La Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005 (NOM-046), Violencia familiar, sexual y contra las mujeres, que permite, en caso de violación, acceder a la ILE, es incumplida por el sistema de salud de Puebla, aseguró una médica, extrabajadora de la Secretaría de Salud (SS) estatal, que pidió el anonimato.
En las unidades hospitalarias, explicó, hay integrantes del personal médico que bloquean a las mujeres que solicitan interrumpir su embarazo pidiéndoles una orden judicial “a la antigua”, pues creen que si les practican el aborto tendrán conflictos legales. Son profesionales que alegan también objeción de conciencia y se exceden en el plazo de 72 horas para dar el anticonceptivo de emergencia.
Estas situaciones ocurren pese a que la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (DAVGM), emitida el 8 de abril de 2019 para 50 municipios de la entidad, estableció acciones para capacitar al personal hospitalario sobre la NOM-046, supervisar su aplicación e informar a las mujeres sobre su derecho al aborto legal.
Otro problema es que, de acuerdo con la médica, la falta de trabajadoras sociales y psicólogas también limita el acceso a la ILE, pues no hay especialistas que reciban a las pacientes víctimas de violación y las canalicen al área de ginecología. Desde que inició la actual administración federal —en 2018—, las áreas de Servicios Especializados de Atención a la Violencia han ido “desapareciendo”, agregó.
Según información del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, de la Secretaría de Salud federal, solo disponen de estos servicios especializados tres hospitales del estado: del Niño Poblano en San Andrés Cholula, de la Mujer y Neonatología de Tehuacán, y de la Mujer en Puebla.
Esto a pesar de los altos índices de violencia sexual que existen, pues según datos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, del 1 de enero de 2019 al 31 de agosto de 2020, se abrieron mil 256 carpetas de investigación por los distintos tipos de violación (simple, equiparada y tumultuaria).
En comparación, de enero de 2016 a mayo de 2019, se le realizó a 15 mujeres —nueve eran menores de edad— la interrupción voluntaria del embarazo, según informó la SS vía transparencia. En 2017 no se registró ningún caso.
La NOM-046 establece que, en caso de violación, las mujeres mayores de 12 años pueden acceder a la ILE sin tener que levantar una denuncia, un derecho que, según fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitido en 2019, el Estado debe garantizar en todo el país.
Jessica Pérez Téllez, integrante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser) en Puebla, denunció que el personal médico se niega a cumplir esta normativa, le hace múltiples preguntas a las mujeres, las maltrata y criminaliza.
El sector salud incurre en otra omisión al no canalizar a las mujeres a un hospital público que cuente con profesionales capacitados para realizar la ILE, señaló Montserrat Hernández Flores, de Campaña Aborto Legal Puebla, quien agregó que las causales del Código Penal que permiten la interrupción del embarazo son desconocidas por la ciudadanía e incluso por las y los médicos.
Otro derecho que se vulnera es la obligación de informar a las mujeres sobre su salud —si está en riesgo su vida o la del producto—, señaló Cinayini Carrasco Colotla, directora del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr).