Ser un pueblo originario en México implica comprenderse en un proceso histórico de dificultades para encontrar reconocimiento, dignidad y autoorganización. El caso de Santa María Zacatepec en Puebla permite observar cómo se ha construido el camino hacia la autonomía frente a los desafíos políticos, sociales, culturales y económicos existentes.
Las autonomías de los pueblos originarios del país se han convertido en una alternativa de autogestión para poblaciones que han sido invisibilizadas desde la conquista. Miguel López, activista por la lucha de la autonomía de Zacatepec y María Eugenia Sánchez Díaz de Rivera, Doctora en Sociología y académica de la Universidad Iberoamericana Puebla, conversaron con LADO B para desglosar el tema.
Santa María Zacatepec y la autonomía
Ubicada en la municipalidad de Juan C. Bonilla, en el estado de Puebla, la junta auxiliar de Santa María Zacatepec ha logrado construir un proceso autonómico fundamentado en el segundo artículo de la Constitución Mexicana, apoyado por la mayoría de su comunidad.
Esto ha permitido que la junta auxiliar goce, como pueblo indígena originario, de la autodeterminación prevista en la Carta Magna del Estado mexicano, lo que implica la instauración de su propio esquema organizativo, cimentado en una asamblea, un presidente, una fiscala y un alguacil, alejándose, además, del sistema de partidos políticos tradicional.
Las facultades que tiene Santa María Zacatepec bajo este esquema autonómico se reflejan desde su estructura de gobierno, teniendo la capacidad de votar a representantes e iniciativas desde su asamblea, dando lugar, eventualmente, a su propio sistema de seguridad pública, sistema acusatorio y sistema de organización en general.
La determinación, sin embargo, no es definitiva. El gobierno de la entidad sostiene, desde el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), que no se les puede considerar un “pueblo originario” y, por ende, no puedan organizar elecciones comunitarias; esto ha provocado que el pueblo acuda de nueva cuenta a tribunales federales. La resolución final se entrega, de acuerdo con Miguel, a principios del 2021.
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El proceso, en consecuencia, se mantiene paralizado. Zacatepec continúa ejerciendo su autoorganización mientras que, desde el gobierno de la entidad, se insiste en regresar al esquema de elecciones por partidos políticos y administración por la municipalidad de Juan C. Bonilla.
Historia de un pueblo originario
Foto: Ray Ricárdez
La historia de Zacatepec data desde los tiempos de los pueblos de Mesoamérica. Miguel López detalla que han hallado restos arqueológicos en la zona, mismos que corresponden al origen náhuatl del pueblo.
Durante la Conquista se bautizó a la localidad como “Santa María Zacatepec”, evangelizando y reprimiendo a las personas con raíces indígenas. No obstante, a partir de 1970, de acuerdo con Miguel, los proyectos de desarrollo rompieron con la autonomía del lugar. La llegada de Volkswagen y el Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán (1985) son ejemplos de este proceso de industrialización.
“Ahí empieza la imposición, porque no toman en cuenta la opinión, ni mucho menos la autodeterminación de los pueblos”, asegura López.
La industrialización y su idea de desarrollo provocó en México, de acuerdo con María Eugenia, que las transnacionales atravesaran las realidades nacionales y subnacionales, entrando a una nueva etapa de expulsión de la población.
Llegado el siglo XXI, los pueblos de la región empezaron a organizarse para hacer frente a los megaproyectos, tales como carreteras y gasoductos, cuenta Miguel. La organización desembocaría, finalmente, en la creación del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, que abarca a pueblos originarios de tres entidades del país: Puebla, Tlaxcala y Morelos.
La idea de la autonomía llega posteriormente, con talleres y conversatorios llevados por grupos zapatistas impulsados por la lucha del EZLN. “[A partir de eso] nos dimos cuenta de una palabra hermosa que se llama ‘autodeterminación’”, comenta López.
La radio comunitaria llegó a la junta auxiliar en 2013, en dos años se les reprimió en dos ocasiones. De ahí surgió la necesidad de buscar la concesión radiofónica para evitar la intervención de las autoridades en su espacio comunicativo. “No era para pedirle permiso al Estado, si no nos lo daba, nosotros íbamos a seguir transmitiendo”, cuenta el activista.
A pesar de que fue hasta 2017 que se logró la concesión de radio comunitaria, en el proceso, tanto Tlaxcalancingo y Zacatepec, tuvieron que comprobar frente al Instituto Federal de Telecomunicaciones que eran pueblos originarios.
Amparados por un juez federal, Zacatepec tomó la municipalidad y llamó a su propia Asamblea comunitaria en noviembre del 2019.
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María Eugenia Sánchez advierte que estos pueblos no buscan ni se están separando del Estado mexicano. Lo que están demandando es únicamente la posibilidad de otras normatividades para regularse, mismas que entran en conflicto con el “sujeto ciudadano liberal” preestablecido, que fomenta la idea de que “la ley es igual para todos”, ocultando así las desigualdades.
