Cada vez que la periodista Reyna Haydee Ramírez cuestiona al presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera deja sus redes sociales por unos días. Lo hace, explica, por su salud mental.
El 22 de mayo, cuando Reyna Ramírez criticó la postura de AMLO a favor de Sanjuana Martínez en el caso Notimex, fue una ocasión distinta: los mensajes en su contra se volvieron más violentos y hasta llegaron a amenazarla. Pero este sólo es uno de los tantos casos de odio en las redes contra la prensa que se han presentado en este sexenio.
Precisamente en el reportaje que documenta el caso Notimex se demuestra cómo hay estrategias coordinadas para agredir o desprestigiar a periodistas que, por criticar al régimen político actual, son considerados como “adversarios”. En este caso en particular, de acuerdo con las investigaciones antes referidas, es la agencia de noticias del Estado mexicano la que promueve los ataques.
Ana Cristina Ruelas, directora de la oficina regional de Artículo 19 para México y Centroamérica, explicó en el seminario online titulado ¿Existen vacunas para el odio en las redes?, realizado el 23 de junio, que lo que se ve en el espacio virtual es un reflejo de lo que pasa en el mundo físico: los discursos discriminatorios, estigmatizantes o violentos son una prueba de las polarizaciones existentes en un país.
En dicho seminario convocado por el Colegio de México, en el que además participaron el Coordinador Creativo de Signa Lab, Víctor Hugo Ábrego; el académico Sergio Aguayo; y el ex Ministro José Ramón Cossío, Ruelas explicó que en el caso Notimex se trata de una forma de hostigamiento, en el que el discurso violento y estigmatizante en redes sociales nace de las violencias laborales y económicas que se ejercen contra periodistas en el mundo físico.
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Lo que se busca con las agresiones virtuales, aseguró, es la “muerte social” del o la periodista, alejarle de sus audiencias y crearle una mala imagen.
“La mayor fuente de protección que tiene un periodista, ante el desamparo total del Estado, ante la falta de mecanismos reales de protección, es la audiencia. La audiencia le sube el costo político al Estado cuando ataca a un periodista. Lo que buscan las agresiones en redes sociales es romper ese escudo protector”.
Aunque, como señaló Sergio Aguayo, los discursos de odio en redes sociales afectan por igual a políticos, académicos, funcionarios y defensores de derechos humanos: “Por todos lados aparece el odio”.
Para José Ramón Cossío las “vacunas” dependen de la situación. Por ejemplo, si se tiene la certeza de que la cuenta de la que proviene el mensaje de odio pertenece a una personas con una identidad clara (es decir, una cuenta que no es anónima o fake), en su opinión, la persona afectada podría seguir los procesos jurídicos ordinarios.
Pero aún quedaría comprobar que efectivamente la persona dueña de la cuenta hizo la publicación, lo que complicaría el proceso, pues, como contó Sergio Aguayo, se requiere de la participación de las autoridades judiciales, ya que sólo en esos casos las plataformas brindan la información necesaria para que se llegue a una conclusión. Y aún con los datos necesarios, lamentó el académico, las autoridades pueden llegar a ser negligentes.
Por otro lado, si el emisor es desconocido, la única alternativa de acción, indicó Cossío, es solicitar a la plataforma que sancione a la cuenta. Aunque sustancialmente no es una solución, pues el problema podría continuar desde otras cuentas.
El ex ministro expresó que como este campo es relativamente nuevo, aún no existe lo suficiente para tener un reglamento adecuado, legalmente hablando, pero, enfatizó, es un camino que se tiene que transitar.
En ese sentido, Ana Cristina advirtió que regular el espacio también puede traer consecuencias negativas si se hace descuidadamente, como caer en la censura, y por consecuencia, perder esta libertad en la red, que aunque en parte permite el discurso de odio, también ha funcionado como un medio en el que se pueden exponer algunas injusticias sociales, como en el caso del #MeToo, en el que mujeres denunciaron abusos sexuales de hombres de diversos sectores como el artístico o el periodístico.
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Ruelas manifestó que las redes sociales aportarían más a la solución si fueran más transparentes con sus criterios de moderación de contenidos e impulsaran la creación consejos reguladores internos que evitaran de mejor forma la discriminación y los discursos de odio.
Por su parte, Víctor Hugo Ábrego, apeló por la respuesta colectiva de usuarios. Como en el caso del feminicidio de Ingrid Escamilla, cuando usuarias publicaron fotos de paisajes o que aludían a la vida para evitar que, cuando se buscara información sobre el tema, aparecieran imágenes que revictimizaban a Ingrid, enviando así un mensaje de reivindicación y de «restitución de la dignidad de la persona».
*Foto de portada: Gobierno de México
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