Alejandro Ruíz

Tres defensores del agua en Santiago Mexquititlán acudieron a la Fiscalía de Querétaro a denunciar agresiones en su contra por parte de representantes y candidatos del PAN en Amealco. Las autoridades los retuvieron sin orden de aprehensión y los trasladaron a prisión. Sólo la movilización de su comunidad organizada logró su liberación el pasado jueves 13 de mayo.

Todo inició el 25 de abril. Alrededor de las 11 de la noche, Leobardo Pineda, junto a su cuñado y su esposa, Alberto Pantaleón y Plácida Pantaleón, se dirigían del Lindero de San Francisco, en Santiago Mexquititlán, hacia la toma del pozo en barrio IV que la comunidad sostiene desde el 31 de marzo para exigir que en el pueblo haya agua.

Durante el trayecto al campamento, donde Leobardo y su familia iban a hacer guardia, una camioneta de la policía municipal comenzó a seguirlos. Dos unidades más aparecieron y comenzaron a gritarles que se pararan.

“Simplemente nos comenzaron a corretear”, relata Leobardo, “cuando escuché que gente que iba en la camioneta de la guardia municipal me gritaron ‘párate, pinche perro hijo de la chingada’, yo sentí que no era nada bueno y le empecé a acelerar a mi camioneta, y en una curva me frené y me pega la camioneta de la guardia municipal en la parte trasera”.

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Tras recibir el impacto de la camioneta, Leobardo continuó acelerando, pues comenzó a temer por su vida. Al poco tiempo una detonación de arma de fuego se escuchó detrás del vehículo donde viajaban él y su familia; sintió un golpe en la cabeza y empezó a sentir cómo la sangre le escurría por el cuello.

“Empiezo a sentir lo calientito que era la sangre, y empiezo a escuchar a mi cuñado que venía acostado en la parte trasera que empieza a gritar. Cuando lo ve mi esposa, él también venía sangrando, herido. Entonces yo no me pude parar porque la verdad fue más la agresión y le aceleré más a la camioneta, y adelante estaba una barricada de piedras y me estampo con una camioneta. Ya era una emboscada planeada”.

Leobardo.

Leobardo alcanzó a refugiarse en un terreno frente a la gasolinera de la carretera federal número 300, ubicada en Barrio 4, a unas cuantas cuadras de la toma del pozo. De ahí no recuerda nada. Cuando pudo reaccionar estaba siendo curado y atendido por la comunidad que se encontraba de guardia en el campamento.

“Nos emboscaron por los problemas del pozo de agua”, asegura Leobardo.

De heridos a culpables

El 12 de mayo, Leobardo y su familia, convencidos de que se trató de un acto de intimidación del ayuntamiento para menguar su participación en la lucha comunitaria para la defensa de su agua, decidieron ir a presentar una denuncia ante la Fiscalía en contra de a quienes ellos identifican como los autores intelectuales de dichas agresiones: Rosendo Anaya Aguilar, expresidente municipal y actual candidato a diputado; Verónica Hernández, exdiputada local y actual candidata a la presidencia municipal, y Verónica Sánchez, exdelegada municipal y actual candidata a regidora. En los tres casos compiten con las siglas del PAN.

Sin embargo, lejos de encontrar justicia, la familia fue aprehendida, sin ninguna orden, por elementos de la Fiscalía del Estado de Querétaro. Los trasladaron al Centro de Readaptación Social de San Juan del Río.

“Nos meten a la cárcel sin ninguna justificación. No hubo orden de aprehensión, no nos leyeron ningún derecho, y no nos dieron derecho a una llamada”, puntualiza Leobardo.

Esa misma noche, mientras Leobardo y Alberto estaban ya recluidos en el penal de San Juan del Río, Plácida fue trasladada, sin ninguna explicación, al Cereso de San José el Alto, ubicado en la capital del estado.

Ahí personal de la fiscalía y de la policía estatal le hicieron un interrogatorio improvisado, donde le inducían a responder que ella portaba un arma de fuego.

“Son bien mañosos, me hacían preguntas para que yo dijera que sabía disparar o cosas así, nomás querían incriminarme. Después uno de los guardias me dijo ‘ahora sí va a conocer dónde estuvo Jacinta’, son mañosos”.

Plácida

El guardia se refería a Jacinta Francisco Marcial, una de las 3 mujeres indígenas que fueron injustamente encarceladas tras una acusación de secuestro a exagentes de la AFI en el 2006.

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*Foto de portada: Cortesía de la comunidad y Alejandro Ruiz