Un logro más del gobierno de Luis Miguel Barbosa, en un año puso a Puebla en los primeros lugares… de las agresiones a la prensa.

De acuerdo con el informe anual que la organización Artículo 19 presentó hoy, Puebla pasó de ocupar el cuarto lugar entre los estados más violentos contra la prensa en 2019, al registrar 34 agresiones, al segundo lugar en el 2020 con 75 casos reportados.

Y es un logro de la administración del morenista porque en el 65 por ciento de las 75 agresiones registradas en el periodo —más de una por semana—, las personas responsables trabajan en el gobierno estatal.

Un porcentaje que supera la media nacional registrada por la organización que defiende la libertad de expresión: “las autoridades cometen 46.45% de las intimidaciones y hostigamientos contra la prensa”. 

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En su informe titulado “Distorsión, el discurso contra la realidad”, la organización califica de “particularmente preocupante tanto la duplicación de agresiones como la vinculación de la mayoría de ellas con el actual gobernador y su administración”.

De las 75 agresiones reportadas, 16 fueron hostigamientos judiciales por vía civil contra periodistas y medios, una cifra cuatro veces mayor que la de Guanajuato, entidad que se ubicó debajo de Puebla en el uso de esa herramienta de agresión y amedrentamiento.

“Las y los directores de los medios de información E-Consulta, El Popular y Datamos fueron las principales víctimas de este tipo de agresiones. Si bien ninguna demanda viene directamente del gobernador, todas fueron presentadas por funcionarios de su administración, como son el subsecretario de Movilidad y Transportes, el director del Instituto Estatal de Educación para Adultos y el subsecretario de Administración”. 

El caso de E-Consulta es particular, pues en 2020 fue demandado en siete ocasiones, todas, coincidentemente, por integrantes de distintas oficinas del gobierno estatal. Rodolfo Ruiz, director de E-Consulta, señaló que, aunque “muchos medios publican mi columna de opinión, sólo están demandando a los medios que no se han alineado a la política de Barbosa, que tiene la intención de que no critiquemos absolutamente nada de su gobierno”. 

En el desglose de casos, Artículo 19 también documentó ocho momentos en los que se bloqueó a la prensa no alineada al discurso oficial, y en los que “el gobernador y la Coordinación General de Comunicación y Agenda Digital están directamente vinculados a bloqueos y estigmatizaciones sistemáticos contra la prensa poblana.” 

Con permiso de agredir

Foto: Marlene Martínez

Para la organización, el problema es vertical y se inicia en la capital del país a través del discurso estigmatizante y de confrontación que usa el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su relación con los medios a través de sus encuentros mañaneros.

“Cuando es la cabeza del Estado la que agrede, se establece un contexto permisivo de violencia e impunidad”, sostiene A-19 en su informe.

Y los resultados siguen siendo negativos para el uso y disfrute de la libertad de expresión y el derecho a la información, pues los datos muestran un crecimiento en las agresiones y la violencia contra la prensa.

“Con 343 ataques en 2020, es decir, 78 más que en el año anterior, casi uno de cada dos atentados contra la prensa (a nivel nacional) proviene de las autoridades”. 

El titular del Ejecutivo federal y algunos gobernadores, como Bonilla en Baja California o Barbosa en Puebla “podrán decir en las mañaneras que los medios tienen el derecho a disentir y que en México se respeta la libertad de expresión, sin embargo, la realidad es que las autoridades cometen 46.45% de las intimidaciones y hostigamientos contra la prensa, así como 35.71% de las amenazas”. 

En la tipología de la violencia, los atentados más comunes cometidos por estas personas fueron el uso ilegítimo del poder público, con 28.72% (principalmente hostigamientos judiciales y estigmatizaciones contra la prensa); intimidaciones y hostigamientos, con 23.94%, y bloqueos o alteraciones de contenido, con 21.28%. 

Y puntualiza la organización: “Los hostigamientos por vía civil, penal y administrativa suman 30 casos y resaltan un patrón emergente de gran preocupación”.

Distorsión: El discurso contra la realidad | Informe anual 2020

*Foto de portada: @MBarbosaMX | Twitter