”. Ella aceptó, sin importarle las veces que tuviera que volver a exhumar los restos de su hija, afirma.

A estas dificultades, Castro agrega el rezago en la identificación forense que existe en Veracruz. Hasta 2019, de acuerdo con una investigación de Quinto Elemento Lab, el estado tenía 1,144 cuerpos sin identificar. A los que se sumaban, al corte de ese mismo año, más de 30 mil fragmentos óseos. 

“Es demasiado”, lamenta la buscadora. “Imagínense, tenemos más de 30 mil restos dispersos que no sabemos a quién corresponden aquí en Veracruz. Al paso que vamos nos vamos a morir y no vamos a saber lo que se ha encontrado”. Lo más urgente para Castro en el caso de Poza Rica es la identificación, por eso pide a las autoridades “que no revuelvan [los cuerpos] con los demás, que los aparten, vaya, para que sea más rápido”.

Palacios explica que el proceso de perfilamiento genético requiere tiempo. “Hay que moderar esa expectativa de que quizá pueda haber resultados pronto, sin que esto signifique dejar de lado la exigencia de familiares de personas desaparecidas privadas de la libertad de manera ilegal, que por supuesto tienen el interés”.

El último punto que genera dudas a los colectivos de búsqueda es desde cuándo estaban congeladas las personas. Hay indicios de que se sabía de la operación del sitio desde, por lo menos, tres semanas antes de que se descubrieran los restos, esto es, desde finales de julio. Una fuente en Poza Rica afirma que los cuerpos podrían datar de finales de 2022. Castro va más allá; estima que podrían ser casos de los últimos años. 

“Queremos el seguimiento porque nosotros pensamos que son casos recientes, pero hasta que saquen el primer ADN se sabrá en qué fecha desapareció [la persona], sobre todo el año, para saber de qué año y de qué sexenio estamos hablando”.

Delito en aumento en Poza Rica

En el norte de Veracruz, Poza Rica es el epicentro de las desapariciones. Junto con Álamo, Pánuco y Perote fue uno de los cuatro municipios que registraron, por primera vez en el estado, el hallazgo de una fosa clandestina en 2010, durante el último año del gobierno de Fidel Herrera Beltrán.

Entre el ocaso de la administración herrerista y el comienzo de la gubernatura de Javier Duarte de Ochoa, la Policía Intermunicipal Poza Rica-Tihuatlán-Coatzintla fue acusada de participar en desapariciones forzadas de jóvenes en la región. Muchos casos se concentraron en una popular avenida de Poza Rica, la calle 20 de Noviembre, donde los colectivos de búsqueda crearon en febrero de este año un memorial dedicado a 30 hombres y mujeres desaparecidos en esa vialidad.

Desde ese periodo, en la zona norte del estado ya se destruían los cuerpos —mediante hidrocarburos o químicos— de personas secuestradas y desaparecidas con el fin de imposibilitar su hallazgo e identificación, como declaró un expolicía de la corporación en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDE/570/2011 por secuestro y homicidio.

En febrero de 2020, durante la quinta Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, se hallaron en Poza Rica y sus alrededores al menos doce “cocinas” en las que disolvían cuerpos. 

Con 237 desapariciones, Poza Rica es el cuarto municipio del estado con mayor número de casos reportados, después de Veracruz, Xalapa y Córdoba. Según el RNPDNO, el delito se ha incrementado en 2023 en esta ciudad petrolera, con 45 desapariciones de enero a junio; los picos se dieron en febrero, marzo y abril, con 12 personas registradas cada mes, a razón de una cada 2.5 días en el trimestre.

Criminalización de las víctimas

Desde que se descubrieron los cuerpos congelados, el gobernador morenista Cuitláhuac García Jiménez relacionó a las víctimas con un conflicto entre organizaciones criminales. Al día siguiente, el 14 de agosto, en una visita al norte del estado reiteró la versión mientras enviaba un mensaje a los habitantes de Poza Rica: “Que estén tranquilos, vamos a reforzar la seguridad. Sabemos todos que se trata de una disputa entre grupos delictivos”. 

Dos días después del hallazgo, fueron enviados a la ciudad cientos de elementos del ejército y la policía estatal para resguardar un torneo de fútbol rápido organizado por el gobierno municipal.

