La decisión del poder judicial federal de amparar a José Refugio Alejandro León Flores, el juez que no debió serlo, “lanza un mensaje de impunidad a la sociedad”, esa fue la conclusión a la que llegó Norma Estela Pimentel, presidenta del capítulo Puebla de la Barra Mexicana de Abogados.

Desde la óptica de la especialista en derecho, la decisión del Tribunal Superior de Justicia del estado de mantener durante casi 30 años a un juez no titulado y que falsificó sus documentos educativos, y la decisión de un juzgado de distrito (federal) de restituirlo como juez penal, pone en entredicho al Poder Judicial en su conjunto.

Pimentel agrega —en entrevista con LADO B— que la decisión del juzgado de distrito, más allá de las razones técnicas que sustentan la sentencia, está “convalidando una ilegalidad que afecta a toda la sociedad”. 

“Hoy los mensajes tendrían que ser de cero tolerancia a la impunidad, a las injusticias, a cualquier manifestación de violencia, y esto también nos violenta, violenta la propia estructura y el propio comportamiento ético que tendría que estar impregnado en el ejercicio de nuestra profesión”.

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La resolución que se dictó en el Juzgado Cuarto de Distrito (folio 520/2020) ordena no sólo restituir a León Flores, sino además reconocerle los derechos perdidos desde febrero pasado cuando el Consejo de la Judicatura local decidió separarlo del cargo, luego de la investigación que publicó este portal. Entre esos derechos está el pago de su salario desde entonces.

En ese sentido, la jurista planteó que si bien la defensa legal, como la que inició León Flores para tratar de revertir su cese como Juez, es un derecho humano, también es cierto que “el principal aspecto que tendría que estar defendiendo nuestra profesión es alcanzar la justicia, es reconocer que si existe un estado de derecho es porque el estado de derecho debe velar por el interés público, el interés total de la comunidad, no el interés de una sola persona”.

La Doctora en Derecho por la BUAP también recordó que el poder judicial ha estado cuestionado por las prácticas de nepotismo que se han documentado en varios reportajes en los últimos años, pues pone de relieve las relaciones de poder que dominan al poder encargado de administrar la justicia en este país, prácticas de corrupción que no se han erradicado hasta el momento.

Y señaló como necesario que, desde la Sociedad Civil, se comience a observar críticamente al poder judicial, aunque de momento no haya suficientes herramientas o contrapesos para que desde “espacios externos se puedan evaluar a consejos de judicatura”, que en teoría es quien vigila el quehacer del poder judicial.

“Porque parece que no pasa nada, que ninguna otra autoridad puede intervenir, que ningún Sistema Nacional Anticorrupción puede voltear, o que ni el propio Sistema Estatal Anticorrupción tampoco le alcanza para frenar este acto, entonces imagínate en qué país estamos, en qué realidad y contexto nos movemos”.

Por último, cuestionada sobre que la obligación de abogados y abogadas que decidan litigar en el TSJ de registrar y validar su título como profesionales del derecho no alcance a los propios jueces y magistrados, Norma Estela Pimentel dijo que le parece “antiético y antiprofesional”.

*Foto de portada: Sora Shimazaki | Pexels