Ángel* ha sido detenido en cuatro ocasiones por posesión de cannabis para consumo recreativo. La primera fue en un retén en el que, al ver sus rastas, narra a LADO B, los policías le hicieron bajar de su vehículo para revisarlo; por un cigarro de mariguana que le encontraron fue detenido por 48 horas. La historia se repitió y en todos los casos ocurrió lo mismo: fue arrestado por ejercer su derecho al libre desarrollo de la personalidad, algo que incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó garantizar. 

Por lo anterior, Ángel es una de las personas que, desde el 18 de febrero, mantienen un plantón indefinido en el kiosko del Paseo Bravo denominado Plantón 4:20 Puebla, que busca principalmente una legislación en torno al cannabis que garantice el libre desarrollo de la personalidad de las y los usuarios de esta sustancia, y abonar a la eliminación de los prejuicios en torno al consumo de la planta, los cuales existen por la falta de información derivada del prohibicionismo. 

Así, plantas de mariguana de diferentes tamaños reciben al visitante en la escalera que lleva al kiosco, lugar en donde casas de campaña 一que funcionan como dormitorio e invernadero para germinar las plantas一, mesas, lonas y una cocina improvisada, permiten que las personas del movimiento continúen su lucha, a pesar de los caprichos del clima y los intentos de retirarlos del lugar. 

El domingo, día que abren la convivencia al público, niños, niñas, adolescentes, padres, madres y personas adultas mayores se han acercado, motivados por la curiosidad, para preguntar qué especie de plantas son las que cultivan, pues muchas de estas personas no habían visto nunca una planta de mariguana, cuenta a LADO B Valeria*, una de las coordinadoras del colectivo Toque Poblano, la organización que desde hace algunos meses se articuló para exigir el cumplimiento de sus derechos como usuarios y usuarias de cannabis.

Foto: Marlene Martínez

Y es que los plantones, comenta por su parte Amaya Ordorika, de la organización ReverdeSer: “generan la posibilidad de que personas de a pie que pasan en las inmediaciones puedan ver a personas usuarias consumiendo de manera relajada, y eso también ayuda a contrarrestar otro mito: que el consumo de cannabis está relacionado con la violencia”.

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A través de jornadas de información 一o “brigadeo”, como también lo llaman一, las personas que integran este movimiento, entre las que hay estudiantes, trabajadores, profesionistas y gente en situación de calle, han creado un espacio que funciona como un posicionamiento político, un lugar seguro para informarse, cultivar la planta y consumirla; solo consumen cannabis que ellos y ellas mismas cultivan.

El consumo desde la vergüenza, cosa del pasado

Foto: Marlene Martínez

Las infancias son quienes más preguntan cuando están cerca del plantón sobre la mariguana, y eso es algo que le interesa al colectivo, porque con este acercamiento buscan que las nuevas generaciones “empiecen a crecer sin prejuicios” respecto a la planta y a las personas que la consumen, que no vean a la persona consumidora de cannabis bajo estereotipos que muchas veces sus padres, y la sociedad, les refieren, sino  a gente organizada informando, jugando ajedrez, leyendo, rociando las plantas o cuidando el proceso de germinación de las semillas.

El mover el consumo del cannabis de la vergüenza y lo privado a lo político y público también permite educar a algunas personas usuarias porque cuando se crece bajo el modelo prohibicionista no se tiene acceso a información sobre el consumo de manera responsable y consciente. 

De esta manera en los plantones, así como otros espacios de protesta, se puede compartir ese conocimiento, desde cómo cultivar sus propias plantas para no alimentar al crimen organizado, pero también para cuidar el contenido de lo que van a consumir para reducir riesgos y daños.

Al interior del movimiento también hay reflexión, señala Valeria, a través de charlas como “El cannabis y yo”, en donde se genera un espacio seguro para empatizar y compartir experiencias, pues el movimiento también busca “recuperar [el sentido] de comunidad desde la empatía y solidaridad”. 

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Además, existe un monitoreo para los casos en donde hay detenciones por posesión de cannabis 一pues tienen canales de comunicación para reportar estos incidentes y una persona con conocimiento en leyes da seguimiento a las situaciónes一, y una asesoría jurídica para que las personas usuarias estén informadas y conozcan sus derechos frente a una detención, todo desde el marco jurídico vigente, ya que, Valeria asegura: “no queremos romper la ley sino modificarla, porque realmente no está [asegurando] el [respeto de los] derechos humanos que la Suprema Corte ya respalda”. 

Vías de presión para una política que respete los derechos de las y los usuarios

Foto: Marlene Martínez

El activismo cannábico de Toque Poblano tiene dos ejes de acción, explica Valeria, el físico: que es el plantón, y el institucional, que son los amparos. Hasta el momento, han acompañado a cerca de 200 personas a tramitar el permiso para cultivar mariguana ante la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que es el primer paso necesario —y será negado por seguir hasta ahora fuera de la ley— y posteriormente, a gestionar amparos para poder cultivar, recursos legales que son un derecho de todas y todos los mexicanos.

