Hace cuatro años que el Congreso de Puebla no nombra a un nuevo o una nueva integrante del órgano de transparencia en el estado. La última ocasión fue en 2016, cuando la mayoría legislativa que servía a los intereses del exgobernador Rafael Moreno Valle gestionó la captura total de este organismo en una lógica transexenal. La LX Legislatura tiene ante sí la posibilidad de desafiar esta captura.

Como todo organismo con autonomía constitucional, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (ITAIPUE) ha sido objeto, prácticamente desde su creación, de la lógica que entorpece la utilidad y el potencial transformador de estas instituciones, la lógica la de las cuotas y los cuates.

El reparto de cuotas ocurre cuando, frente a una designación múltiple, los grupos políticos cupulares se racionan los lugares en cuestión. La colocación de los cuates, en cambio, predomina en los órganos unipersonales, pero también se presenta cuando los nombramientos de quienes integran una autoridad colegiada tiene lugar de manera espaciada por su escalonamiento. Es el caso del ITAIPUE.

Fue también en 2016 que la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (CAIP) se transformó en ITAIPUE y desde entonces este órgano garante ha ejercido una débil autoridad en la materia. Esto lo explica la cuestionada designación de su pleno actual, que buscó acordonar sus capacidades con perfiles que poco brillo han tenido a la hora de salvaguardar el derecho de acceso a la información pública. Y es irónico, pues la actual Ley de Transparencia es, acaso, el mejor marco jurídico que ha tenido Puebla en este renglón, sin embargo, la institución a cargo de su aplicación ha preferido hacer lo mínimo y, en algunos casos, cruzar de brazos.

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En el contexto de la emergencia sanitaria, por ejemplo, mientras algunos órganos garantes de otras entidades optaron por crear micrositios de transparencia proactiva para favorecer la difusión de información relacionada con la salud, o bien, por distinguir a aquellos sujetos obligados que por su naturaleza y atribuciones debían privilegiar la entrega de información pública requerida por la ciudadanía independientemente de los acuerdos de suspensión de plazos y trámites en la gestión de las solicitudes, el ITAIPUE ha visto la pandemia pasar.

Estamos ante uno de los resultados de la captura: el desdibujamiento de la institución casi hasta su irrelevancia, lo que puede llevar a algunos con razones, aunque sin perspectiva, a cuestionar su existencia.

Por esto es crucial el proceso de designación que ha iniciado en el Congreso de Puebla. Las y los diputados de la LX Legislatura, y en especial quienes forman parte de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información que lo conducirá, no sólo tienen la responsabilidad de evaluar los perfiles y elegir al mejor de todos. Ver solamente hasta aquí es ver con miopía. La responsabilidad es mayor pues tienen en su cancha la pelota para sacudir la pasividad que ha caracterizado al ITAIPUE en los últimos años y resignificar su papel en el entramado institucional de la entidad.

Las garantías de la transparencia y el acceso a la información no se agotan en sí mismas, su riqueza radica en que son posibilitadoras de otros derechos, del conjunto de derechos y, por tanto, de una democracia con mayor contenido.

Con fecha del 21 de octubre, la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Puebla acordó la convocatoria para elegir al o la comisionada que relevará en el pleno del ITAIPUE al comisionado Carlos Germán Loeschmann Moreno. Como lo permite el artículo 29 de la Ley de Transparencia, se ha incluido en la convocatoria un mecanismo de participación ciudadana para la evaluación de los perfiles. Dice el segundo párrafo del numeral 2 de su base octava: “la comisión legislativa competente (…) acordará realizar la evaluación de las propuestas respectivas invitando a instituciones académicas de carácter público y privado u organizaciones sociales especializadas en la materia. Las invitaciones serán a razón de una por cada grupo legislativo o representación legislativa”.

El texto es ambiguo pues deja en las manos de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información esta decisión y no precisa los términos de la evaluación, lo cual puede ser una buena noticia si la comisión legislativa ve esta oportunidad con altura de miras o, caso contrario, una mala noticia si elige simular como se ha hecho en el pasado.

Reconociendo en la participación no una concesión sino un derecho humano, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) Capítulo Puebla, el Observatorio Designaciones Públicas, el Nodo de Transparencia, el Observatorio de Transparencia Con los Ojos Abiertos y el Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática hemos hecho un llamado a las y los diputados que integran esta comisión a fortalecer este derecho, especificar con la mayor prontitud el procedimiento a seguir para participar en la evaluación de los perfiles, y establecer con claridad y transparentar la metodología a emplear.

#Comunicado 🗣 ¡Participación efectiva, no simulación en el proceso de designación de una persona comisionada del Instituto de Transparencia de Puebla! Llamada al @CongresoPue #ITAIPUEsinCuates #SinCuotasNiCuates https://t.co/gswQXivS0k

— Designaciones (@designaciones) October 27, 2020

Si esta legislatura quiere desterrar la lógica de la captura institucional que caracterizó al morenovallismo, tiene en el camino de la participación efectiva, del acompañamiento ciudadano y de la máxima publicidad una salida.

Foto de portada: El Pleno del ITAIPUE, integrado por la Comisionada Presidenta Laura Marcela Carcaño Ruiz, la Comisionada Propietaria Gabriela Sierra Palacios, y el Comisionado Propietario Carlos German Loeschmann Moreno / Foto: itaipue.org.mx