Anayeli García Martínez | Hazel Zamora Mendieta

Desde que Nadine Gasman Zybelmann anunció la creación de un plan para atender a la infancia en orfandad por feminicidio, en julio de 2020, este sigue solo en papel, en tanto el feminicidio, sigue creciendo con todas su implicaciones. Desde julio de 2020 hasta marzo de 2021, han sido asesinadas 634 mujeres, según el registro del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y aunque no se sabe cuántas de ellas eran madres, ni si hay, niñas y niños que quedaron en orfandad y sin posibilidad de restituir un plan de vida roto después del asesinato violento de sus madres.

Mientras se siguen sumando asesinatos de mujeres y aumenta la cifra de menores de edad en orfandad, este proyecto de protocolo, que aún no es público, continúa en desarrollo. Para que sea eficaz, señalan especialistas consultadas por Cimacnoticias, debe garantizar atención integral, de largo plazo y tomar en cuenta las opiniones de las familias de las víctimas, de las niñas y niños, quienes no sólo necesitan apoyos económicos, sino tener una familia, estar en la escuela, crecer en un entorno de seguridad, y sobre todo recibir atención a su salud emocional.

En entrevistas por separado, la presidenta del Instituto de Investigación y Estudios para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes “Rehilete AC”, Mónica Herrerías Domínguez; la exsecretaria ejecutiva del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Puebla, Gabriela Escobar del Razo; y la investigadora y psicóloga Andrea Cárdenas Domínguez, destacaron que la niñez necesita de políticas públicas que los sostengan ante un evento crucial como el asesinato de sus madres.

En 2017 Cimacnoticias publicó la investigación, realizada a propósito del Día Internacional de la Mujer, en la que reveló el desinterés gubernamental para reconocer y atender esta situación, lo cual se refleja en las escasas cifras y poca información sobre la atención para las hijas e hijos de mujeres asesinadas, quienes quedan a la deriva y son invisibles para el Estado. A cuatro años de esa documentación, el gobierno federal continúa “analizando” cómo resolver la falta de políticas públicas en la materia.

Tal vez te interese: Maternar a infancias en orfandad, los otros daños de un feminicidio

El borrador de “Proyecto del Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio” considera a esta población víctima directa e indirecta del feminicidio, debido a la desprotección en que quedan después de la muerte violenta de la madre, quien en la mayoría de los casos es asesinada por su pareja. Sin embargo, han pasado diez meses desde que se anunció y no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación para su aplicación en todo el país.

Aunque el trauma y el duelo de la infancia en orfandad se suman a afectaciones a su integridad y la vulneración a sus derechos, todavía no existe un plan de atención integral. En estados como el de México, Coahuila y Jalisco, se han creado programas centrados en transferencias económicas y a nivel federal se dice que se trabaja en una ruta que se centra en actuar ante una escena del crimen donde haya niñas, niños y adolescentes.

Una propuesta inacabada

Imagen: CIMAC Noticias

La orfandad por feminicidio es un problema que data desde que se comenzó a documentar el feminicidio, en la década de los años 90, en el estado de Chihuahua; pero fue el 20 julio de 2020 cuando, por medio de un comunicado, la presidenta del Inmujeres, junto con representantes del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), anunciaron la creación de un protocolo nacional como un hecho pero no hay más.

Ese día aseguraron que este documento sería resultado de la información obtenida en 26 sesiones de trabajo de las Mesas Técnicas de Acceso a la Justicia en casos de Muertes Violentas de Mujeres y Niñas, impulsadas por el Inmujeres en 12 entidades federativas y de la colaboración de las fiscalías y procuradurías estatales, con el fin de conocer el número y las características de niñas, niños y adolescentes víctimas indirectas del delito de feminicidio.

Nueve días después del anuncio, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reiteró en la conferencia mañanera del presidente de la República, que “se presentó y se publicó” el Protocolo, sin que esto fuera verdad. Frente a Andrés Manuel López Obrador, Sánchez Cordero dijo: “La primera vez en la historia de nuestro país que se está atendiendo a través de este protocolo -y quiero ser muy enfática- a las niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por los feminicidios con la finalidad de garantizar el acceso a la justicia, restituir sus derechos y brindarles la protección social y asistencia que requieran”.

Un año y tres meses antes de aquel anuncio en papel, el 6 de marzo de 2019, al presentar el “Plan de Atención General a las Mujeres de México”, Olga Sánchez Cordero y la presidenta del Inmujeres, Nadine Gasman Zybelmann, señalaron, en la conferencia mañanera del presidente López Obrador, que como parte de un plan de atención a la violencia contra las mujeres integrarían un padrón de víctimas indirectas del feminicidio, especialmente de las hijas y los hijos menores de edad.

También puede leer: María Antonia, 17 años de exigir justicia y maternar a sus nietos

“También estamos proponiendo integrar un padrón de registro con las víctimas indirectas, especialmente las hijas y los hijos menores de edad, así como dependientes económicos de las mujeres asesinadas y desaparecidos que nos va a permitir dar una atención y acompañamiento integral para todos y todas ellas”, dijo esa mañana de 2019, Gasman Zybelmann.

