A propósito de la iniciativa dada a conocer por el senador Ricardo Monreal para regular las redes sociales en aras de proteger la libertad de expresión de sus usuarios a través de una reforma a la Ley Federal de Telecomunicación y Radiodifusión, conviene destacar que la disyuntiva no se encuentra entre regular o no hacerlo, sino en la finalidad de esta regulación.

En una entrevista reciente para El Universal, Mónica Bickert, vicepresidenta de Política de Contenido de Facebook, reconoció la disposición de esta empresa a “colaborar y participar en los debates para actualizar las regulaciones a las redes sociales, siempre buscando un equilibrio entre mejores prácticas y la protección a nuestros usuarios”. Se trata, en efecto, del lenguaje de lo políticamente correcto, pero es un hecho que estos debates están teniendo lugar en cada vez más países e incluso al nivel de los organismos multilaterales.

El meollo del asunto es el objetivo de la regulación, junto al cuidado en su implementación, pues lo que está en juego es un ecosistema que –con todos los desafíos que enfrenta– representa un terreno amplio de libertades que ha desembocado en algo más que un servicio: un nuevo espacio público. Las redes sociales, como cualquier espacio de intercambio, creación y expresión, son muestra de lo mejor y lo peor de la actividad humana, y en medio una interminable escala de grises. De ahí que atribuirles el calificativo de “benditas” resulta parcial y romántico.

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Por ello resulta crucial preguntarse por el para qué y bajo qué mecanismos. Porque afirmar que la intención es la protección de la libertad de expresión es insuficiente si no se analizan las mediaciones pensadas en tal sentido. No es lo mismo salvaguardar la libertad de expresión exigiendo a las empresas que ofrecen servicios de redes sociales que transparenten sus criterios y el sentido de su intervención en la moderación de contenidos en sus plataformas, incorporando mecanismos de apelación, que asignándole a un órgano de Estado –el Instituto Federal de Telecomunicaciones– la atribución de autorizar las empresas que pueden o no ofrecer estos servicios en internet.

En esto incurre el proyecto de iniciativa del senador Ricardo Monreal, que además obliga a las empresas a incluir en sus términos y condiciones criterios ambiguos y susceptibles de discrecionalidad como las noticias falsas, el ataque a la moral pública, la perturbación del orden público y los mensajes de odio para la suspensión y cancelación de cuentas, y la eliminación de contenidos; y a contar con un área de especialistas en derechos humanos y libertad de expresión exclusivamente para los casos de cancelación definitiva de cuentas. Lo anterior, bajo la amenaza de una sanción que podría ascender hasta los 89 millones 620 mil pesos.

Por lo que respecta a su contenido, esta propuesta de iniciativa ha sido criticado ya por organizaciones sociales como la Red en Defensa de los Derechos Digitales, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación y el Consejo Nacional para la Enseñanza de las Ciencias de la Comunicación, así como por especialistas y otros actores de la sociedad civil. A decir de ellas y ellos: “el legítimo interés por defender a las personas usuarias no debe usarse como pretexto para impulsar medidas que, lejos de combatir la censura, resultan contraproducentes para la libertad de expresión”.

Por su parte, Artículo 19 ha puesto atención en los antecedentes de la iniciativa. De acuerdo con esta organización –cuyo mandato es la promoción y la defensa de derechos como la libertad de expresión en un horizonte progresivo–, ha sido precisamente el senador Monreal quien ha sobresalido por presentar iniciativas legislativas desde enfoque restrictivos de la libertad de expresión, como la reforma a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares para reconocer el “mal llamado derecho al olvido” y la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para obligar a las plataformas digitales extranjeras a reservar el 30 por ciento de su catálogo para producción mexicana. No hace un año que el senador Monreal se manifestaba en contra de la regulación de las redes sociales y que había propuesto desaparecer al IFT y fusionarlo con otros organismos reguladores.

Sobre el contexto al que responde la iniciativa resulta determinante acentuar que no es otro que la molestia de Andrés Manuel López Obrador por la suspensión definitiva de la cuenta en Twitter de Donald Trump, todavía siendo el mandatario de Estados Unidos. Como lo señaló Ernesto Núñez en una de sus últimas columnas, fue al calor de estos acontecimientos que el senador Monreal jaló los reflectores, lo que difiere de la discusión argumentada y plural que debería movilizar un intento genuino de regular estas plataformas.

El presidente se ha opuesto ya a la idea de regular las redes sociales, sin embargo, el senador Monreal ha dicho que no desistirá en su planteamiento, aunque ha mostrado más apertura para recibir críticas y comentarios a su proyecto, receptividad que inicialmente cerraba el paso a las organizaciones de la sociedad civil y privilegiaba la interlocución con las empresas en cuestión. Forma, reza el clásico, es fondo. Pero algo sobre lo que la propuesta de iniciativa que dice proteger la libertad de expresión no dice una sola palabra es sobre la manipulación de la conversación pública en las redes sociales a través de cuentas automatizadas que intoxican el debate. De acuerdo con Freedom House, este comportamiento censura y limita la experiencia de las personas en la esfera digital, colocando a México entre los países donde la navegación en internet es parcialmente libre. ¿Acaso esto no es más o igualmente pertinente de atender?

*Foto de portada: Pixabay