A pesar de su influencia sobre la emergencia climática, los bancos centrales latinoamericanos aún evaden la aplicación de lineamientos en sus medidas, que incidan en la operación de las instituciones crediticias, lo cual los aleja del cumplimiento del Acuerdo de París sobre cambio climático.
Ilan Zugman, director en América Latina de la organización no gubernamental internacional 350, promotora de una transición energética que elimine el uso de combustibles fósiles, señaló que los bancos centrales tienen el poder para regular que las entidades financieras dejen de aportar recursos para actividades contaminantes.
Los bancos centrales “pueden decir a la banca que no pueden hacer préstamos para empresas que agraven más la crisis climática. Hay mucho espacio para un rol más fuerte”, dijo desde la sureña ciudad brasileña de Curitiba.
“Pero hasta el momento, sucede en pocas partes, hay muy pocos ejemplos en el mundo. En América Latina no hay nada de eso. Están más demorados, vemos más palabras que acciones”, destacó.
La crisis climática implica retos para los emisores de bonos financieros, inversionistas, aseguradoras, prestamistas y reguladores bancarios y financieros, por lo cual esas entidades deben analizar y difundir cómo afecta a su negocio y cómo este impacta a la sociedad y al ambiente y en particular al clima.
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América Latina es una región altamente vulnerable a los impactos de la crisis climática, como tormentas más intensas, inundaciones, sequías y aumento del nivel del mar, y el costo de no tomar medidas es altísimo, como han alertado científicos y organismos internacionales.
En la región, solo el Banco Central de Brasil (BCB) ha avanzado, aunque sin completar todavía un esquema integral de normas al respecto, al aplicar su primera regulación sobre manejo del riesgo y responsabilidad socioambiental, establecida en 2014.
Para hacerla efectiva, lanzó este año tres consultas públicas sobre requerimientos para la gestión de riesgos, informes y política de responsabilidad social, ambiental y climática. La norma cobrará vigencia el 1 de enero próximo, luego del fin de las consultas en junio.
La institución aplicará los requisitos de divulgación este año, en una primera fase que aborda aspectos cualitativos de gobernanza, estrategia y gestión del riesgo, y una segunda sobre facetas cuantitativas, como métricas y metas.
Pero ninguna entidad latinoamericana ha informado de su exposición a las consecuencias de la crisis climática.
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Desde 2022, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que agrupa a las economías más ricas del planeta, usará una herramienta para monitorear los riesgos financieros climáticos y transicionales hacia una economía de bajo carbono, así como su impacto potencial en el rendimiento financiero, el capital natural y el crecimiento sostenible.
La expectativa es cuándo esas herramientas se traducirán en medidas concretas para detener el financiamiento de actividades contaminantes, mientras prosiguen los estragos causados por la emergencia climática en la región.
Se espera que los bancos centrales de los países latinoamericanos se sumen a estas políticas para impulsar la contención de la crisis climática también desde la actividad financiera.
*Foto de portada: BCB
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