Feminicidios: las omisiones de la justicia en Hidalgo
Mientras el gobierno de Hidalgo presume un 90% de eficacia en las investigaciones por feminicidios, organizaciones y familias de las víctimas reclaman la impunidad
Por Lado B @ladobemx
03 de septiembre, 2020
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Áxel Chávez

“Cuando son feminicidios existe un 90 por ciento de eficacia de investigación para dar con los presuntos responsables”, afirmó el titular del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Juan de Dios Pontigo Loyola, durante una conferencia de prensa el 25 de agosto para dar a conocer las cifras en materia de seguridad en el estado. 

Esta conferencia se dio un par de días después que ocurrieran una serie de manifestaciones ciudadanas por los casos de desapariciones y asesinatos de mujeres en municipios como Progreso de Obregón, Tula, Atitalaquia y Tlahuelilpan, en el estado de Hidalgo, y de que, el 21 de agosto, en menos de 24 horas, fueran encontrados los cuerpos de dos mujeres asesinadas en distintos puntos de la entidad. 

Sin proporcionar evidencia que respaldara su afirmación, Pontigo Loyola también señaló: “Desde la procuración de justicia, pues todos los casos se investigan como protocolo de feminicidio. Eso es algo que políticamente puede ser desfavorable porque se pueden inflar las cifras y presentar un número alto, pero, el estado de Hidalgo lo hace por protocolo”. 

Según el funcionario, de enero a julio de este año se iniciaron 11 carpetas de investigación por feminicidios (cifra que coincide con la base de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública), pero la asociación civil Servicios de Inclusión Integral (Seiinac) recuenta, en el mismo período, 37 muertes violentas de mujeres que, por los datos particulares analizados, y de acuerdo al Código Penal vigente, pudieron ser consideradas como feminicidios.  

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Para las familias de las víctimas y la sociedad civil, la eficacia presumida por el gobierno del estado está en duda. 

La Colectiva Feminista Aquelarre Cihuacóatl,   en una conferencia el 28 de agosto que convocaba a una movilización en Pachuca, para exigir el cese de la violencia feminicida, aclararon: “queremos recordar que las cifras se tratan de mujeres, no de un simple número más. Aun si fuera un solo caso de feminicidio, estamos hablando del asesinato de una mujer por situaciones de violencia machista que no podemos pasar por alto”.

Los casos de impunidad son evidenciados por las familias

Sara Abigail Salinas Sandoval, que fue alumna de la carrera de Gastronomía en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), apasionada de tomar fotografías y de tocar el piano, fue asesinada el 25 de agosto de 2019 en Zempoala, en el Altiplano hidalguense.

Su mamá, Claudia Sandoval, la encontró recostada en su cama. El agresor montó un escenario para simular un suicidio, colocándole una bolsa de plástico en el rostro, mas la autopsia reveló algo distinto: asfixia por estrangulación. El feminicida sigue libre. 

El 13 de agosto de este año, en un baldío en la localidad de Tlamaco, Atitalaquia, fue encontrado el cuerpo de Alondra Castillo, de 15 años. Catorce días antes, el 30 de julio, el de Dannia Larios, de 17 años, en la presa Endhó, y los casos así –violentos, que implican duelo y la exigencia de justicia– continúan.

Estos y otros casos han derivado en seis movilizaciones masivas que recorren estos municipios, donde los grupos del huachicol han instaurado un imperio sobre los ductos que drenan, pero, por la violencia contra la mujer reflejada en desapariciones y feminicidios recientes, los pobladores del Valle del Mezquital temen que estas u otras células delictivas hayan aumentado la operación de la trata de personas.

“Ya ve ahorita todo lo que está pasando; me preocupa que la tengan en algún lugar”, dice Verónica Encarnación, madre de Yasmín Ángeles Encarnación, de 19 años, que desapareció en Mixquiahuala el 11 de agosto.

