Alrededor de 20 mil dólares costó la atención en la unidad de terapia intensiva para el médico Víctor Elías Yucra Choque y su esposa la enfermera Asteria Aguilar Calle, internados por covid-19 durante 11 días en una clínica privada en Oruro, a 225 kilómetros de La Paz. Karen, de 14 años de edad, la hija menor de la pareja, se enfrentó al sistema burocrático de salud cuando le informaron que no podía retirar los cadáveres de sus padres si la familia no cancelaba el monto adeudado.
¿Qué le pedían a cambio? El personal administrativo de la clínica, cuyo nombre no revelamos por por cuestiones legales, solicitó documentos de propiedad de automóviles y casas como garantía a cambio de retirar los cuerpos. Karen les reclamó llena de rabia y dolor. “¿Por qué no les pueden dar un descanso tranquilo y en paz a mis papás? ¡Suelten sus cuerpos!”, relata que les dijo, mientras sostiene entre sus manos una foto de sus padres.
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A mediados de diciembre de 2020, Yucra presentó los primeros síntomas del coronavirus y se sometió a dos pruebas que resultaron negativas. Como médico con más de 25 años de experiencia, sabía que las cosas no estaban bien y volvió a solicitar a la Caja Nacional de Salud (CNS) otra prueba, pero le dijeron que no era posible. Asteria, licenciada en enfermería, se dedicó cuidar a su esposo en casa y poco después también presentó los síntomas. Para el 29 de diciembre la salud de la pareja cambió drásticamente cuando comenzaron a respirar con dificultad.
Alejandra, la hija mayor, de 27 años, llevó a su papá a su sitio de trabajo, el centro de atención covid-19 de referencia de Oruro. En una silla de ruedas y con su documentación en las manos, las médicas y los médicos le dijeron al doctor Yucra que no le podían atender porque todas las camas estaban ocupadas. No había espacio en ningún centro hospitalario, ni siquiera de la CNS. Ni por ser afiliado con todas las prestaciones de ley pudo acceder a su propio seguro de salud; un seguro que cada mes le descontaba de su salario el aporte correspondiente. La CNS, una entidad de derecho público, descentralizada y con autonomía propia, es el primer ente gestor de seguridad social de Bolivia porque aglutina una numerosa cantidad de aseguradas y asegurados, la mayoría trabajadoras y trabajadores en la administración pública.
La segunda ola de la pandemia estaba en su pico más alto, los registros del Ministerio de Salud señalaban para esa fecha, el 31 de diciembre de 2020, 1.752 casos activos reportados y 16 fallecidos. No existen datos de los casos no reportados y tratados en casa, cuyas muertes quedaron al margen del conteo nacional. Se trata de un panorama que varios países de la región enfrentan por la inaccesibilidad a los sistemas de salud por distintos factores.
Ante esas circunstancias, para Yucra solo quedó la opción de una clínica privada. Allá resultó positivo y con sus pulmones dañados en un 85 por ciento, es decir, en la fase 3 de la enfermedad. Pocas horas después, a Asteria también la llevaron a la misma clínica, donde quedaron en la unidad de terapia intensiva.
La medicación para ambos incluían antivirales casi imposibles de conseguir que costaban entre 600 y 700 dólares diarios que debían cubrir los hermanos Yucra. Reynaldo, de 23 años, salía de su casa a las 6 de la mañana para recolectar la ayuda que le proporcionaban las y los compañeros de curso, amigos y familiares, que hacían eventos en Facebook, y también les llegaban aportes desde Cochabamba, Sucre y Santa Cruz. Pero ni todas esas buenas intenciones alcanzaban para cubrir una deuda que aumentaba día a día.
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*Foto de portada: China Martínez.
