La historia del Congreso indolente narrada aquí hace unas semanas está por entrar en su fase final. Por motivos políticos, se deduce, en el Congreso de Puebla se destrabó la cerrazón y parece haber ya determinación para discutir y aprobar una ley que permita afrontar localmente el fenómeno de la desaparición de personas.

Tuvo que ser formulada una pregunta en Palacio Nacional para que el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, sacara finalmente del escritorio su iniciativa y se alinearan las voluntades en la cúpula del Poder Legislativo del estado, la misma que unos días atrás asegurara que no había condiciones y que sería un pendiente heredado a la nueva legislatura.

El pasado 29 de julio, a pregunta expresa sobre el tema en la mañanera, el presidente confió en que el Ejecutivo local presentaría su iniciativa, lo que en los hechos se tradujo en que este proyecto de ley, a todas luces elaborado tiempo atrás, llegara al Congreso y trascendiera también a algunos medios de comunicación, que rápidamente identificaron en este algunas ausencias. Ese mismo día, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, viajó a la ciudad de Puebla para reunirse con el propio gobernador y abordar el asunto, pero también para encontrarse con integrantes del colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla, quienes desde el 15 de julio montaron un plantón a espaldas de la sede legislativa para expresar su malestar y su inconformidad por la desidia de diputadas y diputados que mantuvieron su iniciativa en la congeladora  durante más de un año.

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Que la discusión se reactive al cierre de la LX Legislatura y ello obligue a que se convoque un período extraordinario es sin duda una buena noticia que, sin embargo, puede tener un amargo desenlace si el proceso, independientemente del producto, desplaza a los actores centrales de este debate: las familias.

Por ello la importancia de un proceso inclusivo, transparente y participativo que, colocando a las familias al centro, pueda conferirle legitimidad a una discusión que tendrá que hacer uso del principio de concentración para que ambas iniciativas –la de las víctimas y la del gobernador– sean analizadas en igualdad de condiciones, recogiéndose de ellas de manera colaborativa los más altos estándares de protección.

Eso es lo que las instancias universitarias que hemos acompañado al colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla pedimos a las diputadas presidentas de las comisiones dictaminadoras, así como a la Junta de Gobierno y Coordinación Política, en tanto órgano responsable de generar acuerdos políticos, la semana pasada, luego de las declaraciones de la presidenta de este órgano de gobierno, la diputada Nora Merino Escamilla, en favor de un periodo extraordinario.

Si el Estado mexicano cuenta hoy con una Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda y con la institucionalidad que de este instrumento se deriva, es por las familias cuyo duelo han transformado en acción colectiva y, por tanto, en reserva moral. Ignorarlas y apartar sus preocupaciones del debate es construir sobre arena.

El Congreso de Puebla se ha equivocado reiteradamente en el manejo de la iniciativa trabajada por el colectivo, un equipo técnico de la Universidad Iberoamericana Puebla y la diputada Estefanía Rodríguez Sandoval, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la LX Legislatura. Primero se olvidó de ella, luego la desestimó e incluso la descalificó. Hoy se enfrenta al dilema de dar prioridad a un proyecto trabajado desde un escritorio que desconoce la experiencia de las víctimas, en sentido contrario del camino que se ha seguido en el país para que estas herramientas jurídicas estén al servicio de quienes las necesitan.

Basta pararse humildemente en el plantón que mantienen familiares de personas desaparecidas en la 3 Poniente, a unos metros del cuadro principal de la ciudad y la catedral, para dejarse afectar por la ausencia, el tormento y la pena, pero al mismo tiempo por la resistencia, la esperanza y el sentido de familiaridad que habita las tiendas de campaña, las mesas y las carpas que han plantado cara a la institución de la representación popular.

El final de esta historia está todavía por escribirse. Bien harían todas las diputadas y todos los diputados del Congreso de Puebla, sobre todo las y los integrantes de las comisiones unidades de Procuración y Administración y Justicia, y Derechos Humanos, en asomarse al plantón antes de discutir las iniciativas. Quienes están allí no lo están por gusto, sino porque circunstancias que deben ser analizadas, comprendidas y desactivadas les arrebataron a sus seres queridos. Y aun así, en medio de la calamidad, han decidido buscarles y abrir brecha desde la nada.