Independientemente de lo que pase en materia de reformas constitucionales en la segunda mitad del sexenio, está claro que uno de los rieles que ha permitido el avance de la llamada Cuarta Transformación es color verde olivo.

Hace un mes, con motivo de un foro virtual organizado por la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Santiago Aguirre, lo resumió de manera magistral: la militarización en México inició hace varias décadas, no obstante, el presente gobierno mantuvo y llevó a un nuevo nivel esta inercia, presentándose actualmente con especial intensidad y con raíces jurídicas muy hondas.

El problema, afirmó, es que “los gobiernos pasarán, pero el andamiaje legal que profundiza la participación de las Fuerzas Armadas va a permanecer”.

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La secuencia es clara y brillantemente resumida por Stephanie Brewer, directora para México y Derechos de Migrantes de WOLA, en el trabajo que dio pie al foro mencionado, titulado “México militarizado: la guerra se perdió, pero la paz no llega”: la estrategia contra la violencia basada en la militarización, iniciada en 2006, fracasó; esta estrategia ha traído consigo mayor violencia y la perpetración de graves violaciones de derechos humanos; inesperadamente y en sentido contrario a lo anunciado y prometido en campaña, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió darle continuidad a la estrategia a través de una Guardia Nacional militarizada y fortaleciendo el papel de las Fuerzas Armadas en la vida pública.

No se necesita de un golpe militar, apunta Brewer, para que estas instituciones ejerzan niveles de poder que aún sin un gobierno de esta naturaleza, “tampoco hablan de una institucionalidad democrática saludable”. De esto se trata el militarismo, de la influencia del poder militar en la toma de decisiones políticas, al margen de sus atribuciones constitucionales y en ámbitos de acción que no forman parte de su especialidad.

Para efectos prácticos, la Guardia Nacional es una corporación militarizada, es decir, atravesada por la lógica militar, esté o no bajo mando militar. Aunque en la Constitución la define como una institución policial de carácter civil, en los hechos su composición, entrenamiento, identidad y dirección dependen del poder castrense. “La mayoría de sus aproximadamente 100,000 integrantes –documenta Brewer– son militares, su despliegue territorial se realiza desde cuarteles y su comandante es un general (quien pasó de elemento activo a retirado estando al frente de la GN”. Adicionalmente, abunda, documentos no desmentidos desde hace más de ocho meses dan cuenta que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tomó el mando operativo de la Guardia Nacional a principios de octubre.

Con estas coordenadas de fondo es que hace sentido una de las reformas constitucionales anunciadas por el presidente tras la elección intermedia a su círculo más cercano, integrantes de su gabinete y legisladores pertenecientes a su movimiento, así como a los empresarios del Consejo Mexicano de Negocios, según lo dio a conocer El Universal el pasado 11 de junio.

A primera vista y a juzgar por los resultados electorales para la integración de la Cámara de Diputados, el anuncio que incluyó también reformas constitucionales en materia energética y electoral parecería contraintuitivo. Sin embargo, pese a los votos perdidos en San Lázaro para poder construir con mayor facilidad una mayoría calificada, la 4T ha logrado a la fecha alrededor de 20 reformas de esta naturaleza, entre ellas la que creó la Guardia Nacional, sin una mayoría calificada asegurada en ambas cámaras.

Como lo demostró Maite Azuela en un análisis publicado en la revista Nexos, la 4T ha avanzado de la mano de la oposición. Sí, una oposición fragmentada, pero al cabo oposición, esa misma que se presentó en alianza en las pasadas elecciones.

De cara a lo evidente –que no lo deseable– en materia de seguridad, López Obrador quiere colocar a la oposición en un primer brete. Considerando las circunstancias existentes, poco cambiará el curso de los hechos la decisión en uno u otro sentido; se apruebe o no la reforma constitucional para subordinar la Guardia Nacional a la Sedena, dicha corporación mantendrá y es posible que incremente su perfil militar. Con todo, en mucho puede ayudar el debate público que esta reforma genere, tan sólo para poner de relieve que quedan poco más de mil días para que las Fuerzas Armadas dejen de coadyuvar en tareas de seguridad pública, tal y como lo trazó el propio presidente con su acuerdo del 11 de mayo de 2020.

¿Además de su eventual rechazo, estará a la altura la oposición de debatir y proyectar algo distinto?