Fabiola Chambi | CONNECTAS

En Bolivia cada día trae su propio lío. Agosto en particular fue el mes donde se encontrarían dos picos: el de la confrontación política, y el crecimiento desmedido de los contagios y las muertes por la COVID. Y aunque se esperaba superar este momento, la crisis continúa. La tensión política pareciera eclipsar los relatos de ciudadanos muertos en las calles, abandonados a su suerte y entregados al virus sin medidas suficientes de protección.

Sin importar las consignas de quedarse en casa o mantener la distancia para contener la propagación de la COVID-19, Bolivia regresó a su “vieja normalidad”. Aquella de finales de 2019, donde multitudes enfurecidas se tomaron las calles tras la anulación de las elecciones generales por denuncias de fraude electoral.

Bloqueos en las carreteras protagonizados por la Central Obrera Boliviana (COB) y organizaciones afines al partido del expresidente Evo Morales exigiendo una fecha inamovible de elecciones impidieron por casi dos semanas la provisión de alimentos, oxígeno y otros suministros médicos destinados a hospitales públicos y privados. “Bebés prematuros necesitan oxígeno”, “En 72 horas se agotarán las reservas de oxígeno”, “Hospital en emergencia por falta de oxígeno”, fueron los titulares que se difundieron en los medios durante los últimos días, alertando la extrema emergencia.

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El balance del Gobierno fue de unas 40 personas fallecidas por falta de oxígeno, aunque los movilizados negaron, en todo momento, que hayan obstaculizado el paso a equipos e insumos médicos. La crisis desatada al final llegó a todos. El domingo 16 de agosto se conoció la muerte por coronavirus de Esther Morales Ayma, hermana de Evo Morales. No falleció específicamente por la falta de oxígeno medicinal; era enferma renal y su caso se complicó por la covid-19. Sin embargo, por la carencia de este insumo en los hospitales de la ciudad de Oruro, como en muchas otras partes del país, no pudo ser internada rápidamente en una de las escasas Unidad de Terapia Intensiva (UTI).

Las acusaciones entre oficialismo y oposición no daban tregua, entre quienes defendían “su legítimo derecho a la protesta” y quienes los tildaban de atentar contra la vida. Con la promulgación de una ley que dispone la fecha de elecciones el 18 de octubre como día “definitivo, inamovible e impostergable”, se buscaba la cordura. Pero solo logró una pausa al conflicto.

La tensión política persiste, sin importar que el Gobierno asegure que logró una “segunda pacificación del país”. Aunque la ley que fija las elecciones generales hasta el 18 de octubre apaciguó los caldeados ánimos, una nueva pulseta se da ahora en torno a un proyecto de ley que busca proteger a dirigentes y personas que impulsaron los bloqueos en las carreteras del país argumentando su “legítimo derecho a la protesta”. Esta propuesta es fuertemente cuestionada por el oficialismo que indica se cometieron delitos en estas jornadas de presión social.

Un tira y afloje de nunca acabar. Por un lado el mensaje de Morales, asilado en Argentina, contra el Gobierno interino de la presidenta Jeanine Áñez contundente y sin ambigüedades: persecución política. De otro, la mandataria interina y también candidata, vista con desconfianza por su apego al poder, luego de anunciar que asumiría el encargo de la transición sin mayores ambiciones, pero que al final incluyó su nombre en la baraja de candidatos a la Presidencia.

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*Foto de portada: mujeres bolivianas / Foto: Pxfuel