El 17 de agosto, pese al reforzamiento de la seguridad, fue hallada una persona desmembrada a un kilómetro de los límites municipales de Poza Rica, en la carretera a Cazones; en la escena las autoridades encontraron una lona con un mensaje de los delincuentes que afirmaba lo que otras fuentes habían señalado: “Que tenían los cuerpos congelados desde hace mucho tiempo” .  

En un comunicado, el gobernador indicó: “Falso que se encontraron más cuerpos en Poza Rica, fue un homicidio”.

De acuerdo con el RNPDNO, el estado de Veracruz acumula —hasta el 6 de septiembre— 7,443 personas desaparecidas. Ocupa el cuarto lugar a nivel nacional, después de Jalisco (14,894), Tamaulipas (13,069) y el Estado de México (11,586).

Las cifras del registro nacional muestran que durante los cinco años de gobierno de García Jiménez han desaparecido más personas (2,349) que en el mismo periodo correspondiente a Duarte (2,322).

Huesos carbonizados y rastros de sangre fueron encontrados por la quinta Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el rancho La Gallera, a tres kilómetros de Poza Rica. Foto: Violeta Santiago 

La posición del gobierno veracruzano respecto a las desapariciones, señala Palacios, ha sido la negación y el abandono. No siempre fue así. García Jiménez inició su mandato con una declaratoria de crisis de violaciones graves a los derechos humanos por las desapariciones en el estado, que implicaba la implementación de acciones y recursos para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas, una deuda pendiente de las administraciones de Duarte y Miguel Ángel Yunes Linares. Al principio de su periodo, las autoridades sostenían reuniones con los colectivos de búsqueda, pero después de la pandemia se cancelaron, lo que se mantiene hasta la fecha.

Para Palacios, este proceso de criminalización de las víctimas es la manera en que el Estado —que muchas veces, dice, forma parte de las redes criminales— busca deslindarse de su responsabilidad en los altos niveles de violencia. Esto pasaba, recuerda, desde el sexenio de Duarte, cuando se reducía el fenómeno a robos de “frutsis y gansitos”. Por eso, señala enérgica: “Si la primera respuesta estatal es la criminalización, estamos dejando de lado esa responsabilidad de investigar, de impartir justicia. Entonces, ¿dónde está la prevención? ¿Dónde está la seguridad y dónde están las garantías para la población? Y también para quienes ya durante más de una década en el caso de Veracruz están buscando a personas desaparecidas”.

Tanto Palacios como Castro coinciden en que, frente al prolongado proceso de identificación de los cuerpos congelados, es necesario que la FGE —a cargo de la Dirección de Servicios Periciales— mantenga informada a la población y no solo a los colectivos, pues lo ocurrido en Poza Rica es un asunto de interés público.

No obstante, lo que ha prevalecido es el hermetismo de las autoridades, con el argumento de que hay una investigación en curso. Por esta razón, Palacios incluye en el contexto el clima político que se cierne sobre el estado, que tendrá elecciones el próximo año. Su conclusión es crítica: “Decir que las cosas van bien es como la primera salida y creo que debe de haber un reconocimiento de que se han hecho cosas mal. El Estado no ha tenido la capacidad de desarticular esta clase de organizaciones delictivas y le toca dar una respuesta que no sea ni la criminalización ni militarizar”.

**Foto de portada: Uno de los inmuebles de Poza Rica en donde fueron descubiertos, el pasado 13 de agosto, cuerpos envueltos en plástico y congelados. (Édgar Escamilla)

www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito de la persona autora y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).

*BIO VIOLETA SANTIAGO Aprendió a leer con un periódico y desde entonces supo que lo suyo era hacer periodismo. Se ha especializado en temas de Derechos Humanos, inseguridad y violencia en Veracruz. Doctoranda en la Ibero. Autora de “Guerracruz” (2019, Penguin Randon House). Premio Alemán de Periodismo (2019), nominada al Premio Gabo de Periodismo (2020) y ganadora del Premio Nacional de Bellas Artes en Crónica Literaria. Coedita en Corriente Alterna, laboratorio de periodismo para estudiantes de la UNAM. Si no fuera periodista, sería astrónoma.