De 2012 a 2020 hubo 80 víctimas mortales por linchamientos en Puebla, de acuerdo con una revisión hemerográfica hecha por LADO B y cifras de 2020 compartidas por la Secretaría de Gobernación (Segob). Y en ese mismo lapso de tiempo ha habido solo ocho sentencias por homicidio tumultuario: tomando en cuenta estos datos, sólo 10 por ciento de los linchamientos ocurridos en los últimos siete años han llegado a la justicia.

Hay que aclarar que no existe una figura jurídica como tal para investigar un linchamiento; el delito que se persigue es el homicidio tumultuario en caso de haber una víctima mortal, y en el caso de un intento de linchamiento lo que se investiga son las lesiones tumultuarias (cuando sólo hay golpes, heridas y cualquier tipo de daño que no culmina en un asesinato). 

Precisamente el abogado Víctor Alonso Tadeo, abogado defensor de las víctimas del caso de linchamiento en Acatlán de Osorio el 29 de agosto de 2018 (donde Alberto Flores y su sobrino Ricardo Flores fueron quemados vivos al ser señalados como presuntos ladrones de menores), explicó que la manera más cercana para conocer los linchamientos que han llegado a la justicia es tener las sentencias por homicidios tumultuarios.

Hay que aclarar que no significa que todos los homicidios tumultuarios son necesariamente producto de linchamientos, pero de acuerdo con los abogados, conocer las sentencias emitidas por este delito es el camino más certero para saber cuántos linchamientos han recibido sentencia.

Ilustración: Conejo Muerto

Mediante una solicitud de información, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla respondió a esta casa editorial, que de 2012 a febrero de 2021 ha emitido 14 sentencias por homicidios tumultuarios, de los cuáles ocho ocurrieron entre el 2012 y el 2020. Las otras seis sentencias se emitieron por homicidios tumultuarios previos a 2012.

Esto equivale al diez por ciento de todos los linchamientos que han culminado en asesinatos, tomando en cuenta los datos analizados por LADO B que dan cuenta de cero muertes por linchamientos en 2012 y en 2013; una en 2014; dos en 2015; 11 en 2016; 12 en 2017; 23 en 2018; 22 en 2019 y finalmente nueve en 2020 (esta última cifra es la oficial de linchamientos difundida por la Segob).

El abogado Víctor Alonso Tadeo, dijo en entrevista que el 10 por ciento de los casos sentenciados “no es nada”.

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En su opinión y desde su experiencia, dijo que la Fiscalía General del Estado (FGE) no está haciendo las averiguaciones correctamente, y los tribunales tampoco están resolviendo este tipo de delitos. “Todo lo que me preguntas [acerca de por qué hay tan pocas sentencias] se deriva de una mala actuación de la Fiscalía, que no está investigando”.

El hecho de que haya tan pocas sentencias, dijo el defensor jurídico, responde a una mala actuación de los ministerios públicos y fallas en las investigaciones en estos casos. “En la mayoría de asuntos [de linchamientos] ninguno ha sido investigado realmente, no hace su trabajo la Fiscalía”.

La complejidad de investigar un linchamiento

Ilustración: Conejo Muerto

Pese a que Puebla es uno de los estados de la República con más linchamientos, de acuerdo con el “Informe especial sobre los linchamientos en territorio nacional” de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH),  e incluso tiene un protocolo de actuación para estos casos, no hay cifras claras ni registros homologados oficiales de los casos (salvo las cifras que difunde la Segob, que no son iguales a las consignadas en medios de comunicación), ni tampoco datos oficiales para saber realmente cuántos y cómo han sido llevados a la justicia. Esto, justo porque no existe un tipo penal específico para perseguir este delito.

Ante esta área gris para perseguir los linchamientos, Israel Salomón Huerta, subcoordinador del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia (CCSJ) dijo en entrevista que habría que revisar el Código Penal y quizás hacer un tipo especial de delito para los linchamientos.

Esto, para que permita distinguir entre una riña que culminó en un homicidio o lesiones tumultuarias, y entre casos donde hubo un señalamiento previo de culpabilidad de un presunto delito cometido por las víctimas. 

También consideró que la Fiscalía debería tener una mayor apertura para investigar y verificar qué casos de homicidios tumultuarios son producto de linchamientos, y cuáles pueden derivarse de una pelea o conflicto, sin que, como ya se mencionó, haya una acusación que diga que una persona estaba cometiendo un delito.

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Brenda Elguea Zanella, analista del CCSJ, dijo que cuando ocurren estos hechos se pasa de lo individual a lo colectivo, por lo cual es complicado determinar el nivel de participación de cada persona involucrada.

Otro de los problemas que Salomón Huerta identificó es la complejidad al denunciar estos delitos, pues solo cuando hay un homicidio en un caso de linchamiento este delito se persigue de oficio. Pero en casos donde sólo hay lesiones, si nadie denuncia entonces no se abre una carpeta de investigación.

Los integrantes del CCSJ coincidieron en que la falta de una figura jurídica específica y la complejidad al denunciar e investigar linchamientos son factores que pueden explicar el escaso número de sentencias y el poco acceso a la justicia en los linchamientos.

Concluyeron que todavía falta mucho que atender en este fenómeno, desde la sensibilización de la ciudadanía hasta la capacitación de los policías: desde la prevención y seguridad ciudadana hasta la procuración e impartición de justicia.

*Ilustración de portada: Conejo Muerto