La consulta, una puerta para la justicia transicional
Por Roberto Alonso @rialonso
06 de octubre, 2020
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A la hora de su interpretación, el concierto de inconstitucionalidades que apreció el ministro Luis María Aguilar en la consulta formulada para enjuiciar a los ex presidentes terminó siendo un concierto desafinado. Sin director de orquesta, que no lo hay de diseño pero que no pocos lo encuentran en la persona de Andrés Manuel López Obrador, cada ministro y cada ministra ejecutó la misma pieza a tempos distintos, siguiendo su propia armonía. El saldo: una pregunta de 52 palabras que, a primera vista, poco aporta.

Si a la utilidad social en términos de su casi innegable resultado se suma su costo, el cual podría ascender a los 8 mil millones de pesos según lo ha ventilado uno de los flamantes consejeros electorales, la primera consulta popular que transita los cauces institucionales podría pasar a la historia como una pregunta ociosa.

¿O quién osaría manifestarse en contra de la posibilidad de que se “lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”? Probablemente más de uno en señal de rechazo a la consulta misma y por considerar estéril la interrogante, pero dudo mucho que eso pudiera opacar a una inmensa mayoría.

El enorme apoyo que la pregunta ciudadana obtuvo en apenas dos semanas, cuya constitucionalidad tendrá que ser revisada todavía por la Corte, asoma ya la participación masiva que podría suscitar el primer ejercicio de consulta en los términos de la Ley Federal de Consulta Popular, en vigor desde marzo de 2014.

Con todo, el disonante recital movió la ecuación al cambiar la interrogante, desplazando de ella a los ex mandatarios y colocando a las víctimas al centro. Indudablemente, el fraseo puede mejorar y en la revisión de la iniciativa ciudadana podría haber una rendija en tal sentido. Sin embargo, aunque no fuera así, la narrativa cambia y esto supone una puerta para la justicia transicional.

Esta agenda, como en el caso de las investigaciones puntuales contra los ex presidentes habiendo pruebas para ello, no requiere de la validación ciudadana a través de una consulta para ser emprendida. López Obrador, su secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, se comprometieron dos veces en 2018 –antes del inicio de su gobierno: la primera en campaña y la segunda ya como autoridades electas– a impulsar mecanismos de la justicia transicional. De ahí que la actual coyuntura representa una oportunidad para recuperar y significar dicho horizonte.

A diferencia de someter a consulta la justicia, tal y como figuraba en la pregunta original del presidente, enfocar la conversación pública e impulsar una movilización social alrededor de la creación de una gran comisión de la verdad y de la instalación de un mecanismo internacional contra la impunidad, ambas propuestas de carácter extraordinario, apuntaría a inaugurar un instrumento de la democracia directa con una apuesta firme y decidida en favor de la construcción del derecho a la verdad, la reparación y la no repetición.

La pregunta de la Corte conecta más con la formulación hecha por decenas de colectivos, organizaciones y personas defensoras de derechos humanos hace unos días, que con el interés eminentemente político de López Obrador de colocar en la palestra pública los nombres de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas. Si bien la mayoría de ministros y ministras rescató la constitucionalidad de la consulta como ejercicio democrático, de facto se pronunció por la inconstitucionalidad de la pregunta del presidente, al grado de sustituirla como lo permite la propia Ley Federal de Consulta Popular.

En su artículo 26, fracción II, inciso b, esta ley faculta a la Corte para “realizar las modificaciones conducentes a la pregunta, a fin de garantizar que la misma sea congruente con la materia de la consulta”. Lo que en realidad hizo la Corte fue una cirugía mayor, sobre la base del derecho a la sociedad a ser consultada. El costo está allí. Para buena parte de la ‘comentocracia’ la Corte claudicó, la división de poderes fue avasallada y el país perdió su último contrapeso.

A contrapelo de dicha opinión publicada y sin negar que las y los ministros están obligados a revisar la constitucionalidad de las normas en orden a garantizar la mayor protección a los derechos humanos de manera independiente a la opinión mayoritaria, la decisión de la Corte abre un portal para una discusión en la que los sujetos sean las víctimas, no los ex presidentes.

 

Foto de portada: Andrés Pérez | Flickr

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Roberto Alonso
Académico del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana Puebla y coordinador del Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática.