Lado B
Los desafíos ambientales de México en el 2021
Colocar la agenda ambiental en el centro de las políticas públicas es el mayor desafío para México. Un tema complicado, sobre todo porque esa agenda no es prioridad en el presupuesto
Por Mongabay Latam @
21 de enero, 2021
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 Thelma Gómez Durán

Hace poco más de diez años, especialistas dedicados al estudio de los virus ya alertaban sobre la gran posibilidad de que el mundo se sacudiera por una pandemia que tendría sus orígenes en entornos naturales perturbados por la actividad humana. En 2005, por ejemplo, un artículo publicado en la revista Scientific American señalaba que la próxima pandemia se originaría en Asia. Llegó el 2020 y dio una dura lección: es vital escuchar a la ciencia.

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Este es solo un ejemplo de que el tema ambiental es indispensable en las agendas políticas de cada país. En México, hace tiempo que las y los científicos, comunidades indígenas e integrantes de organizaciones no gubernamentales alertan sobre la deforestación, la pérdida de biodiversidad, la contaminación de ríos y mares y, la invasión de megaproyectos y sus consecuencias para los territorios. Las luces de alerta ante la emergencia ambiental que se vive en el país están prendidas desde hace tiempo.

El 2021 tendrá que tener como protagonista al tema ambiental. “La pandemia nos recordó que somos bastante frágiles; así que el reto que tenemos como humanidad es reflexionar y mejorar; pensar qué estamos haciendo con el planeta. Uno de los principales desafíos, para México y el mundo, es que se atiendan los problemas ambientales”, señala la doctora en ecología microbiana y evolución, Ana Elena Escalante, directora del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

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Mongabay Latam entrevistó a especialistas en diversas áreas para identificar los principales desafíos ambientales de México durante el 2021. En la lista de retos hay uno que todos mencionan: desde los niveles más altos del gobierno se debe entender la importancia de la agenda ambiental.

1. Hacer del tema ambiental una prioridad

México

Vista de la sierra, desde Cordón Grande/ Foto: Cortesía ejido Cordón Grande

La historia muestra que México no se caracteriza por tener al medio ambiente entre sus prioridades nacionales. Tan solo hay que recordar que en el país funcionó, durante una década (1972-1982), un Programa Nacional de Desmonte.

En los últimos años, ese desdén se ha reflejado en el presupuesto para el sector ambiental. Si en 2016 se destinaron poco más de 55 000 millones de pesos (2744 millones de dólares), en 2020 la cifra fue solo de 29 000 millones (1447 millones de dólares). En 2021 se registró un ligero aumento: 31 348 millones de pesos (1564 millones de dólares) pero el monto sigue siendo inferior al presupuesto de hace cinco años y, aún con ese incremento, la Comisión Nacional de Áreas Naturales (Conanp) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) contarán con menos recursos.

En 2021, a la Conanp se le asignaron poco más de 866 millones de pesos (43 millones de dólares); tres millones menos que en 2020, mientras que a Profepa se le destinaron poco más de 742 millones de pesos (37 millones de dólares); cifra menor a los 793 millones de pesos que se le otorgaron en 2020.

“Con esa pobreza presupuestal, ¿qué van a poder hacer las autoridades ambientales? Pierden capacidad de operación, inspección y vigilancia”, destaca  Gustavo Alanís, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).

Uno de los retos fundamentales que tiene el país, resalta Alanís, es “recuperar el espíritu de la Profepa” y tener la capacidad gubernamental para cumplir con la ley en materia ambiental.

El investigador Exequiel Ezcurra, profesor de la Universidad de California Riverside, considera que el país tiene que mostrar un “compromiso serio con las áreas naturales protegidas y la conservación de la biodiversidad de México”. En ese sentido, señala que es prioritario asegurar la continuidad de la Comisión Nacional de Biodiversidad (Conabio).

Para la doctora Leticia Merino, coordinadora del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones (SUSMAI) de la UNAM, el desdén presupuestal al sector ambiental muestra “la gran incomprensión que existe en el gobierno hacia la importancia del tema ambiental […] los problemas ambientales se deben entender como problemas sociales que afectan a los más vulnerables; son problemas que vulneran la salud pública y destruyen formas de vida”.

Alanís coincide: si no se coloca como prioridad al medio ambiente, “vamos a ir en contra de nosotros mismos, de nuestra salud, de nuestra calidad de vida. Necesitamos que al más alto nivel, en el ejecutivo federal, se entienda el mensaje y se actúe en consecuencia”.

