Lado B
La Ley Zaldívar y el falso dilema
Por Roberto Alonso @rialonso
27 de abril, 2021
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Entre la noche del jueves 22 de abril y la mañana del viernes 23 de abril se escribió en la Cámara de Diputados una página oscura. La mayoría parlamentaria encabezada por Morena rebasó abiertamente los límites constitucionales con criterios personalistas más cercanos a la figura del caudillo que al paisaje institucional que busca ponerle un cerco a la arbitrariedad y la equivocación de creer que las grandes reformas son producto de un solo hombre.

Pese a que el vicecoordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Pablo Gómez, advirtió que en San Lázaro no transitaría la ampliación de la presidencia del ministro Arturo Zaldívar tanto en la Corte como en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el transitorio incorporado de última hora en el Senado sí transitó con 211 votos de Morena, 35 del PT, nueve del Partido Verde, tres del PES, uno del PRI y un diputado sin partido, 260 en total.

Poco le duró la elocuencia al diputado Gómez, quien cinco días después de ventilar su opinión crítica al respecto, votó a favor del dictamen. La lucidez, en cambio, sí la tuvo el diputado Porfirio Muñoz Ledo, quien intervino en tribuna durante casi hora y media para argumentar que la Ley Zaldívar representa una franca violación al marco constitucional y reprochar a sus compañeros y compañeras de partido de votar bajo dictado.

Recibió el mote de Ley Zaldívar el artículo décimo tercero transitorio de un robusto dictamen que incluye una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación y reformas a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la Ley Federal de Defensoría Pública, la Ley de Amparo, la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución y el Código Federal de Procedimientos Civiles; todo lo cual busca desterrar del Poder Judicial prácticas de corrupción y nepotismo, y acercar la justicia a la sociedad, quedando empañado por el artículo transitorio agregado.

“Me opongo con toda la fuerza y convicción de mi ser, con todo el esfuerzo memorioso que hemos hecho desde 1988 para instaurar en el país un orden democrático y no una república autoritaria a este insensato proyecto de violar la Constitución política del país”, expresó el diputado Muñoz Ledo al inicio de su posicionamiento, en el que también expuso que el país se encuentra en una “bifurcación de la historia”, un “momento de no retorno” en el que “o nos vamos de un lado (democracia) o nos vamos del otro (autoritarismo)”.

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Con todo, atemperó el diputado morenista, la máquina de la democracia “está funcionando, con excesos, con intemperancias, pero está funcionando”, y confió en que la Corte declarará inconstitucional el precepto en cuestión, anticipándose a lo previsible: la interposición de una acción de inconstitucionalidad ya sea desde el Senado, desde la misma Cámara de Diputados o desde ambas cámaras.

Como lo establece el artículo 105 de la Constitución –salvo que también se quiera desconocer– es necesaria una tercera parte de los integrantes de una u otra cámara para ejercer este recurso de control constitucional. En el caso de San Lázaro, la tercera parte son 167 diputadas y diputados, justo la cantidad de votos registrados en contra de la Ley Zaldívar, que podrían completarse o fortalecerse, de ser el caso, con la firma de los 56 diputados y diputadas que se ausentaron de la votación del dictamen, entre ellos el propio Muñoz Ledo y la diputada Lorena Villavicencio. Esta última, por cierto, acusó a algunos de sus correligionarios de presentar un falso dilema entre justicia y respeto a la norma constitucional.

La diputada Villavicencio catalogó así el dilema planteado por el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ignacio Mier, entre derecho y justicia. Entre ambos, sostuvo el diputado poblano, “un transformador, un liberador, un revolucionario, opta por la justicia”, mientras que “el conservadurismo opta por el derecho”. Un dilema provocador y sugerente, pero falso, pues en este caso la ley no es sino lindero para la realización de la justicia.

Se trata, sin embargo, de un falso dilema que desde el día siguiente de la aparición del propósito de extender por dos años la presidencia del ministro Zaldívar, así como los periodos de las y los integrantes del CJF, acuñó el presidente Andrés Manuel López Obrador al avalar la medida y condicionar la implementación de los cambios en el Poder Judicial a la permanencia de Zaldívar al frente de la Corte y del CJF.

“Si no se amplía el periodo –dijo López Obrador el lunes 19 de abril– quien llegue va a ser más de lo mismo”. “Si no es él, van a quedar como letra muerta las leyes que se aprobaron para renovar el Poder Judicial”, subrayó el martes 20 de abril.  “Yo estoy a favor, así de claro –insistió el miércoles 21 de abril–, porque el presidente de la Corte es una gente recta, íntegra, honesta y es muy difícil en estos tiempos”. “No generalizo, porque hay jueces, mujeres, hombres, rectos, como hay magistrados también, pero la mayoría está acostumbrado (sic) a esas prácticas (de corrupción)”, remató el lunes 26 de abril.

La defensa del Ejecutivo federal y de su consejero jurídico de la Ley Zaldívar, puesta en términos de única ruta para la reforma del Poder Judicial, no solo da elementos para suponer que tuvo el beneplácito de Palacio Nacional, sino que confirma la visión de que la transformación del país es obra de un puñado de héroes y heroínas intocables, incorruptibles e impermeables a la crítica.

A todo esto, el ministro Zaldívar parece haber zanjado el debate. El pasado 23 de abril dio a conocer un posicionamiento en el que aseveró que ejercerá el cargo de presidente de la Corte y del CJF únicamente por el periodo para el cual fue electo por sus pares, quedando “a la determinación de la SCJN respecto del precepto en cuestión”. La redacción es ambigua, pues si la Corte declarara paradójicamente la constitucionalidad de la Ley Zaldívar, se abriría un cauce para mantenerse a la cabeza de ambas instancias. No obstante, el mismo día declaró en entrevista con W Radio que él no quiere dos años más.

La pregunta queda: ¿la cirugía mayor del Poder Judicial es tarea de un solo hombre?

 

*Foto de portada: Suprema Corte de Justicia de la Nación | YouTube

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Autor Lado B
Roberto Alonso
Coordinador de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Iberoamericana Puebla y del Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática.
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