Existe una frase que Galilea Cariño Cepeda, ex directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (Idhie) de la Ibero Puebla, se repite constantemente: “La tierra no es de nosotros, nosotros somos la tierra”. La aprendió hace algunos años en la región de Huayacocotla, Veracruz, y para ella, sintetiza perfectamente el trabajo del Idhie: “No es por nosotros, es por todas las personas”.

Entre otras actividades previstas para 2020, la pandemia por COVID-19 pausó las celebraciones por el décimo aniversario del instituto, que se ha convertido con el paso de los años no sólo en un referente para la entidad, sino para toda la región sur-sureste del país, por su sólido trabajo de investigación en temas de seguridad, justicia, género y migración, así como por su acompañamiento a actores del movimiento de derechos humanos: defensores del territorio, familiares de desaparecidos, y víctimas indirectas de feminicidio. 

En atención a esa larga trayectoria, LADO B conversó con una de sus fundadoras, Galilea Cariño; su actual directora, Rosario Arrambide González; y el rector de la universidad, Mario Patrón Sánchez.

Llamar a las cosas por su nombre

Foto: Cortesía

El Idhie fue creado, recuerda Galilea, en medio de un contexto político adverso, caracterizado por la exclusión e invisibilización de las víctimas. Los casos de violencia de género, trata de personas o los homicidios dolosos en contra de mujeres, todas estas graves violaciones a los derechos humanos, eran vistos como casos aislados y no como resultado de una violencia más bien estructural y sistemática. 

Era el final del gobierno de Mario Marín, quien había consolidado un esquema centralizado y autoritario del ejercicio del poder, sin contrapesos institucionales. “Bajo ese panorama era muy complejo tener una lectura de lo que estaba pasando [qué violaciones se estaban cometiendo, en dónde y con qué frecuencia]”, dice la ex directora del Idhie. 

También puedes leer: Recuento a dos años de la desaparición de Sergio Rivera Hernández, defensor del territorio

A pesar que desde entonces comenzaron a funcionar algunos programas aislados al interior del Idhie –de género, interculturalidad, tráfico y trata de personas–, no fue sino hasta 2014-2015, al arrancar un proceso de fortalecimiento institucional, que éste se fue transformando en lo que es hoy en día: un espacio de reflexión y diálogo en torno a las violaciones de derechos humanos, pero también de incidencia en la realidad.

En 2017, luego de dos años de extensa investigación, se publicaron los seis volúmenes del diagnóstico local de derechos humanos, al que dieron por título “Derechos Humanos en el estado de Puebla. Su progresividad a partir de los procesos históricos y contextos actuales”. A propósito del diagnóstico, un parteaguas para el trabajo del Idhie, Galilea Cariño comenta: 

“A diferencia de los informes oficiales, lo que teníamos era un informe cualitativo que nos daba un análisis puntual de lo que estaba pasando en muchas regiones del estado […] ya no sólo era el dato oficial, también estaban las necesidades –y las voces– muy sentidas de muchas personas viviendo distintas problemáticas de forma cotidiana”.

Se identificó, por ejemplo, que no existía un movimiento unificado de derechos humanos en el estado, es decir, si bien algunos temas, causas y organizaciones tenían eco en medios de comunicación locales, faltaba entender estos casos en un contexto más amplio, de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, ya fuera por acción u omisión de las autoridades estatales.. 

Así, trabajando de cerca con comunidades, actores sociales, víctimas, colectivos, organizaciones y organismos internacionales –como Naciones Unidas o la Comisión Interamericana–, explica la ex directora del Idhie, es como finalmente comenzó a ubicarse a Puebla como una entidad que sí violentaba derechos humanos. “No era leído de esa manera hasta hace algunos años”, dice.

De la reflexión a la acción

De la reflexión a la acción es el título de la agenda institucional que presentó la Ibero Puebla en agosto de 2019, con motivo de la llegada del gobierno de Miguel Barbosa Huerta. En esta se plantean 14 puntos que, en gran medida, forman parte de los ejes temáticos sobre los que trabaja el Idhie. Dos de ellos: violencia e inseguridad (punto 4), y género e igualdad (punto 10), se han traducido incluso en estrategias de vinculación con actores sociales y de incidencia política desde el instituto.

Como resultado del acompañamiento a los colectivos de familiares que buscan a sus seres queridos, explica la directora Rosario Arrambide, se redactó una iniciativa de ley en materia de desaparición, misma que ya fue presentada ante el Congreso del Estado en julio de este año, y que está próxima a entrar a discusión en comisiones para después ser votada en el pleno; a pesar de que existe una Ley General desde 2018, el Legislativo había aplazado su armonización. 