“Cuando anduvimos pegando papeles, un señor nos dijo que por ahí por esos lugares, el sábado o el domingo 15 o 16 de agosto, recogieron a jóvenes que estaban tiradas en la banqueta”, en Tlaxcopan, uno de los núcleos de la ordeña, donde han abierto bares en los que, creen, puede haber trata. 

“Llegó un hombre, las levantó y se las llevó a todas. Yo le dije al MP: ‘a lo mejor son comentarios y dios quiera que mi hija no esté ahí’, pero son comentarios que cabría la posibilidad de que a lo mejor ahí la tuvieran”. 

Casos como estos hacen que las familias de las víctimas afirmen que el sistema de justicia permite la impunidad. 

El estado ha fallado en proteger a las mujeres 

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Fotografía intervenida de la campaña virtual contra los feminicidios “Quisiera ser monumento para que se indignen si me tocan”, de Aquelarre Cihuacóatl, Colectiva Feminista de Hidalgo

El feminicidio de Jennyfer Deniss Ordóñez Jiménez no ocurrió de manera repentina el día que le quitaron la vida, en la nochebuena de 2018. Para llegar a esta conjetura, su familia repasó la secuencia del maltrato que ella había denunciado meses antes.

A casi dos años de que la hallaron asesinada con signos de violencia física y violación en Tepeji del Río, Hidalgo, su expareja, a quien denunció primero por maltrato y ahora señalado como el probable feminicida, continúa libre. 

Blanca Jiménez Díaz, mamá de Jennyfer, asegura que la falta de incorporación de pruebas en la carpeta de investigación 17-2018-259 que integró la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), permitió que el cuerpo de Jennyfer no fuera entregado a ellos, su familia, sino a Isaac, su expareja, y quien, insisten, es el principal sospechoso del feminicidio. La custodia de los hijos de ambos, también recayó en él. 

La descripción de los antecedentes violentos de Isaac se encuentra en un acta circunstanciada que Jennyfer presentó ante el juez conciliador de Tepeji del Río, Jasef Ramsés Gallaga Mejía, el 21 de mayo de 2015, tres años y siete meses antes de que la asesinaran. 

Ellos estaban separados. Desde el 7 de mayo de 2015, Jennyfer hizo una solicitud de pensión alimenticia, pero Isaac la seguía buscando. “En ocasiones me arrebataba al niño y me amenazaba que me lo iba a quitar”, dijo entonces Jennifer, según costa en la demanda. 

Dos amigos declararon que la iba a agredir a la farmacia donde trabajaba, a una cuadra de la casa de su abuela materna, donde se fue a vivir, ahí en Tepeji; que la jaloneaba; que la tenía amenazada.

“Ella falleció por asfixia y pues ahora sí que está todo parado, no me dan respuesta. Me dijeron que tenían que hablar con los médicos para dar un resultado completo, pero lo que me comentan en la Fiscalía es que no hay investigaciones”, cuenta la señora Blanca Jiménez. 

Además, menciona que en la carpeta de investigación, con base en las pruebas periciales y características del hallazgo del cuerpo, sólo consignaron “lesiones”, sin especificar el tipo ni añadir que su hija posiblemente fue violada, por lo que con esto, cree, minimizan la violencia ejercida por el agresor.

“Él le jaloneaba a los niños cuando se enojaba, no le daba dinero, la insultaba, y eso está ingresado a la carpeta, pero ni aun así procedió nada”, dice, incrédula de la dilación de la justicia, pero más de cómo se ignoró la evidencia.  

Después de tanto exigir, la licenciada que inició la carpeta, le hizo una confesión a la señora Jiménez: “la carpeta de investigación se inició mal”. No le explicaron más, pero fue la justificación dada ante el retraso del caso. 

Blanca Jiménez también sospecha que Isaac tuvo ayuda de un abogado “bien parado con el gobierno”, y que así fue como evitó ser detenido. 

“En el momento, yo no tenía cabeza para pensar por qué no lo detuvieron, por qué no le hicieron exámenes de toxicología, pues estaba alcoholizado [el día del feminicidio]. Ahora sí que todo salió a su favor. Tan es así que el cuerpo se lo entregaron a él”.  

