A juzgar por el modo en que la Cámara de Diputados y el Senado de la República desaparecieron 109 fideicomisos en las últimas semanas, no queda duda de que esta medida ordenada por Andrés Manuel López Obrador desde el mes de abril tuvo un doble propósito: concentrar miles de millones de pesos en las arcas del gobierno federal y enviar un mensaje más de control político sobre los recursos públicos y las cámaras legislativas.

La referencia al anuncio presidencial y el recuento del proceso son importantes pues arrojan inconsistencias en el discurso y, sobre todo, parecen clausurar la utilidad de las audiencias públicas en el Congreso de la Unión, hoy llamadas con esperanza o estrategia, según desde donde se les vea, ejercicios de Parlamento Abierto. Y es que en palabras de Carlos Coello, investigador del Cinvestav y Premio Nacional de Ciencias y Artes en 2012, las sesiones de Parlamento Abierto que hubo en la Cámara de Diputados para analizar el funcionamiento de los fideicomisos bajo estudio en junio de este año, fueron una “tomada de pelo”.

¿O cómo explicar que en mayo pasado, hace apenas cinco meses, luego de querer extinguir en ese entonces 44 fideicomisos públicos de manera vertiginosa, el diputado Mario Delgado y la diputada Dolores Padierna, esta última promotora de la iniciativa, recularan en su intento y reconocieran que se habían equivocado tras la intervención en el debate público de cineastas como Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu? ¿Con qué elementos dar razón de cómo 44 fideicomisos cuyos montos ascendían a 91 mil millones de pesos originalmente, pasaron a ser 55 con un capital de 157 mil millones de pesos y terminaron siendo 109 sumando apenas 68 mil millones de pesos?

Más aún: ¿bajo qué argumentos desoír, descalificar e incluso difamar no a miembros del sector privado al que seguramente fueron a parar desvíos de recursos públicos de ciertos fideicomisos opacos y discrecionales en el pasado, sino a científicos, estudiantes, organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y víctimas de violaciones graves a estos como la desaparición y el feminicidio?

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Porque eso fue lo que hicieron diputados, senadores y el propio presidente de la República en los últimos meses y particularmente en las semanas más recientes, nulificando sus exigencias y preocupaciones, y cerrando toda posibilidad de diálogo en los recintos donde este mecanismo para la resolución de conflictos tendría que ser la piedra de toque, aquello que permite calibrar el valor de un parlamento.

En la Cámara de Diputados, por ejemplo, al finalizar la votación de esta operación se dejaron escuchar aplausos y un grito caradura que lanzó al aire: “lo logramos”. López Obrador, por su parte, acusó a las y los legisladores opositores a esta medida de defender a ladrones, mientras que encaró a todos los defensores de los fideicomisos llamándoles corruptos.

Tomando distancia de la impostora lógica maniquea que lleva a que unos los vean como un instrumento idóneo –cuasi perfecto– de política pública, y otros los aprecien como un vehículo perverso para convertir fondos públicos en fondos privados, dándole la vuelta a los controles sobre el gasto público, tengo para mí que pocos, desde una perspectiva seria y crítica, meteríamos la mano al fuego por los fideicomisos en su conjunto.

Fundar, Centro de Análisis e Investigación ha documentado y estudiado los fideicomisos durante más de cinco años, concluyendo que en su manejo han reinado la opacidad y la discrecionalidad. Sin embargo, para esta organización esto no debía conducir a su extinción, sino a una revisión minuciosa y participativa orientada a diagnosticar y corregir lo necesario. Ello, en vista de sus bondades –el gasto multianual, por ejemplo– y de la existencia en algunos casos de reglas de transparencia mucho más estrictas que las relativas al gasto del presupuesto público ordinario. Dicha revisión, por cierto, fue un compromiso entre la Secretaría de la Función Pública, el INAI y organizaciones civiles en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto, el cual se vio interrumpido por el decreto presidencial de abril de este año.

“El combate a la corrupción –remató esta organización en días pasados, haciendo uso de su derecho de réplica ante un uso tramposo de su investigación en la columna del senador Ricardo Monreal– no se logra extinguiendo fideicomisos, se logra fortaleciendo mecanismos de transparencia y rendición de cuentas”.

Es preocupante que se use evidencia recabada desde sociedad civil para empujar medidas que vulneran la garantía de derechos. Compartimos nuestra réplica a la columna sobre #Fideicomisos del Senador @RicardoMonrealA publicada en @Milenio 👉 https://t.co/5pNicVEvZy pic.twitter.com/NF0MqSewyF

— Fundar (@FundarMexico) October 21, 2020

De ser ese el problema, la extinción de los fideicomisos queda lejos de ser la solución, toda vez que no vino acompañada de mecanismos concretos para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas sobre los recursos trasladados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incrementando las sospechas acerca el destino final de estos. De acuerdo con el titular de esta dependencia, Arturo Herrera, la desaparición de los fideicomisos no pondrá en riesgo los recursos que recibían científicos, creadores, periodistas y víctimas. En este sentido, a falta de medidas adicionales a las ya existentes, no está claro cómo se acabará con la discrecionalidad y la falta de transparencia. Mucho se ha dicho sobre la decisión, poco sobre la alternativa.

Regresando al inicio, la discusión en torno a los fideicomisos es fundamentalmente una discusión alrededor de la concentración de los recursos y, con ello, del poder político acumulado en el presidente. Por lo anterior, algo inesperado en este camino ha sido la oposición, así haya sido mínima, que se fraguó dentro de las filas legislativas de la 4T, una fisura que si se descuida podría llevar a ruptura. ¿La 4T tocó su límite?

*Foto de portada: AMLO, Presidente de la República Mexicana/ Foto: Gobierno de México | Facebook