Con más sombras que luces concluyó el periodo de la LX Legislatura. Lo que ya se había sostenido para ciertos episodios del primer Congreso con mayoría morenista, puede decirse como balance final: lejos quedaron las y los diputados de su compromiso de legislar para transformar, y ello lo evidenció la Corte al corregirle la plana a dos congresos estatales que abordaron la interrupción legal del embarazo en contra de los derechos humanos de las mujeres y las personas gestantes, tal y como sigue vigente en el Código Penal y la Constitución de Puebla.

Pero no sólo no legislaron para transformar, sino que la mayoría legislativa proveniente de fuerzas políticas que tanto reprocharon el papel de los grupos parlamentarios del PRI y del PAN en legislaturas anteriores, cuando la gubernatura del estado estaba en sus manos, no pudo romper ese patrón de subordinación al Ejecutivo estatal. Los hechos están ahí: la LX Legislatura aprobó el 95 por ciento de las iniciativas del gobernador, en diferentes casos sin cambios o discusión siquiera.

Si algo se esperaba de la legislatura que entregó el relevo la semana pasada era acabar con dicho patrón antidemocrático, no tanto en términos de desatender los proyectos elaborados en Casa Aguayo, como en una pauta de debate amplio, plural e incluyente como contrapeso del poder.

Además de este déficit democrático, la LX Legislatura pasará a la historia como uno de los plenos con mayores impugnaciones a sus decretos, varios de estos corregidos por la Corte por ser contrarios a principios constitucionales a los que las y los diputados deberían apegarse. Estas deudas tienen como epítome el proceso de aprobación de la Ley de Educación, ante la que la LX Legislatura se resistió a convocar a foros de discusión previos a su dictaminación y aprobación, y posteriormente recibió el revés del máximo tribunal de justicia por no consultar a pueblos y comunidades indígenas.

Por lo anterior, si la LXI Legislatura quiere ser cercana, transparente, de puertas abiertas, plural, promotora de consensos y del debate argumentado, está obligada a hacer las cosas distinto, comenzando con los pendientes heredados y la reestructuración del modo de trabajo de las comisiones, donde el proceso legislativo se juega su legitimidad en lo que tiene que ver con la apertura y la inclusión de actores sociales.

En la figura de Sergio Salomón Cespedes Peregrina, quien aprobó la Ley Bala en 2014 como diputado presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la LIX Legislatura, como lo ha retomado este medio, recaerá una función importante: impulsar acuerdos legislativos no sólo con la oposición, pues la alianza Morena-PT apenas logra la mayoría absoluta de 50 por ciento más uno, sino al interior de la misma bancada de Morena, donde no parece haber un bloque homogéneo.

Se trata, además, de la primera legislatura con diputadas y diputados reelectos, siete en total: tres de Morena —Tonantzin Fernández Díaz, Olga Lucía Romero Garci-Crespo y Fernando Sánchez Sasia—, tres del PAN —Oswaldo Jiménez López, Nancy Jiménez Morales y Mónica Rodríguez Della Vecchia—, y una del PT que ya pasó por Morena —Nora Merino Escamilla—. De este conjunto, fueron dos mujeres, la diputada Merino y la diputada Rodríguez quienes tuvieron en la LX Legislatura posiciones importantes, la primera como presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) luego de la licencia solicitada por Gabriel Biestro Medinilla, y la segunda como coordinadora de la bancada panista de oposición.

A propósito de una de las herencias de la LX Legislatura, será crucial observar y registrar los posicionamientos en torno al aborto, luego de que la Corte, en tanto tribunal constitucional, se pronunció unánimemente por invalidar los preceptos que establecían la criminalización absoluta de esta práctica y la tutela de la vida desde el momento de la concepción. Así, Congreso que quiera mantener estos criterios en sus leyes, será un Congreso deliberadamente desobediente, que desconoce y atenta contra los derechos humanos de las mujeres y las personas con capacidad de gestar.

Aunque el gobernador haya querido colocar un cierto margen de maniobra al señalar que la homologación de las disposiciones locales con las sentencias recientes de la Corte deberá realizarse “de acuerdo a las condiciones políticas sociales, culturales, religiosas de cada estado”, la realidad es que no hay escapatoria.

Un asunto más que tendrá que atender la LXI Legislatura ante el reclamo social que acompañó incluso el realineamiento en el tablero político del Congreso poblano desde hace tres años, será el del agua. La Ley del Agua para el Estado de Puebla no es sostenible y requiere de una revisión con perspectiva democrática en la toma de decisiones, así como en el control de un bien estratégico para la supervivencia humana y de los ecosistemas como los conocemos.

*Foto de portada: @SergioSalomonC