 Lo único que pide la familia de Jennyfer, es justicia.

“Yo les pediría a las autoridades que analicen bien lo que es la carpeta, son muchas contradicciones… no pueden hacerse los que no ven por el tipo de lesiones que tenía mi hija. Yo les pido eso: que le hagan justicia”.

Las fallas del Estado permiten la libertad de los feminicidas

El caso de Jennyfer no es el único en el que las posibles omisiones e inacción de las autoridades mantienen feminicidas en las calles. Cuatro años estuvo prófugo Clotilde Manuel E. T., capitán en la Décimo Octava Zona Militar, desde que mató a balazos, frente a sus tres hijos, a Jessica González Mandujano, quien había sido su pareja.

El feminicidio ocurrió el 14 de agosto de 2014; sin embargo, desde finales de 2013 Jessica había denunciado violencia familiar en contra del miembro de las fuerzas armadas, como consta en la recomendación R-GV-0001-17 de la Comisión estatal de Derechos Humanos (CDHEH).  

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Por la violencia contra Jessica, el militar fue detenido en mayo de 2014, pero a los dos días pagó una fianza y obtuvo su libertad. El Juez penal de Tulancingo giró una orden de restricción, pero Jessica desconocía por cuánto tiempo era, ya que nunca se la entregaron, porque la agente del Ministerio Público (MP) siempre le dijo que regresara otro día. Pese a la orden de restricción, el 15 de junio de 2014 Clotilde Manuel se metió a la casa donde ella vivía en Tulancingo y la agredió nuevamente.

La familia presentó otra denuncia en el Ministerio Público de Tulancingo por las lesiones, pero sufrió dos agresiones más; en una de estas la golpeó, la violó y le pegó con una pistola.

A pesar de todos los procedimientos iniciados ante el MP, el militar no fue detenido. Todas las instituciones encargadas de protegerla la abandonaron y así, meses después, fue asesinada.  

Los errores repetidos

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Fotografía intervenida de la campaña virtual contra los feminicidios “Quisiera ser monumento para que se indignen si me tocan”, de Aquelarre Cihuacóatl, Colectiva Feminista de Hidalgo

En el caso de Jessica González Mandujano, el juez que no otorgó las medidas de protección fue Porfirio Austria Espinosa, tío de Carolina Viggiano Autria, actual secretaria del CEN del PRI. 

En la recomendación R-VG-0001-17, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) expuso que el juez condicionó el otorgamiento de la orden de aprehensión contra el militar al pedir la comparecencia de la víctima, quien se encontraba en riesgo de ser ubicada por su victimario, para “presumir la autenticidad de lo que el agente del MP suponía”; es decir, el peligro que Jessica corría.

Su omisión derivó en el feminicidio de la joven. Austria, además, estuvo a cargo de valorar las pruebas del feminicidio de Ana Itzel Escamilla Téllez, una menor de 14 años, ocurrido el 19 de mayo de 2014. Ella fue reportada como desaparecida el mismo día que, de acuerdo con el informe de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, fue asesinada.

Juan Carlos E.R., padre de Ana Itzel, fue detenido el 23 de junio por ultrajes a la autoridad y después presentado por el gobierno de Hidalgo como el responsable del feminicidio de la menor. De acuerdo con la versión oficial, Ana Itzel fue asesinada en su casa, en el municipio de San Agustín Tlaxiaca, trasladada en una motocicleta a un baldío y ahí sepultada.

Tras ganar un amparo federal, el supuesto culpable fue liberado por irregularidades en el proceso el 15 de junio de 2016, tras dos años en prisión. 

En la resolución por la que Juan Carlos fue liberado, el juez quinto de distrito del centro auxiliar de la Novena Región con sede en Zacatecas donde fue radicado el expediente, expuso que el juez Porfirio Austria “incurrió en una ilegal motivación al realizar el análisis” de pruebas y fincar cargos contra Juan Carlos E.R. 