El doctor en Ciencias Biológicas y especialista en Ecotoxicología, Omar Arellano, se une a estas voces. Las políticas públicas que buscan una transformación, comenta, no pueden pasar por alto la importancia de conservar los recursos naturales: “Si eso se descuida, no se va a lograr reducir las diferencias en la sociedad”.

2. Dejar de ignorar la emergencia climática

México

Miles de peces se unen durante el cortejo de reproducción en Cabo Pulmo, el buzo en la imagen es David Castro, quien con su familia ha trabajado en la protección de esta área marina/ Foto: Octavio Aburto | Mongabay Latam

En noviembre de 2021 se deberá realizar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), la cual se pospuso por la pandemia del COVID-19.

Lo que ya no se puede posponer, coinciden las y los científicos e integrantes de organizaciones no gubernamentales, son las acciones para cumplir con el Acuerdo de París, el cual se estableció desde 2015 y compromete a los países a tomar acciones para combatir el cambio climático y adaptarse a sus efectos.

En el caso de México, donde 91 % de la energía que se produce proviene de los hidrocarburos, se tendría que ir disminuyendo ese porcentaje y aumentar la energía que se genera por fuentes renovables.

El problema es que el país sigue apostando por los hidrocarburos al construir una nueva refinería y tener planes para modernizar centrales eléctricas que funcionan con carbón, señala Adrián Fernández Bremauntz, doctor en Ciencias y director ejecutivo de la Iniciativa Climática.

“Si México no busca activamente la descarbonización de la matriz eléctrica, si sigue apostando por las energías fósiles, las consecuencias serán varias. No solo ambientales y en la salud de las personas; eso le costará mucho dinero al país”, advierte Fernández.

El pasado 14 de diciembre de 2020, la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC) aprobó la nueva Contribución Nacionalmente Determinada (NDC, por sus siglas en inglés) para México. Sin embargo, este documento no incluye nuevas metas para el país y en él se repiten las que ya existían desde 2015reducir en un 22 % los gases de efecto invernadero y en 51 % el carbono negro.

Ante este escenario, 13 organizaciones no gubernamentales firmaron un comunicado en el que lamentaron la “falta de ambición y compromiso que México tiene ante la emergencia climática actual y su responsabilidad como uno de los grandes emisores de gases de efecto invernadero”.

Los impactos del cambio climático ya son evidentes y el investigador Exequiel Ezcurra recuerda que las tormentas tropicales y los huracanes que se registraron en 2020 —que provocaron graves inundaciones en el sureste del país— mostraron solo algunas de sus consecuencias y el por qué México debe migrar a una economía que reduzca el consumo de combustibles fósiles.

Ezcurra espera que la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos impulse acciones más decididas para combatir el cambio climático. Si eso sucede, “se colocará a México en una posición donde tendrá que revisar sus acuerdos internacionales y cumplirlos”.

Adrián Fernández recuerda que los tratados comerciales que México tiene con Estados Unidos incluyen apartados dedicados al tema ambiental, en especial, mencionan el impulso de energías renovables. “Por la vía comercial o por la vía diplomática, el gobierno estadounidense va a exigir a México cumplir con estos acuerdos ambientales”, resalta Fernández.

3. Implementar el Acuerdo de Escazú

México

Ceremonia de firma de Acuerdo de Escazú por parte de México/ Foto: Gobierno mexicano

En noviembre de 2020, México ratificó el Acuerdo de Escazú, instrumento vinculante que obliga a los Estados a prevenir, investigar y sancionar los ataques, amenazas o intimidaciones contra los defensores ambientales.

Edith Olivares Ferrero, jefa de la unidad de derechos humanos de Amnistía Internacional-México, recuerda que “el Estado mexicano se distingue por ratificar muchas de las convenciones y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, pero tiene pendiente su implementación. Esperamos que no sea el caso del Acuerdo de Escazú y que su ratificación también implique mecanismos que garanticen la implementación”.

El Acuerdo de Escazú toma especial relevancia en un contexto como el de México, país que al igual que Colombia, Filipinas y Brasil está entre los más peligrosos para los defensores de ambiente y territorio. Y, en especial, en un año en el que todo apunta a que se intensificará la batalla legal en contra de megaproyectos impulsados por el propio gobierno, como el llamado Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que se desarrollará en los estados de Oaxaca y Veracruz.

La oposición al Tren Maya, por ejemplo, es cada vez más visible. Este proyecto no se limita a tener una infraestructura ferroviaria en la Península de Yucatán —donde se encuentra buena parte de la Selva Maya— también contempla el impulso de lo que se ha llamado “polos de desarrollo”.

 

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*Foto de portada: El 79 % de los habitantes de esta comunidad forestal, ubicada en la Sierra Tarahumara, son rarámuri/ Foto: Cortesía Ejido Caborachi

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