Te recomendamos leer: “Pintaremos lo que tengamos que pintar hasta que nos dejen de matar”

Otro de los temas que se ha intentado visibilizar desde el Idhie, relata, es la violencia de género, específicamente la que se manifiesta a través de los feminicidios. Hace un par de semanas, su Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG) presentó su Informe de probables feminicidios en 2019; sin embargo, fue desde inicios de este año que el Observatorio, que comenzó como un programa independiente dentro de la universidad, se reestructuró, con la implementación de una plaza de tiempo completo que permitiera hablar de otros temas. 

Además de dar seguimiento a feminicidios y crímenes de odio, el OVSG trabajará desde ahora temas en torno a la trata de personas, desaparición forzada, así como otras categorías de violencia de género: violencia sexual y violencia obstétrica.

“La misma realidad va llevando el trabajo del instituto”, dice Rosario Arrambide, quien ve en estos dos ejemplos un reflejo del agravamiento de las violaciones a los derechos humanos en la entidad, la ausencia del estado para atenderlas oportunamente, y la impunidad que caracteriza especialmente a este tipo de casos. 

Ir a las fronteras, con los descartados del mundo

Foto: Cortesía

La creación del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, en marzo de 2010, asegura el rector Mario Patrón, no fue gratuita; respondió más bien a una perspectiva orientadora de la Compañía de Jesús, particularmente de las experiencias sociales y políticas de esta congregación religiosa en América Latina –específicamente en Centroamérica–, durante la segunda mitad del siglo pasado. 

Los derechos humanos, como una nueva narrativa emancipadora, de liberación, llegan a nuestro país hacia los años ochenta, y desde entonces comienzan a construirse centros, institutos y programas de derechos humanos por todo el país. 

Uno de ellos, gestado al interior de lo que hoy se conoce como el Sistema Universitario Jesuita –al que pertenece la Ibero–, fue el Idhie, quien incluso tomó como principio fundacional el pensamiento del filósofo, escritor y teólogo español-salvadoreño Ignacio Ellacuría, asesinado por militares durante la guerra civil de El Salvador. 

Ignacio Ellacuria decía que las universidades debían hacerse cargo de la realidad, asumiendo un compromiso de transformación. Y es por eso, asegura el rector, que “[el Idhie es hoy en día] un actor relevante que se ha ido ganando un espacio como referente técnico en las discusiones del debate público, pero también como un referente legítimo frente a las víctimas y frente a las personas que reivindican sus derechos”.

A mediados del año pasado, el padre general de la Compañía de Jesús, Arturo Sosa, emitió un documento que lleva por nombre Las preferencias apostólicas universales de la Compañía de Jesús, 2019-2029. “Caminar junto a los pobres, los descartados del mundo y los vulnerados en su dignidad”, es una de estas preferencias, a la que Sosa incluso identifica como una misión de reconciliación y justicia.

Te podría interesar: Deportaciones: la realidad de quienes son forzados a regresar

El Idhie, en ese sentido, es más que un reservorio de análisis académicos sólidos y profundos, dice Mario Patrón, es la manifestación de una vocación clara e histórica, la de “caminar con el México adolorido”.

“En este México adolorido, violento, ensangrentado tan sólo nos queda el gran ejemplo de las víctimas, que se organizan y exigen sus derechos […] Lo que nosotros estamos intentando es generar más capacidades institucionales para acompañarles […] poner nuestra capacidad universitaria al servicio de estas personas”, comenta, refiriéndose en especial al caso de acompañamiento y fortalecimiento de los colectivos de familiares de personas desaparecidas.

El reto de resignificarse con la pandemia

Con la Alerta de Violencia de Género, recuerda la ex directora Galilea Cariño, el Observatorio de Violencia Social y de Género adquirió un rol preponderante, que derivó incluso en una reestructuración interna. 

“No dudo que ahora también, con la [pandemia por] COVID-19, se tenga que pensar en reestructurar [el Instituto]”, dijo, en alusión a que los derechos humanos, como otras esferas de la vida pública y privada, responden a las condiciones cambiantes del entorno, un contexto particularmente hostil para aquellos que han padecido históricamente de discriminación, racismo, pobreza, desigualdad, violencia y marginación.

Si el objetivo del Idhie, siguiendo Las preferencias apostólicas de la Compañía de Jesús, es caminar junto a los más vulnerables, las 12 personas que trabajan de tiempo completo en el instituto tienen ahora que prestar especial atención, con motivo de la pandemia, a las personas privadas de su libertad, a las personas migrantes, a las poblaciones campesinas e indígenas y a las mujeres que sufren de violencia de género asociada al confinamiento.

“Se trata, como dice el rector [Mario Patrón], de colocar en el centro a las víctimas”, sostiene la directora Rosario Arrambide.