El parte policial al que dio crédito, afirmó, carecía de verosimilitud, porque no era posible el traslado del cuerpo sin vida en la motocicleta que supuestamente fue usada. La confesión, acusó el padre de Ana Itzel, fue obtenida mediante supuesta tortura. 

Seis años más tarde, en este caso tampoco hay responsable. 

Estas historias son la punta del iceberg. 124 carpetas de investigación por feminicidio se han iniciado por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH), desde la tipificación de este delito, el 26 de marzo de 2013. Mientras que la asociación civil Seiinac ha contabilizado 292 casos de feminicidio, en el mismo lapso de tiempo. 

El pasado cambia

El homicidio de Elda Ordaz García fue uno de los siete ocurridos en Tula –a 19 kilómetros de Tepeji– entre noviembre de 2012 y enero de 2013, periodo del gobernador Francisco Olvera Ruiz, que motivó al Congreso de Hidalgo a tipificar el feminicidio, después de una primera negativa en el debate público del partido mayoritario, el PRI. 

Estos homicidios (así fueron juzgados dada la ausencia de una figura jurídica para el asesinato de mujeres a manos de hombres por machismo o misoginia) en la segunda sección del Llano, en Tula, generaron protestas sociales que comprometieron a las autoridades a tipificar como delito el feminicidio y solicitar resguardo militar en el municipio.

El primer homicidio ocurrió el 10 de junio de 2012, atrás de los quemadores de la Refinería Miguel Hidalgo, por el que se abrió la averiguación previa 16/III/1578/2012. Tres meses después, el 20 de septiembre, ocurrió en la segunda sección del Llano y se inició la averiguación 16/III/2510/2012.

El 28 de noviembre de 2012, detrás de la agencia automotriz Chrysler, y el 20 de diciembre atrás de los quemadores de la Refinería, también se encontraron dos cuerpos de mujeres, uno en cada punto, con signos de violencia (averiguaciones 16/III/2852/2012 y 16/III/3360/2012).

La entonces Fiscal Especializada para la Atención de Delitos de Género, María Concepción Hernández Aragón, actual directora del Instituto Hidalguense de las Mujeres, declaró en ese momento que no pensaban en un homicida serial.

En enero de 2013 se reportaron tres asesinatos violentos de mujeres más, los días 7, 24 y 25 de enero, por lo que la PGJEH inició las averiguaciones previas 16/III/057/2013, 16/II/210/2013 y 16/III/217/2013, respectivamente.

Los sentenciados por esos siete homicidios contra mujeres, fueron Omar Gregorio NR y Constantino DT (este último, incluido sólo en tres de los siete casos), según el trabajo realizado por la Secretaría de Seguridad Pública, entonces a cargo de Damián Canales Mena.

Sin embargo, por una confesional contradictoria y obtenida mediante arraigo, proceso declarado inconstitucional, Omar y Constantino fueron liberados en dos de las siete causas penales.  Esto significa que, si eran los responsables, dos víctimas se quedaron sin justicia por las irregularidades en el proceso, y, si no lo eran, los verdaderos agresores están libres. En cualquier caso, hay impunidad, planteó en su momento el abogado a cargo de su caso, Adolfo Estrada Díaz.

Los sentenciados por los delitos de homicidio y asalto equiparado contra las siete mujeres de Tula fueron recluidos el 1 de febrero de 2013. No obstante, debido a que la prueba en todos los casos es la confesión en una casa de arraigo ubicada en calle Nardo, colonia Santa Julia de Pachuca, cinco días después de ser detenidos, el abogado estima que el fallo será el mismo: libertad en cada uno, lo que anulará la justicia que, según las autoridades, habían logrado por las víctimas. 

 

Foto de portada: fotografía intervenida de la campaña virtual contra los feminicidios “Quisiera ser monumento para que se indignen si me tocan”, de Aquelarre Cihuacóatl, Colectiva Feminista de Hidalgo

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