En diciembre de 2020 fueron 150 trámites ante Cofepris los que acompañaron, y quienes iniciaron su proceso en ese mes ya empezaron su trámite de amparo el 8 de marzo con los jueces en materia administrativa, explica a LADO B Fritz*, otro de los coordinadores de Toque Poblano. En enero de 2021 fueron 20 personas las que solicitaron ayuda en el trámite, en febrero fueron otras 30 personas y en los días transcurridos de marzo ya se acercaron algunas más a solicitar ayuda. 

El amparo es la vía a la que van a seguir acudiendo las y los usuarios del cannabis porque el dictamen que busca la despenalización del consumo y cultivo de la mariguana, y que se discutirá en la Cámara de Diputados en los próximos días, no garantiza los derechos de las personas usuarias

Foto: Marlene Martínez

Aunque se considere como falta administrativa la portación de 28 a 200 gramos de mariguana y de 200 a cinco kilos sin intención de venta continúa, de acuerdo con lo que se lee en el dictamen, la criminalización de la portación simple continuará porque procedimentalmente los policías van a seguir deteniendo a usuarias y usuarios de cannabis, explica Amaya Ordorika, ya que es muy probable que las y los policías no cuenten con los instrumentos para asegurar que las cantidades portadas sean las permitidas por la ley. 

La activista sentencia que pese a que se ha avanzado en el tema de garantizar a las personas su derecho al uso lúdico del cannabis, una tendencia es que se sigue legislando desde una postura del miedo y estigma que no ha podido trascender los mitos, pero lo más grave es que si se aprueba el dictamen en la Cámara de Diputados en los términos actuales se continuaría criminalizando a las y los usuarios. 

“De aprobarse esta reforma las personas usuarias acudiriamos a una tienda legal que vende cannabis, compraríamos el producto y en el trayecto de la tienda a nuestros hogares estaríamos en riesgo de ser detenidas por la policía (…) en la mayoría de los casos en este proceso ocurren muchas irregularidades, desde abuso de la fuerza y tortura, como también extorsiones y amenzas; todo esto sostiene un modelo de criminalización en las personas usuarias”, agregá Amaya. 

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La activista asegura que estas prácticas no van a cambiar porque es un delito muy fácil de perseguir para cumplir cuotas de detenciones y extorsiones para los policías, porque no requiere de investigación: encontrar la planta en la mochila de alguien ya es prueba del delito, y desde la reforma de 2009 —que estableció que la posesión de cannabis era un delito del fuero local— se alimentó la estructura de corrupción dentro de las policías locales.  

Por otro lado, Fritz comparte que han hecho círculos de discusión sobre la ley y durante ese ejercicio determinaron que hay puntos que tienen que modificarse, por ejemplo: las licencias se liberaron hacía todos, es decir, son permisos generales que permiten que personas extranjeras y de capital privado puedan invertir directamente en el cannabis, lo que genera desigualdad con personas que realmente se han visto afectadas por todos estos años de prohibición; vulnera la libre asociación y no contempla espacios de consumo tolerados.

Agrega que el darle la facultad a la Comisión Nacional Contra las Adicciones (Conadic) para regular sobre la cannabis es ilógico porque esa institución tiene un presupuesto limitado; lo que se debería hacer es repartir las responsabilidades relacionadas al cannabis entre varias secretarías, como la de Salud o Gobernación, para poder desarrollarse de manera congruente, y dedicar un recurso a un instituto que pueda despejar toda esa carga de trabajo que se va a venir después de la regulación.

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Así pues, aunque se apruebe la minuta en el Congreso de la Unión, el plantón probablemente continuará, porque la violencia institucional hacia las personas que consumen cannabis no desaparecerá si no se discute a profundidad el tema y si no hay una transformación en el imaginario colectivo de la sociedad, pues no se trata simplemente de fumar y ya, sino de un ejercicio pleno de los derechos humanos que cada persona tiene.

“Estamos en una protesta pacífica: no queremos dañar a nadie, solo queremos visibilizar que un usuario de cannabis no es un criminal, no es un delincuente y tampoco es un enfermo; es una persona que toma la decisión de cómo quiere desarrollar su personalidad”, concluye Valeria. 

De igual manera tienen planteada la idea de descentralizar su activismo y llevarlo a la periferia de la ciudad, aunque esta acción tendrá que esperar a que la pandemia por COVID-19 se estabilice, pues este también ha sido un obstáculo para masificar sus demandas. 

*Nombres cambiados a petición de las y los entrevistados 

*Foto de portada: Marlene Martínez