Pese a todos esos anuncios, lo real, es que por ahora el protocolo sigue sin publicarse y no hay claridad de si aquel padrón que presentaron está en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi). Hasta el mes de marzo de 2021, de acuerdo con el borrador con el que cuenta Cimacnoticias, el Inmujeres ubicó por medio de solicitudes de información a las fiscalías locales, 796 casos de niñas, niños y adolescentes en orfandad por feminicidio. Este dato corresponde al registro de enero a diciembre de 2019 y sólo es de 23 de los 32 estados de la República.

Por otra parte, de acuerdo con el Renavi, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, de 2014 al 13 de febrero de 2020, se reconoció a 59 niños, niñas y adolescentes como víctimas indirectas de feminicidio. Es decir, en 6 años el Renavi apenas incluyó cerca de 7 por ciento del total de casos localizados en 2019 por el Inmujeres.

Nadie a cargo de la atención

Gráfico: CIMAC Noticias

Pero no sólo no se ha publicado el protocolo final, sino que tras su anuncio público en 2020 no hay institución que se haga responsable de la concreción. Pese a solicitar entrevistas con las personas titulares involucradas en este Protocolo, las áreas de comunicación del Sipinna y el DIF expusieron que no les correspondía coordinar esa política pública, porque únicamente “participaban de forma colateral”. Por su parte el Inmujeres refirió que su desarrollo estaba a cargo del DIF.

Mientras las autoridades se deslindan y se avientan una a otra la responsabilidad, la infancia en orfandad por feminicidio sigue desprotegida.

Al respecto, la presidenta del Instituto de Investigación y Estudios para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes “Rehilete AC”, Mónica Herrerías Domínguez, expuso que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, vigente desde 2014, establece que las Procuradurías de Protección, en particular la federal que se encuentran dentro de la estructura del DIF nacional, son quienes deben proteger los derechos de esta población y la Ley General de Víctimas, vigente desde 2013, establece la reparación integral para las víctimas.

En consecuencia, señaló la también perita en materia de psicología, estas instancias son quienes tienen la responsabilidad de garantizar los derechos de estas infancias, desde atender la depresión y el duelo, acompañar los interrogatorios ante autoridades penales hasta garantizar que no vivan más violencia del feminicida, en caso de que sea su familiar. Es decir, deben coordinar y ofrecer un acompañamiento integral y desde un enfoque psicosocial, educativo y familiar.

Sin embargo, el Proyecto del Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio de 93 hojas, obtenido en diciembre de 2020 por medio del mecanismo de acceso a la información, establece que la ruta de atención comienza cuando hay una llamada de emergencia al 911 para dar cuenta de un feminicidio. En estas listas de actividades a seguir se consideran acciones como preguntar si hay niñas o niños en el lugar y en su caso informar a la Procuraduría de Protección (a cargo del DIF). La lista de pasos llega hasta la elaboración de un Plan de Restitución de Derechos.

El proyecto parte del supuesto de que cuando una mujer es asesinada sus hijas e hijos se encuentran en la escena del crimen, por lo que la primera persona en responder es la policía ministerial, que de acuerdo con el documento, debe estar capacitada en atención a la niñez y encargarse de resguardar a las personas menores de edad, solicitar atención médica o psicológica en caso de ser necesario y trasladarles al Ministerio Público junto a la Procuraduría de Protección.

En esta ruta de atención es primordial el papel del DIF, quien evadió responder a esta agencia sobre la publicación del documento, pese a que, en la conferencia matutina del 29 de julio de 2020, Sánchez Cordero dijo que este organismo era quien tenía “más clara” la situación de la orfandad. En aquel momento la directora general del Sistema nacional DIF, María del Rocío García Pérez, aseguró: “Este protocolo es un instrumento que describe el proceso de atención y el trabajo de las instancias involucradas, esa es la razón de este protocolo, para responder de manera integral, con un enfoque interinstitucional y multidisciplinario a las necesidades de estas personas que nos necesitan”.

Una realidad más compleja

Gráfico: CIMAC Noticias

La falta de concreción del Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio provoca que los caminos que recorren las familias que se quedan el cuidado de las niñas y niños sean más complejos. Por ejemplo, deben luchar por la custodia de las y los menores de edad y enfrentarse con las familias de los feminicidas, además deben buscar y pagar de su bolsillo atención psicológica porque las autoridades no les ofrecen ningún tipo de apoyo o compensación del daño.

Para la familia de Verónica Guadalupe Benítez Vega, quien fue asesinada el 26 de julio de 2017 por su esposo Luis Ángel Reyes, en el Estado de México, la falta de una política de protección la llevó a lidiar con la familia del feminicida para poder rescatar al hijo de Verónica, de tres meses de edad.

Luego de la impresión por la crueldad del feminicidio, a la cabeza de Juana Isabel Benítez Vega, hermana de Guadalupe, llegó la preocupación por el futuro de su sobrino. Al indagar sobre el paradero del bebé, se enteró que la madre de Luis Ángel se lo había llevado. Para rescatar a su sobrino, Juana tuvo que solicitar el apoyo de policías, quienes le reclamaron a la hermana por no avisarles antes que había un menor de edad involucrado en el caso.

Continuar leyendo en Cimac Noticias

*Foto de portada: César Martínez López | CIMAC Noticias