La redignificación de los pueblos originarios
Las condiciones inequitativas en las que se ha constituido el orden social, político y económico mundial, han propiciado que diversos grupos reprimidos en el mundo busquen, a nivel local, una redignificación de su existencia.
La académica de la Universidad Iberoamericana asegura que existe una crisis civilizatoria inédita, con dimensiones planetarias, demográficas y ambientales, convirtiendo a estos procesos en genuinas resistencias para sobrevivir con la mayor dignidad posible frente a estructuras de poder muy grandes.
La autonomía de los pueblos indígenas, de acuerdo con Sánchez, es un tema que involucra toda la estructuración del Estado mexicano y la identidad nacional que se construyó bajo la categoría de “mestizo”, escondiendo el racismo y la aspiración a la ‘blanquitud’, detalla.
Preocupa a la académica que se niegue a los pueblos originarios como si no estuviésemos involucrados con ellos, al menos, en términos de expropiación de recursos y del mestizaje que se construyó a partir de un proceso de desindianización forzada y violenta.
En contraste, la idealización de estos discursos, advierte la profesora, puede desbordarse en paternalismos poco sanos. Además, le preocupa que quienes hablan de pueblos indígenas generalmente los asocian a algo “armonioso” o “solidario”, ignorando que sus habitantes son capaces de la “bondad” o “maldad” como el resto de las personas, pero con la gran diferencia de que han sido estigmatizados y explotados por 500 años.
El proceso de autonomía, en palabras de Sánchez Díaz de Rivera, “no es gratuito”, ya que choca con inercias históricas. Se construye bajo una idea mundial de “desarrollo” que se llevó a cabo mediante la explotación de poblaciones vulneradas (como los pueblos originarios) y la naturaleza, explica.
La autonomía como concepto
Foto: Ray Ricárdez
La esperanza de la autonomía yace en el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994 y en la presentación de Los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena, convirtiéndose en el primer precedente para ejercer la autoorganización de los pueblos originarios en tiempos neoliberales.
“Gracias al EZLN, tenemos esta pequeña ventana o fractura, en donde dan un poco de oportunidad a los pueblos originarios a la autodeterminación”, cuenta Miguel.
El sustento legal fundamental para concretar este proceso se encuentra en el segundo artículo de la Constitución, mediante la libre determinación de los pueblos y, en consecuencia, su autonomía. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) apela a los Derechos de las Comunidades Indígenas citando lo estipulado desde Naciones Unidas.
De acuerdo con la Constitución, los pueblos indígenas tienen derecho a “sus propios usos y costumbres”; este término es estigmatizante, según la Doctora María Eugenia, pues llamar así a su derecho de autonomía ya es, desde el Estado mexicano, una jerarquía racial.
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Las dificultades de la resistencia
Miguel López asegura que “cuando un pueblo está haciendo cosas diferentes que atañen directamente los intereses económicos y políticos del Estado, [estos] van a buscar de cualquier forma detener el proceso”. En este caso, la autonomía de los pueblos originarios en México lleva consigo choques con todos los órdenes de gobierno, lo cual ha generado diversas problemáticas.
“Legalmente hay las condiciones [para alcanzar la autonomía], pero hay muchos intereses [desde las cúpulas de poder económico y político]”, advierte María Eugenia Sánchez.
A pesar de las negativas gubernamentales, Miguel asegura que este proceso es su derecho y que, en teoría, no deberían tramitar ningún permiso al Estado para ejercerlo. “Los derechos no se mendigan, se ejercen”, asegura.
Las autoridades, tales como los institutos electorales estatales y nacional, solicitan a estos pueblos comprobar que son originarios, lo cual le parece increíble a la Doctora Sánchez Díaz de Rivera, pues “hay una mirada profundamente asistencialista hacia [las personas indígenas], lo que yo llamo ‘el racismo cordial’”, asegura.
“No es tan fácil mantenerse en resistencia”, asegura el activista.
La autonomía a futuro
Desde el proceso autonómico de Santa María Zacatepec, Miguel López espera llevar este proceso a nivel municipal, abarcando la delimitación de Juan C. Bonilla. Sin embargo, asegura que este se dará siempre y cuando la población lo quiera y lo vea como una alternativa.
“El Estado y la sociedad tienen miedo de que este tipo organizaciones político-sociales crezcan porque los ponen en tela de juicio; no es fácil que coexistan», sentencia María Eugenia.
La autonomía se convierte, en un sentido teórico y de acuerdo con Sánchez, en un cuestionamiento a la estructura del Estado, a la identidad nacional y a la idea del “desarrollo”. “Es un mecanismo de defensa muy potente», sentencia la académica.
*Foto de portada: Ray Ricárdez
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